Hace unos días, el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, confesó, en medio de la firma de un convenio con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE): “No hay nada mejor que la tranquilidad de la conciencia, el cumplimiento de la ley, no hay mejor almohada que tener la conciencia tranquila, esa no tiene precio, más cuando estamos al frente de una tarea pública.”

El CIDE, una institución de investigación académica orientada a las ciencias sociales que es financiada por recursos públicos y se encuentra sectorizada en el Conacyt, le cobrará al gobierno del estado una cantidad que ronda los cuatro millones de pesos por supervisar sus mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.

La medida parece una reacción al fracaso de otros intentos de Miguel Márquez por acreditar que las cosas han cambiado en Guanajuato de la época de Juan Manuel Oliva a la suya.

No funcionó el intento de ciudadanizar la administración, porque la presión panista ya logró abrir las compuertas del gobierno y colocar a centenares de militantes de los municipios en áreas de todas las dependencias, particularmente en las secretarías de Educación y Desarrollo social.

Tampoco funcionó la designación de una funcionaria no panista en la Secretaría de la Transparencia, Isabel Tinoco, quien ya se plegó completamente a los requerimientos del secretario particular de Márquez, Christian Cruz, donde se acuerdan el alcance y los resultados de las auditorías con criterios políticos de corto plazo.

Isabel Tinoco ya renunció a trascender como la gran fiscalizadora de la administración estatal y se limita a obedecer las instrucciones que le marcan desde Paseo de la Presa. Por cierto, es prácticamente la única integrante del gabinete que se adscribe a la muy limitada esfera de influencia del Secretario Particular.

Otro colchón de credibilidad que no sirvió es el del secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, quien ha visto complicado su accionar por sus subsecretarios, ninguno de los cuales escogió.

El subsecretario de finanzas, Gilberto Enríquez, afectado por un padecimiento de salud, no asiste a la secretaría y sus funciones recaen en el coordinador hacendario, Carlos Martínez Bravo, quien ya aprovechó el poder de su recién creado puesto para influir en la contratación de su esposa como asesora del propio Martín Solís.

El subsecretario de administración, a quien Martín Solís pensaba pedir su renuncia, sobrevivió con un poder mayor al que tenía como funcionario en la administración de Juan Manuel Oliva. José Manuel Casanueva de Diego es el operador de todas las compras del gobierno, las cuales han sido extraídas de las demás dependencias; además de su área de recursos humanos dependen todas las contrataciones de servidores públicos, a todos los niveles.

Si en verdad las cosas fueron tan mal en el gobierno de Oliva, particularmente en las compras, el coyotaje y las contrataciones de panistas en todas las dependencias, la más elemental lógica tendría que esperar una limpia concienzuda en el departamento que se encarga de esos temas. No fue así.

Una tercera vía que se analizó para lograr un certificado de credibilidad y buena conducta por parte del nuevo gobierno, fue la de establecer una acuerdo con la Fundación para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, donde participa Carlos Medina Plascencia, lo que abortó cuando la alcaldesa de León, Bárbara Botello, filtró los convenios de pagos  del gobierno municipal de Ricardo Sheffield a FIDEGOC.

Márquez se ha cuidado mucho de no ofrecer flancos débiles a la crítica de Botello, quien se encuentra convertida en su principal competidora por los reflectores mediáticos y su mayor interlocutora política. Pero, además, Medina ha presionado para que las investigaciones sobre malos manejos en la administración de Oliva eleven la mira y no se queden en el nivel de funcionarios menores, lo que el gobernador no parece compartir.

Ante ese panorama se hacía necesario un nuevo escudo para la abollada credibilidad de la transparencia del gobierno marquista. Allí fue donde surgieron las relaciones de su coordinador de Políticas Públicas, Enrique Ayala Negrete, ex colaborador de Juan Carlos Romero Hicks en Conacyt, de donde depende el CIDE.

El convenio implica un pago del gobierno del estado que, de acuerdo a información extraoficial, es de cuatro millones de pesos, a fin de que se revisen y certifiquen los procesos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo pronto, el director del CIDE, Sergio López Ayllón, ya diagnosticó, a ojo de buen cubero, que la credibilidad de Guanajuato en la materia está por los suelos, sobre todo en los tres últimos años, algo que seguramente se subsanará ahora que ellos se encuentren a cargo.

El problema que se aprecia en todo este periplo tiene mucho que ver con la percepción de Miguel Márquez con respecto al problema de gobernar. De acuerdo a sus propias palabras, el gobernador de Guanajuato lo que quiere es “dormir con la conciencia tranquila”, sabiendo que hay quien le dice que todo va bien en su gobierno.

Por cierto, habría que señalar que la conciencia tomada como la depositaria de los principios éticos del individuo, no puede depender más que de uno mismo y no de lo que se le diga desde fuera.

El asunto es que, para que todo vaya bien de verdad, no se requieren sólo certificaciones externas, sino trabajo duro en todos los frentes. Márquez debe saberlo bien, pues como secretario de la Gestión Pública batalló para ejercer mejores controles de la administración, sin lograrlo.

Por ello, la frase que parece también atendible es una contraria a los deseos de buen sueño del mandatario: aquella que define a un político como “la persona que se desvela para que los ciudadanos puedan dormir tranquilos.”

Miguel Márquez sabe que recibió un gobierno afectado de muchos vicios. Lo sabe de cerca porque formó parte de él durante los últimos doce años, salvo el breve paréntesis en que se hizo cargo de la secretaría general del PAN.

El combate a vicios como la corrupción, el patrimonialismo, la opacidad, la falta de vocación y la ausencia de valores en el servicio público, que se han venido enquistando entre otras cosas por la larga permanencia del mismo partido en el poder, no se solucionarán con medidas ocurrentes, ni con asesorías externas que se traduzcan sólo en un diploma de buena conducta.

Preocupa, por cierto, que en el entorno del gobernador todos sus asesores estén más preocupados por la imagen del gobierno que por solucionar los problemas reales que afectan a la administración.

La mejoría de un gobierno con vicios heredados y nuevos sólo podrá lograrse con autocrítica y trabajo constante, pero antes que nada con la aceptación de que los problemas existen y no son solamente un asunto de percepción externa.

A final de cuentas, el gobernador de Guanajuato, y sus colaboradores, se ganan su salario para darnos tranquilidad a los ciudadanos.  Aunque para ello tengan que interrumpir su sueño.