Mucho tendrían que aprender altos funcionarios públicos como el gobernador del estado, Miguel Márquez; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alfonso Fragoso; y el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, de la actitud de la magistrada Raquel Barajas Monjarás, la primera voz autocrítica que se escucha desde el poder en relación con el tema de la violencia de género a la que fue sometida la joven Lucero Salcedo y de las deficiencias en la atención del caso mostradas por las instancias públicas.
La expresidenta del Poder Judicial de Guanajuato, señaló con mucha puntualidad que «las autoridades estatales tienen mucho que trabajar en el tema de atención a las víctimas de violencia de género.»
Parece una declaración moderada, casi de sentido común: todo es mejorable y más en un país con grandes déficits de justicia, de equidad y de democracia. Sin embargo, en el contraste con la autosuficiencia, el triunfalismo y la gran capacidad de evasión de los responsables de las instituciones estatales, la mesura y la autocrítica de la magistrada Barajas se erigen como un monumento a la sensatez y al respeto a la inteligencia de los ciudadanos.
Sólo habría que contrastar esta declaración, con la que ayer mismo vertió el gobernador Márquez, quien por otra parte se ha declarado en sus discursos como un campeón del humanismo, los valores y la decencia de viejo cuño: «el gobierno de Guanajuato, a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, hizo lo que correspondía en el caso de la joven María de la Luz Salcedo Palacios.»
Si fue así, si el gobierno de Guanajuato en boca de su titular, considera que lo que se hizo es «lo que correspondía». Las cosas están realmente para preocuparse. Por ejemplo, ¿considera el gobernador que la atención médica recibida por Lucero en el mismo lugar que su agresor es «lo que correspondía»? ¿Considera que el Instituto de la Mujer no tenía que haberse hecho cargo de ningún tipo de acompañamiento a la víctima? ¿Considera que su ministerio público no tenía porqué intervenir para frenar la vejación a la que la defensa del inculpado sometió a Lucero en el juicio?
Preocupa que en un tema central de la agenda social y política de estos tiempos, el de la lucha por generar condiciones de mayor equidad entre hombres y mujeres, el gobierno panista de Guanajuato sea tan ostensiblemente omiso, limitado y recalcitrante en sus posiciones.
Llama la atención que este gobierno se sienta amenazado por la lucha de muchas mujeres para plantear mecanismos que garanticen mayor equidad. El PAN era un partido civilista y defensor de los derechos de las personas. en los tiempos que corren una linea central de la reivindicación de derechos civiles y humanos, pasa por la agenda transversal del género.
Este discurso puede serle ajeno a muchas personas, hombres y mujeres, que siguen reproduciendo ideologías de hace décadas, pero no debería serle extraño a quien gobierna una sociedad moderna y abierta al mundo. Si no entienden los nuevos discursos, deben instruirse en ellos de manera obligatoria. No puede ser que la única globalización a la que se aspire sea la de convertirnos en una planta fabril de la decadente industria automotriz.
Por lo pronto, el planteamineto de Raquel Barajas Monjarás, alguien que sí sabe de lo que habla y que ha dedicado décadas al estudio profundo de la ley, nos da un respiro en medio de la decepción que ha significado el escuchar los discursos desdeñosos, autojustificatorios y timoratos de muchos de los prohombres de la política de Guanajuato.
Pensar que no hay nada que mejorar en las actitudes, la competencia y los protecolos que quedaron exhibidos en el caso de Lucero Salcedo, implica una preocupante soberbia que no hace sino augurar lo difícil que seguirá siendo poner a Guanajuato en el siglo veintiuno, si se tiene que hacer en contra de quienes gobiernan y manejan los presupuestos públicos.
Por si quedara duda de la actitud panista de regateo a la tarea de construir la equidad, allí queda como otra evidencia el sabotaje a la mesa interinstitucional convocada en el Congreso para determinar acciones inmediatas a favor de la mujer. La reunión debió suspenderse ante la negativa del PAN a aceptar a la representante de la ONG Centro las Libres, Verónica Cruz, en la deliberación.
El Congreso, la casa de los ciudadanos de Guanajuato por antonomasia, fue cerrado para escuchar el informe de de la coordinación estatal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Al salir los periodistas y permanecer Verónica Cruz, la oposición del diputado panista Daniel Campos Lango, un joven por cierto, obligó a la suspensión de la sesión de trabajo.
Queda claro que el PAN está renuente a tratar este tema con objetividad, parecieran temer que se les responsabilize de los hechos, cuando en realidad de lo único que se les señala es de querer ocultarlos.
El gobierno del PAN y sus diputados parecen haber construido un fantasma que los atemoriza más que la realidad. No es la violencia contra las mujeres lo que les preocupa, como a muchos sectores y organizaciones de la sociedad, les preocupa reprobar la asignatura, sufrie el desdoro. Así, si la realidad no es favorable, antes que buscar la solución, se piensa en esconder la realidad.
Es una paupérrima forma de gobernar y una lamentable forma de pensar. Sin embargo, lo peor de todo es que no se percaten de la imposibilidad moral y política de que puedan salirse con la suya. Negar la realidad nunca ha sido una buena táctica, ni para las avestruces ni para los políticos.
Por eso, refresca y alienta escuchar a Raquel Barajas y constatar que, aunque escasas, aún hay voces que no rehuyen a la razón en el servicio público.