¿Diez años sin cobrar derechos municipales? ¿87 millones extraviados y a nadie le preocupa? La ciudad de Guanajuato bajo el PRI se ha convertido en pasto de un saqueo continuado y desvergonzado.

Ha sido de una precisión casi poética la definición que acuñó el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, inspirados por el académico y político Carlos Arce Macías: los ayuntamientos, unos más que otros, están convertidos en gobiernos-botín.

El concepto define administraciones que colocan en ultimo término la toma de decisiones para beneficiar a los ciudadanos o resolver problemas ingentes, a fin de darle prioridad a los “negocios”, a las “movidas”, a lo que puede dejar utilidad vía contratos, “moches” o comisiones fuera de la ley, hasta ahora difíciles de rastrear, ante la ausencia del SAT en el entramado de los sistemas anticorrupción.

Es evidente que en la administración encabezada por Edgar Castro en Guanajuato capital no hay voluntad para investigar por qué se ha permitido el usufructo de la vía pública a varias empresas de comunicaciones por cable, sin cobrar los derechos que la ley le permite ingresar al municipio. A dos de ellas se les mantiene en procedimiento de cobranza, ante el que se han amparado; pero a la de más antigüedad y de adeudo más cuantioso, sencillamente ni siquiera se le ha cobrado.

¿Es un olvido, como lo quiere hacer aparecer el alcalde? Evidentemente no. Es imposible olvidar que en ese sistema de cable se transmite un canal de televisión cuyos espacios noticiosos se han convertido en el vertedero de los desechos de la política municipal. Curiosamente, varios de los regidores y de los funcionarios cercanos al alcalde, suelen departir con el empresario responsable de ese canal e intercambiar mensajes en un grupo de WhatsApp proclive a la sordidez y al sectarismo machista.

Entonces, ¿es posible olvidar que ese omnipresente factótum de de la vida política local sencillamente no paga los derechos obligatorios al municipio, donde además se le contrata publicidad sin medida y se le favorece con contratos de proveeduría y espacios en la nómina para su familia?

No hay manera. Es más sencillo deducir que se trata del típico capitalismo de compadres, donde los negocios prosperan en estrecha relación con el poder político, a la vez que este también obtiene dividendos económicos de los favores que hace.

Pero, adicionalmente, al tratarse de un medio de comunicación con cierta influencia, el negocio se vuelve doblemente rentable para los políticos, pues el compadrazgo redunda en autocensura del medio para referirse a los temas conflictivos para los servidores públicos afines a la vez que se maximizan los ataques (imposible llamarlos críticas) a los adversarios políticos.

Ahora que esta red de complicidades se pone en evidencia a través de otros medios de comunicación ( no todos por cierto: para la prensa tradicional no parece haber noticia en el hecho de que un municipio haya dejado de cobrar casi 100 millones de pesos por negligencia dolosa o culposa), los responsables de la política en el municipio capitalino se enredan en la falta de explicaciones, tratan de culparse unos a otros y al final nadie asume la responsabilidad de investigar.

Cuando eso ocurre es evidente que las decisiones de protección a la situación irregular parten del más alto nivel, del propio presidente municipal, quien cubrirá a sus colaboradores en sus responsabilidades legales o tratará de hacerlo en la medida de sus posibilidades, a cambio de que no lo delaten.

Como la protección a Jorge Antonio Rodríguez Medrano, el empresario televisivo que ha orquestado toda la trama de complicidades, tráfico de influencia y venta de protección se extiende no solo al municipio sino también al Sistema de Agua Potable, enfrentado por cierto a la construcción de una presa frenada por la insuficiencia de gestión, es posible adivinar complicidades mayores, como la del jefe del grupo político al que rinden cuentas tanto Edgar Castro como el presidente del consejo de Simapag, Juan Sebastián Ávila: el ex legislador y hoy embajador Francisco Arroyo Vieyra, quien no deja de hacer política local desde el Cono sur del continente.

La corrupción que abruma al país no solo se encuentra en las grandes esferas y en las transacciones multimillonarias.

La incapacidad de los políticos para atender una agenda decente de servicio público sin estar pensando en el enriquecimiento a rajatabla propicia la proliferación de conductas abusivas, antiéticas e ilegales en la gran mayoría de los pequeños puestos de poder de los municipios.

Como no pasa nada a ningún nivel, la impunidad se ha convertido en el mejor estímulo para que la corrupción se vuelva la normalidad de la política y la honestidad esté convertida en una verdadera excentricidad.

Hoy, gracias a la decisión de un grupo de activistas y periodistas que decidieron abandonar la comodidad de las redacciones para ir a las ventanillas a afrontar la parafernalia burocrática que tanto desalienta la construcción de una cultura de la denuncia, este caso podrá ser investigado hasta sus últimas ramificaciones, si es que no empieza a moverse el pacto de impunidad, que trasciende a partidos y que todo lo pervierte.

Por lo pronto, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ha decidido abrir caso y solicitar informes para revisar la posibilidad de una auditoría, mientras que los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción han mostrado su voluntad de permanecer al tanto del tema y observar su desarrollo en las diferentes instancias.

Valdrá la pena saber qué resulta de esto.