Una cosa es presumir los «atractivos» de Guanajuato; otra muy distinta, aplicarse a garantizar la calidad de los servicios turísticos mediante instrumentos de política pública.
Mientras Fernando Olivera, nuestro rutilante secretario de turismo se pasea por el mundo y por el país arrastrando una cauda de prestadores de servicios consentidos y gastando carretadas de dinero público en una promoción que parece más personal que del estado, los pocos atractivos turísticos de la entidad languidecen por descuido y falta de inversión.
Este fin de semana se desplomó una de las dos cabinas del teleférico de Guanajuato, una atracción turística que en poco menos de tres lustros se posicionó en el gusto de los visitantes a esa capital: solo baste repasar las incontables fotografías en blogs y páginas web que hacen referencia a este servicio.
El malacate escénico se convirtió también en equipamiento urbano de los residentes de la ciudad, que llegaron a usarlo como medio de transporte cotidiano.
Como esta infraestructura fue construido sobre espacios privados con inversión privada, el Funicular no es una concesión, sino que es un negocio de particulares. No obstante que realiza una función de recreación turística y de transporte, la única autoridad que parece regularlo es la de Protección Civil en la ciudad de Guanajuato.
Y aunque el funicular aparece como una atracción turística más de una ciudad que se precia de tener esa como su principal vocación, prácticamente no existe supervisión sobre las condiciones en que viajan las personas en este ingenio que no se encuentra exento de riesgos, sobre todo cuando falla el mantenimiento o no es el ideal.
El accidente del sábado pasado pudo ser de proporciones catastróficas de haber ocurrido más temprano o si la rotura del cable hubiese acontecido a una mayor altura. La cabina se desplomó de poco más de 10 metros y solo llevaba a bordo a la empleada que opera el acceso y descenso de pasajeros.
Después del accidente empieza a circular información que ameritará investigaciones más profundas para el deslinde de responsabilidades.
Se sabe que la empresa operadora, Inmobiliaria Gopak, tiene como accionista mayoritario al arquitecto Eduardo Knapp Aguilar, político y constructor de la capital del estado, exalcalde, exdiputado local uno de los más conspicuos integrantes de la élite priista en Guanajuato.
No está de más señalar, por ejemplo, que el día de las elecciones el cuartel general del candidato recién electo a presidente municipal, Edgar Castro Cerrillo, estuvo físicamente en las oficinas de la constructora Cobeka, propiedad del mismo Eduardo Knapp.
Por esa parte, se antoja complicado que desde la presidencia municipal, la actual y la que viene, se investigue a fondo la pertinencia y la calidad del servicio que presta el funicular en su carácter de atractivo turístico, a fin de garantizar la seguridad de sus ocupantes y de sus propios trabajadores, así como las causas del accidente.
Sale a relucir, en información a cuentagotas derivada de las primeras actuaciones del ministerio público, que la empresa se encuentra en por lo menos dos litigios: uno de ellos entre los accionistas originales de la sociedad; el otro, un embargo producto de un juicio hipotecario, ya resuelto en favor del acreedor, pero donde se presentó un recurso de amparo que está por resolverse.
Estas situaciones dejan entrever que a los actuales administradores del funicular enfrentados a una última decisión judicial que podría desposeerlos del negocio, probablemente no les interese ya el cumplimiento de un mantenimiento preventivo estricto. Esto es algo que debería deslindar el ministerio público.
Hoy, por lo pronto, en caso de que la Inmobiliaria Gopak pierda el amparo y deba ceder la empresa a sus acreedores, en lugar de un negocio en marcha entregará un activo en estado de ruina, requerido de una fuerte reinversión y con responsabilidades civiles.
A todo esto, donde están las autoridades del sector turístico que se la pasan promoviendo un Guanajuato pretendidamente de ensueño pero que no se hacen corresponsables de que los servicios a los visitantes sean de calidad y con todas las garantías necesarias.
Una cosa es vender, otra garantizar la calidad de aquello que se vende. De nada sirve que la publicidad engañosa sobre Guanajuato atraiga visitantes, solo para que estos comprueben, una vez aquí, que la realidad dista mucho de la propaganda y se conviertan, como consumidores decepcionados, en naturales detractores del destino.
Todas las legislaturas locales tratan de inventar necesidades para justificar leyes que tienen una escasa aplicabilidad en la práctica. Seria bueno que voltearon a ver los problemas reales y, por una vez al menos, impulsaran leyes que atacaran problemas cotidianos y no que persiguieran entelequias.
Guanajuato crece como producto de la inversión extranjera en el renglón automotriz. La cesión de enormes subsidios y la inversión de empresas globales nos ha situado en el mapa mundial, ahora hace falta que hagamos nuestra parte para aprovechar ese buen momento.
¿Queremos ser una potencia turística? La respuesta está en alta calidad de los servicios, profesionalización y supervisión estricta desde la parte pública. Todo lo demás, incluyendo exposiciones chatarra, museos de pacotilla, dispendio en publicidad patito, telenovelas subsidiadas y kermeses disque gastronómicas, no dejará nada, salvo dinero en algunos bolsillos.