El gobierno del panista Miguel Márquez Márquez en Guanajuato parece haber escogido con mucho cuidado el momento de dar a conocer la que quizá sea la inversión más cuantiosa en materia de seguridad con un solo proveedor: el proyecto Escudo de videovigilancia, con un importe sexenal de 2 mil setecientos millones de pesos.
El sopor del fin de año ha impedido que se abra un debate de la magnitud que sería de esperarse ante el monto de la asignación, el hecho de haber sido decidida fuera de licitación pública, ni siquiera restringida; y la llamativa decisión de amarrar todo el contrato con una sola empresa, que apenas tiene 17 años de antigüedad en el mercado, lo que no es mucho tratándose de temas tan delicados.
Se trata de una cantidad exorbitante, por donde se le vea. El presupuesto de Guanajuato no llega a los 48 mil millones de pesos anuales; con la inversión federal directa en obras y servicios llega a los 55 mil millones, aproximadamente, lo que hace que la inversión que irá directo a las arcas de la empresa Seguritech, proveedora de esta tecnología, venga a significar un cinco por ciento del gasto público estatal y federal en Guanajuato.
Se ha argumentado que por motivos de seguridad no se puede ahondar en los detalles del contrato. Inicialmente ni siquiera se quería dar a conocer el nombre de la empresa beneficiada, situación corregida por el propio Márquez ante las dudas iniciales de su secretario de Seguridad.
Desde luego, sería un absurdo pretender conocer el detalle del plan de seguridad, así como sus esquemas de funcionamiento y de logística. Sin embargo, sería perfectamente factible que se informara el detalle del gasto, el aspecto administrativo en sí, lo que no afectaría la operación ni le daría ventajas a la delincuencia organizada, lo que constituye el principal argumento para la opacidad.
Por ejemplo, se ha informado que se instalarán alrededor de 3 mil cámaras de diversas características y poco menos de 400 lectores de identificación por radiofrecuencia, además de 92 arcos de detección.
Si hacemos una operación simplista, un prorrateo sin mayor ciencia sólo para darnos una idea general, resulta que cada uno de estos 3 mil 500 aparatos más sus mecanismos de telecomunicación, su cableado y sus pantallas de monitoreo, tendrían un costo unitario superior ¡a los 750 mil pesos!
Imagínese usted lector, que colocar un sistema de vigilancia en su casa le significara estos costos: una cámara, un lector de radiofrecuencia, un arco y una pantalla por tres cuartos de millón de pesos, resulta algo oneroso.
Pero, además, si el Estado se encuentra comprando tecnología al mayoreo, con un compromiso por adelantado de seis años y sin hacer batallar al proveedor con el engorroso procedimiento de una licitación pública, debería haber algún tipo de ahorro.
Naturalmente, habrá quien señale de inmediato, sobre todo desde las instancias oficiales, que las que se hacen aquí son como las cuentas de la lechera, totalmente imaginarias y sin nada que ver con la realidad.
Seguramente, pero es lo poco que puede hacerse con la escasa información que el gobierno ha decidido poner al alcance de los ciudadanos.
Sería muy sano tener una idea exacta de qué es lo que se está pagando con los recursos públicos de los guanajuatenses, así como de cuál es el compromiso que se adquiere en relación con las mediciones en el terreno de la seguridad pública.
Pedirle a una sociedad que ha visto como sus representantes públicos rompen sus promesas una y otra vez, con los más disímbolos pretextos, que simplemente confíe, es demasiado pedir. Máxime de parte de un gobierno que llegó haciendo del mea culpa y de la contrición su principal bandera.
@arnoldocuellaro