El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, afirmó hace dos días con todo énfasis, como le gusta hacer, que la familia de Ricardo de Jesús Esparza Villegas “aceptó el resultado de las investigaciones sobre la muerte del joven estudiante”, ocurrida hace una semana, mientras se celebraba el Festival internacional Cervantino.
El mandatario, quien hace unos días aseguró, también con énfasis, que la denuncia de un alza en el número de desapariciones de hombres y mujeres en Guanajuato es irreal porque “algunas se van con el novio y otros a Estados Unidos”, dio a conocer que se entrevistó con la madre del estudiante del Centro Universitario de Lagos, Rosa María Villegas, así como una de sus hermanas, para “respaldar el trabajo de la Procuraduría de Justicia del Estado”.
Márquez afirmó que los familiares estuvieron conformes con la explicación de las autoridades ministeriales de Guanajuato, la cual fue calificada por el funcionario como “un estudio muy a conciencia hecho de manera muy profesional, revisando cada hora, cada minuto, las cámaras, las diferentes posiciones, que dejan en claro que no fue un tema originado por los policías, la autopsia revela que fue por un golpe en la cabeza”.
La explicación del gobernador, normalmente reacio a involucrarse en temas judiciales, deja mucho que desear. Desde luego, no se discute que la causa de la muerte haya sido un golpe en la cabeza producto de una caída. Lo que sigue sin saberse y que no han explicado los “estudios a conciencia”, es que hacía Ricardo arriba de la barda de una casa, en un callejón alejado del centro de la ciudad, un trayecto de 15 minutos que ninguna cámara ha revelado.
Tampoco dejó en claro porque Ricardo no estaba en posesión de su teléfono celular, su mochila, sus llaves ni sus credenciales, algo que no tenía porqué haber perdido de tratarse de un accidente como se ha querido explicar en un segundo momento, pues en el primero se le quiso hacer pasar por un ladrón que pretendía introducirse en el domicilio donde se le encontró muerto al día siguiente.
En definitiva, lo que sobresale de la científica explicación de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, rubricada a ciegas por el gobernador Marquez, es que Ricardo de Jesús no fue detenido por policías locales, estatales o municipales.
Es decir, la autoridad encargada de esclarecer los hechos que condujeron a la muerte de un visitante al Cervantino, esos que tan afanosamente busca atraer la publicidad oficial que quiere hacer de Guanajuato “el destino cultural de México”, se ha dedicado a exonerar y no a investigar.
El tema central no es quien no mató a Ricardo, sino qué ocurrió con el joven que finalmente lo condujo a la muerte. Si fue accidente, ¿donde están sus pertenencias? Rastrear un celular es algo que la PGJE de Guanajuato ha realizado con solvencia en otros casos, lo mismo que una tarjeta de crédito.
Por eso la investigación está incompleta, como el propio Carlos Zamarripa, Procurador del Estado, lo reconoció cuando no descartó “la intervención de terceros” en la muerte del estudiante jalisciense. Sin embargo, esa acotación quedó tan escondida en la rueda de prensa dedicada exhaustivamente a probar que no había responsabilidad de uniformados en una presunta detención del joven fallecido, que algunos diarios locales se fueron con la finta y dieron por cerrado el caso.
No es así. Apenas a unas horas de que el gobernador Marquez buscara erigirse en el vocero de los deudos de Ricardo, fue desmentido por voz de la madre y la hermana del fallecido. Ellas aseguraron rotundamente, ante la periodista Carmen Aristegui y el corresponsal de Reforma en Jalisco, que nunca dieron su conformidad con las explicaciones de la procuraduría guanajuatense y que veían muchas lagunas en la reconstrucción.
El gobierno de Guanajuato parece estar cometiendo un error monumental de óptica en el caso, el mismo que ya le costó caro en el caso de Lucero Salcedo: lo que están haciendo es salvar la responsabilidad de las instituciones locales, antes de indagar lo sucedido y aplicar la ley, simple y sencillamente.
Parece que tiene razón Eunice Esparza, la hermana de Ricardo, cuando asegura que las explicaciones del gobierno de Guanajuato son una versión de conveniencia que persigue salvar el daño al prestigio turístico de la entidad.
Por lo pronto, a la falla de perspectiva que significa iniciar una investigación con la intención de deslindar y no de esclarecer, se suma el tremendo resbalón político de Miguel Márquez cuando trata de poner en boca de los deudos del joven muerto una conformidad que no existe, además de la falta de respeto de erigirse en vocero de (auto) reconocimientos cuando su papel es el de garante de una adecuada y objetiva procuración de justicia.
Con el abandono de su función, el gobernador Marquez hace víctima a la familia de Ricardo Esparza por segunda ocasión: primero pierden a un ser querido en circunstancias que no quedan claras; y, después, un alto funcionario del que dependen los responsables de la investigación, usurpa su voz para dar un espaldarazo a su propia tarea. No se vale.
Más que repartir conformidades inexistentes y apropiarse de papeles que no le corresponden, el gobernador Márquez debería estar conminando a sus subalternos a que hagan su trabajo con eficacia y pulcritud. Eso es lo único que podrá esclarecer el hecho y dejar a salvo el prestigio de Guanajuato.