Mientras las malas noticias continúan llegando de Europa, donde este martes el banco francés Societe Generale vio degrada su calificación por segunda vez en pocas semanas, la alta burocracia guanajuatense sigue tomándose muy a la ligera la travesura de Miguel Ángel Salim Alle de invertir la friolera de 300 millones de pesos de los ahorros de los trabajadores del sector público de la entidad.

Con un insulso comunicado y con el viejísimo expediente cuasi echeverrista de publicar un desplegado y rechazar preguntas en una entrevista, la directora del ISSEG, Luz María López Navarrete, acató las instrucciones de sus superiores en el consejo del organismo y,  custodiada por dos esbirros, se negó a responder preguntas en una entrevista que buscaba aclarar las dudas sobre el bono europeo adquirido por el fondo de pensiones.

La protección que le han otorgado al hábil y escurridizo precandidato del oficialismo a la alcaldía de León desde esferas como la secretaría de Finanzas de Gustavo Adolfo González o la coordinación de la campaña de Miguel Márquez, a cargo de Luis Ernesto Ayala, ya la hubiera querido para dominguear la presidenta del DIF, Martha Martínez de Oliva, quien vio como sus mayores problemas venían de adentro del gobierno de su marido.

La solución no parece complicada: si el bono de deuda es tan rendidor como lo sugiere el boletín oficial, ¿porqué no dar a conocer los montos mensuales de los dividendos? Si su valor está seguro al final del contrato, ¿por qué no hacer pública su fluctuación en los dos años que ha tenido de vigencia?

Quizá la parte más lamentable exhibida en esta historia es ver la subordinación del órgano de vigilancia del ISSEG a quien fuera su director y ahora es sólo un ex funcionario. No parece que Gustavo González estuviera supervisando las decisiones de Salim, sino más bien que Salim le dice qué hacer al tesorero.

Otro aspecto definitivamente oscuro es la participación del corredor de fondos Juan Antonio García Ramírez, quien cobraba como asesor de inversiones de la dirección del ISSEG, con un sueldo mensual que ya quisieran muchos de los humildes burócratas que depositan religiosamente sus aportaciones al fondo, de 17 mil pesos mensuales.

García Ramírez violó flagrantemente disposiciones de la ley de servidores públicos del estado al combinar el papel de asesor con el de operador directo de inversiones. Para cualquier profesionista de ese ramo resulta natural colegir que el también vocal ejecutivo del Forum Cultural Guanajuato, con sede en León, recibió cuantiosas comisiones por la colocación del bono que hoy despierta tantas inquietudes.

Este doloso y tolerado conflicto de intereses pone en el tapete un tercer aspecto cuestionable del melodrama político – financiero en que se ha convertido el caso ISSEG/Societe Generale: el papel de Luis Ernesto Ayala Torres como contralor del estado de principios de 2010 a fines de 2011.

Ayala quiso pasar por un acucioso vigilante de la legalidad y la moralidad pública, pero con un criterio de extraña, o quizá no tanto, selectividad que terminó por volverse en su contra.

Sin duda los malos manejos encontrados en el DIF, donde puso en evidencia los contratos de una nuera de Elías Villegas, tenían sustento; quizá también los fraudes de los fideicomisos agropecuarios de José María Anaya, donde no pudo avanzar, eran tanto o más graves de lo que imaginó, al igual que las situaciones dudosas en la asignación y control de obras públicas por Genaro Carreño.

Sin embargo, lo cierto es que al ISSEG, donde se desempeñaba su viejo amigo y compañero de andanzas, no lo tocó con la más mínima observación. De haber tenido un poco más de control, podría haber encontrado que las andanzas del ex banquero García Ramírez se contraponían de manera total con los lineamientos de moralidad y de legalidad del servicio público.

Resulta apenas creíble que en diciembre, al salir Salim y llegar Luz María López Navarrete, a García se le despidiera así nomás, como queriendo borrar huellas, sin observar las irregularidades de su actuación.

Sin duda, lo más dañino para la correcta marcha de cualquier organismo es la opacidad combinada con la inoperancia de las estructuras plasmadas en normatividad. De nada sirven los controles cuando no se observan y cuando la operatividad de un ejecutivo se impone a las instancias de supervisión y vigilancia.

Esa parece ser la triste moraleja que dejará el gobierno de Juan Manuel Oliva a la posteridad. Pero, más preocupante aún, es el mensaje que manda Miguel Márquez al haber hecho a Luis Ernesto Ayala el coordinador de su campaña, así sea sólo como barco insignia. Vaya insignia.