Pareciera haber una reserva inagotable de escándalos en la Secretaría de Salud. Algunos provienen de administraciones pasadas: Jorge Armando Aguirre, Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Luis Mosqueda. Otros ya le corresponden al actual titular, Ignacio Ortiz Aldana.
Casualmente, los problemas en Salud se han incrementado desde que existe el Seguro Popular y un enorme flujo de recursos que se refleja en dinero, abastecimientos médicos, contratación de personal, infraestructura, como nunca se había visto en el sector.
Hay tanto dinero y tan poco control que en la administración de Miguel Márquez se consideró más viable secar al sector Salud de compras y contratos, para pasarlos todos al área de Finanzas.
El remedio, sin embargo, no ha resultado mejor que el padecimiento, como se vio con un ejemplo aislado: el de los megáfonos y sus precios inflados al 200 por ciento. Por angas o mangas, los muchachos de Jose Manuel Casanueva, subsecretario de Administración de Finanzas, han resultado tan poco eficientes y tan dignos de suspicacia, como sus homólogos en Salud.
A final de cuentas lo que parece prevalecer es una absoluta y preocupante falta de controles que no obedece más que a razones objetivas. Mientras la Secretaría de Salud ha crecido su presupuesto en varios tantos por los requerimientos del Seguro Popular, las instancias de control como la Secretaría de Transparencia y el Órgano Superior de Fiscalización se mantienen sin cambios.
Físicamente parece imposible revisar las miles de operaciones que se llevan a cabo en el Isapeg y que implican manejo de materiales y de recursos. Por eso han podido ocurrir eventos sistemáticos de saqueo como el que parece evidenciarse con el fraude consignado la semana pasada en contra de un ex director hospitalario y dos cómplices más.
El gobierno es una enorme maquinaria operada por individuos sobre los que hay muy escasos controles. Al optar por dejar semioperativas las áreas administrativas de Salud, para sobrecargar las de Finanzas, el gobernador Miguel Márquez no está garantizando que dejen de ocurrir trapacerías, pues prosigue la misma falta de supervisión.
La gran reforma que Márquez le debe a la administración pública de Guanajuato, sobre todo por tratarse del primer gobernador que ha ocupado el cargo de contralor del estado, es una que ponga a las tareas de supervisión, control y rendición de cuentas a la par del crecimiento experimentado por la burocracia encargada de gastar los recursos.
De no hacerse una transformación profunda, mediante una transferencia de poder y de recursos a las áreas de control, todo suena a parche, a remedio provisional y a justificación.
Ni los consejos ciudadanos, ni la fallida «dama de hierro», mucho menos la asesoría académica del CIDE, podrán permitir que nadie duerma tranquilo, ni el gobernador, ni los ciudadanos.
desgraciadamente sucede en todas las dependencias de gobierno,y en algunas se premia al encargado de dicha dependencia por ahorros en compras pero muchas de las veces son ahorros mal entendidos ya que se hacen compras baratas pero de muy dudosa calidad donde el producto comprado no tiene la funcionalidad requerida y como dicen «sale mas caro el caldo que las albondigas». reciba un saludo.
Siguen abusos de poder e intolerancia por directivos en san miguel de allende. Directivos hacen como que no ven. Nadie los detiene. Discriminan y protegen a sus amigod. Todos deben slgo entre sí. Y callan