No escapa Guanajuato al fenómeno de la corrupción gubernamental, aunque el tema no aflora como en otras partes del país; sin embargo, una de sus consecuencia, la creciente inseguridad, si puede hacer mella en las preferencias de los votantes.
Son varios los factores por los cuales la elección del 2018 se diferencia de otros momentos importantes en la historia reciente del país y se convierte en un proceso axial para el futuro que nos espera como nación.
Uno de esos elementos es el de la corrupción, combatida hasta ahora solo en el discurso y mediante instituciones que solo aumentan la burocracia pero que no tienen poder alguno para frenarla. La corrupción es sustancial al sistema político y la prueba de ello es como sobrevivió a la alternancia e infectó a todos los partidos que actúan en el escenario nacional.
Guanajuato no escapa a esa situación y la sostiene con sus peculiaridades. Hace seis años fue tema el manejo discrecional y desparpajado con el que Juan Manuel Oliva administró el estado, lo que permitió altos niveles de corrupción en áreas como Obra Pública, el ISSEG y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario.
Oliva alegó siempre que no se benefició personalmente de la corrupción, pero sin duda fue un cómplice destacado por omisión o por encubrimiento. Su paso por el gobierno relajó controles y convirtió la proveeduría pública en un gran negocio para los intermediarios.
Miguel Márquez, que casualmente fue el contralor de Juan Manuel Oliva, tuvo en sus manos todos los mecanismos de la corrupción y, bien por órdenes de su jefe, bien por incapacidad, no solo los dejó pasar sino que se convirtió en un experto en la elusión de los controles gubernamentales.
Ya como candidato, despachó a todos los operadores económicos de Oliva e inventó de la nada al suyo: Rafael Barba Vargas, un oscuro negociante irapuatense emparentado con grandes emprendedores pero que nunca logró amasar una fortuna propia.
Mejor conocido como “el gallo”, Rafael Barba estuvo presente en todas las negociaciones para financiar la campaña de Miguel Márquez y después se convirtió en un poderoso intermediario ante las empresas que prestan servicios o venden bienes al gobierno.
En menos de 4 años Barba reunió un capital que incluso impresionó a sus familiares de abolengo. En Irapuato se cuentan historias al por mayor de ese tema e incluso algunos panistas defensores de Márquez reconocen el activismo corruptor de Barba pero exculpan de ello al gobernador.
No se entendería, sin embargo, tanto poder de “el gallo” ante funcionarios como Juan Ignacio Martín, Arturo Durán, Eusebio Vega, Carlos Zamarripa, sin la venia absoluta y total de parte del propio Márquez. Tampoco se entendería que Barba haya poseído la influencia para hacer secretarios a Ignacio Ortiz Aldana y Fernando Olivera, así como director del ISSEG a Héctor Salgado Banda, si no conformara un tándem con Márquez.
Su desaparición del escenario estatal y su nuevo activismo empresarial en la ciudad de México y como consejero de un importante banco, parecen formar parte de un plan consensado con Márquez para evitar las críticas y hacer olvidar las trapacerías del arranque del sexenio.
Márquez juega con su carisma, que no es producto de un liderazgo moral ni de una eficiencia administrativa o política, sino solo de su simpatía personal, para evadir las críticas que a estas alturas del sexenio ya tenían crucificado a Juan Manuel Oliva.
Sin embargo, al interior del PAN ese bono se encuentra desgastado principalmente por el autoritarismo con el que operó para decidir las candidaturas a los cargos de elección en disputa, terreno donde marginó a su delfín, Diego Sinhue Rodríguez.
El tema de la corrupción no está tan presente en el ánimo del electorado, en parte por la buena prensa de Márquez, alimentada con jugosos contratos publicitarios; en parte por la ineficacia de una oposición que solo lo es de nombre pero que mantiene numerosos vasos comunicantes con el gobernador y sus operadores.
Hay, empero, un punto donde ha hecho crisis el descuido en el trabajo del gobierno, propiciado por la distracción que propicia la corrupción: se trata del tema de la seguridad, que hoy tiene en jaque a prácticamente todo el aparato estatal.
Si bien en Guanajuato la elección de julio aún no tiene el carácter de un plebiscito sobre el tema de la corrupción, como si ocurre a nivel federal, el hartazgo con la violencia y la sensación de inseguridad podrían generar un escenario no visto hasta ahora en las elecciones de la era panista en Guanajuato.
Es temprano para saberlo, pero más vale que permanezcamos atentos.
