Las instituciones públicas de Guanajuato no pasaron la prueba de la equidad de género. Las políticas públicas con las que les gusta adornarse y regodearse a nuestras panistas y católicas autoridades, no pasan de ser hipócritas banderas propagandísticas.

Ayer lunes, la joven Lucero Salcedo volvió a ser victimizada, pero esta vez no por un joven ebrio y frustrado en sus arrebatos, sino por funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato y por una juez del poder Judicial del Estado.

La consignación del Ministerio Público consideró que los hechos solo ameritaban dos presuntos delitos: abusos erótico sexuales (curiosa terminología) y lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Ante ello, la brutal golpiza que conmovió a todos los que pudieron conocer las fotografías que la propia Lucero hizo públicas en redes sociales, así como el esguince cervical que habla de un intento de ahorcamiento, fueron reducidos casi a una travesura.

No sólo eso. La privación de la libertad que significó conducir a Lucero en un vehículo hasta la sierra de Santa Rosa sin su consentimiento, no pasó de ser una anécdota para la fiscalía encargada del caso, esa misma que de acuerdo a la directora del IMUG, Adriana Rodríguez Vizcarra, se encuentra perfectamente sensibilizada en los temas de protección a las víctimas y violencia de género.

La contradicción no puede ser más flagrante: por una parte el peritaje sicológico que se le practicó a Lucero reconoce una afectación sicológica que deberá ser tratada por un terapeuta profesional, para lo cual se impone una sanción económica al agresor, por cierto confeso, pero por otra parte se considera que las lesiones “son leves”.

Es decir, para nuestros sensibles funcionarios especializados en procuración de justicia, las lesiones corporales se castigan, pero no así las sicológicas, que en el caso de Lucero la han orillado a pensamientos suicidas, de acuerdo al mismo peritaje.

Tampoco la juez Paulina Iraís Medina Manzano mostró una gran sensibilidad cuando permitió que la defensa del inculpado, Miguel Ángel Jasso Manríquez, hiciera uso de argumentos humillantes y atentatorios de la intimidad de Lucero al señalar que el haber tenido relaciones sexuales anteriores establecía una conducta «inmoral».

La vida sexual de Lucero no era lo que estaba sujeto a juicio, como equivocadamente lo toleró la juzgadora, sino la violencia de que fue objeto por negarse, como es su derecho reconocido por la ley, a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Al no parar en seco la estrategia intimidatoria y distractora de la defensa, la juez Medina Manzano se convirtió en otra victimaria más de Lucero, como si no hubiera sido suficiente la golpiza que le propinó Jasso Manríquez por hacer uso de su derecho a decir que no.

El proceso judicial que se generó por la valentía de Lucero Salcedo, no sólo de exponer su vida para defender la autodeterminación a decidir sobre su sexualidad, sino también para usar los caminos que la ley pone a su alcance para castigar a su agresor, ha terminado por poner a prueba al propio sistema de justicia de Guanajuato y a las políticas que desde los discursos públicos se comprometen con la igualdad de género.

Hoy por hoy, el sistema penal acusatorio, al que se le han invertido decenas de millones de pesos, no se ha mostrado como querían sus panegiristas, ni más expedito, ni tampoco más sensible hacia las víctimas.

En cambio, el temor de juzgadores y ministerios públicos a no incurrir en violaciones al debido proceso, en buena medida por su falta de pericia, está terminando por favorecer a los inculpados, generando con ello una nueva forma de impunidad.

Si quedaban dudas, este proceso las despeja: la erradicación de la violencia contra las mujeres no es una prioridad del gobierno en Guanajuato. Han terminado por incorporar a su discurso la terminología de la equidad, ante las presiones públicas, pero sigue sin interesarles llevarla a la práctica.

En todos los sentidos, parece que retrocedemos. La reticencia y el cinismo, podían ser combatidos, mientras que el fingimiento y el desdén diluyen hasta la posibilidad del debate.

En ambos casos la indefensión de las mujeres y su doble victimización es la resultante de un Estado que pasó de ser omiso a ser simulador, pero que en ambos casos es cómplice.