La transparencia sigue siendo un concepto vacío en boca de funcionarios públicos que toman decisiones de alto impacto, como cancelar una licitación de cuatro mil 200 millones de pesos, tras haber puesto a trabajar horas extras a los ejecutivos de ocho de las distribuidoras más importantes de medicamentos en el país.

José Manuel Casanueva de Diego, quien se ha antepuesto una y otra vez al comité de adquisiciones del gobierno estatal que preside el veterano militante panista Ricardo Suárez Inda, salió a informar la decisión de declarar desierta, por segunda ocasión, la licitación más importante de la historia moderna de Guanajuato, no sin antes asegurar que lo más importante de todo para este gobierno es la transparencia.

Habría que recordarle al funcionario que la vocación de su dependencia por vivir en caja de cristal ocurrió hasta después de que saliera a la luz pública la primera licitación y la participación de empresas de dudosos antecedentes en materia de cumplimiento en otros estados del país.

Desde que empezó el escrutinio público sobre esta gigantesca contratación de servicios de proveeduría, almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos, el nerviosismo se apoderó de muchos de los funcionarios públicos involucrados.

La primera gran pregunta es:  ¿porqué se decidió una licitación de estas proporciones, si era logísticamente correcta y si era conveniente y viable casarse con un solo proveedor para todo el sistema, por dos años?

La convocatoria diseñada por el equipo de Casanueva ha sido uno de los principales impedimentos para que la licitación tenga un resultado feliz. La solicitud de un equipo de dispensación automático en todo el sistema no está explicada ni racionalizada. No se sabe si ese requisito encarecerá el servicio a costa del erario público, ni tampoco su nivel de eficiencia.

Ya el estado tuvo la experiencia de la automatización del Centro de Distribución del ISSEG, donde el carísimo robot alemán tardo casi medio año para calibrarse y empezar a funcionar con eficiencia, produciendo en ese lapso un grave desabasto en las farmacias de línea de la institución.

Quizá la mayor irresponsabilidad en la que puede incurrir este gobierno, por decisiones de alto nivel aún inexplicadas y que desde luego no fueron tomadas en la oficina del subsecretario Casanueva, es de la haber forzado la salida del ISSEG con un plazo perentorio, este 31 de mayo, del abasto de medicamentos al Seguro Popular, sin saber a ciencia cierta si la licitación podría funcionar.

Al día de hoy existe la firme sospecha de que las dos licitaciones se han declarado desiertas sobre todo por la vigilancia de los medios de comunicación la cual, de no haber existido, probablemente hubiera permitido la asignación desde el primer momento.

De manera que la transparencia, impuesta por los acontecimientos y aplaudida en el discurso, se ha convertido en el obstáculo para que los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Salud, resuelvan con rapidez y eficiencia la asignatura del suministro de medicamentos.

Ese es todo un tema: el escrutinio permanente y la rendición de cuentas meten en problemas a una vieja burocracia que sólo es medianamente eficiente en la opacidad. Ser transparente, a diferencia de lo que piensa este gobierno, no es una cuestión de voluntad, sino un asunto de método. Y en esa línea, no se observa ningún trabajo.

La segunda gran pregunta es: ¿pues qué estaban pensando hacer, que un poco de vigilancia les ha caído tan pesada?

Casanueva, que se ha visto frente a los medios más ocasiones en este mes que en todo el sexenio pasado, dijo hace unas semanas que se privatizaba el abasto de medicamentos “para evitar la corrupción”. Hoy, gracias a nuevas investigaciones publicadas en los medios, sabemos que también los privados cometen excesos, como ocurrió en el costo de los megáfonos. ¿Entonces en qué quedamos?

Lo que se aprecia, en este tortuoso proceso, donde pareciera que se quiere componer lo que no estaba descompuesto, es que no ha existido en Finanzas ni tampoco en Salud una planeación estratégica para resolver el problema del abasto, sino sólo una gran urgencia de sacarlo del ISSEG aprovechando el desprestigio mediático de la institución y colocarlo en la esfera de un privado que tampoco será garantía, como muestran los historiales de las diversas empresas participantes.

Y aunque teóricamente el gobierno está en disposición legal de asignar de manera directa, constituiría un verdadero escándalo sumar otros 4 mil 200 millones de pesos a los 2 mil 700 millones de Escudo, adjudicados por dedazo. Allí sí, Miguel Márquez rompería records.

En el tema de la megalicitación de medicamentos del Seguro Popular en Guanajuato, una sola cosa queda clara: lo que mal empieza, mal acaba.

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@arnoldocuellaro