Involucrados en conductas presuntamente ilegales, Pedro González y Leonardo Lino, presidente y director de Sapal, deslegitiman a la administración que debe resolver el enorme reto de garantizar el abasto de agua a la ciudad para las próximas dos décadas.

Impulsado por Bárbara Botello como consejero y presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, y ratificado en el mismo cargo por Héctor López Santillana, el empresario del calzado Pedro González García ha llevado al organismo paramunicipal más grande del estado a su más profunda crisis de desempeño y credibilidad.

En sentido contrario a la idea original de la participación ciudadana como factor de vigilancia de la buena aplicación de recursos públicos, González García marcó su gestión por haber utilizado su cargo para beneficiarse personalmente al destinar recursos de un programa de subsidios para usuarios del medio rural a dotar de drenaje a un fraccionamiento en donde ostenta a propiedad de varios lotes, en conjunto con miembros de su familia.

Con una ingenuidad que dista mucho de la buena fe, el empresario zapatero empeñó su credibilidad y la del consejo que preside por un beneficio de algunos centenares de miles de pesos que muy bien pudo haber cubierto sin merma de su patrimonio.

Sin embargo, al igual que tantos políticos con los que ahora comparte desprestigio y repudio social, decidió aprovechar la oportunidad y beneficiarse de su toma de decisiones al frente de un organismo público y con recursos del erario.

La situación, sin embargo, permanece impune. El alcalde panista Héctor López Santillana, probablemente en nombre de la amistad y de la solidaridad gremial, puesto que también ha sido ejecutivo en el sector zapatero, decidió lavarse las manos como Poncio Pilatos y mandar el caso al nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Contra el eslogan de su administración, en este caso López Santillana no fue honesto ni dio resultados.

Y como dicen esos mismos políticos que tratan de justificar la violencia y la criminalidad que nos invaden, la impunidad rindió frutos: ahora de nuevo Sapal se ve envuelto en otro escándalo que involucra pérdida de recursos públicos y negligencia para hacer cumplir la ley y cuidar el recurso hídrico de la ciudad.

Leonardo Lino Briones, el director de Sapal que impuso Pedro González a ciencia y paciencia del resto del Consejo y del propio Ayuntamiento, omitió realizar una investigación y poner en conocimiento del órgano de gobierno de la paramunicipal la existencia de una toma clandestina de agua que podría tener años de funcionar con la complicidad de personal del Sistema, en el fraccionamiento Gran Jardín, del que el propio Lino fue empleado.

La toma clandestina que implica un vil y vulgar robo de agua en una ciudad que padece escasez del líquido, fue descubierta hace meses y en lugar de iniciar una investigación, dar parte al ministerio público y a los órganos fiscalizadores del municipio y el estado, fue mantenida en secreto por Lino, Pedro González y algunos miembros del Consejo.

Así, la presencia de ciudadanos al frente de una entidad que realiza una de las funciones vitales para la comunidad no solo no ha servido para establecer mejores prácticas y cuidar los recursos de todos los leoneses, sino que ha operado en sentido contrario.

El colmo ha sido que, de acuerdo a su dicho, el propio alcalde ha sido mantenido al margen de la situación, traicionando con ello la confianza que deposito en el actual presidente del Consejo y el respaldo a su determinación de colocar a un incondicional al frente del Sistema de Agua.

Esto ocurre, además, en momentos en que se debate la suerte futura del recurso hídrico para la ciudad, cuando el mega proyecto de El Zapotillo ha estallado ante la ruinosa incompetencia del gobierno federal, el fraude perpetrado por el contratista que debía construir el acueducto y la decidida oposición de habitantes de la zona y de grupos políticos del vecino estado de Jalisco a que se realice un trasvase entre cuencas.

Sapal se ha auto propuesto para hacerse cargo de la construcción del acueducto, sin embargo, la gestión de la actual administración del organismo, con los ejemplos ya reseñados, no permiten confiar en esa posibilidad.

Tanto Pedro González como Leonardo Lino han incurrido en conductas que los hacen poco confiables para e actual ayuntamiento y para la ciudad de León.  Sus fallas incluso incurren en responsabilidades de tipo penal que no han sido sancionadas solo por decisión política del alcalde Héctor López Santillana, un político que se ha mostrado tibio y omiso para enfrentar problemas en su administración.

Eso podría acabar con la llegada de Luis Ernesto Ayala al interinato que está por resolverse. Hay que recordar que el ex alcalde y actual síndico ya fue contralor del estado y que llegó al extremo de renunciarle al exgobernador Juan Manuel Oliva cuando este trató de mediatizar sus decisiones como fiscalizador del gobierno.

Por lo pronto, López Santillana se va a pedir el voto de nueva cuenta dejando en entredicho su honestidad y sus resultados. Vaya forma de empezar campaña.