Existe un conflicto real: el de la inconformidad expuesta y larvada de los habitantes de la región afectada por la nueva presa de El Zapotillo, en Jalisco. Existe, también, un costo de oportunidad: el de la temporada preelectoral nacional. Finalmente, hay, por si algo faltara, un agravante: la ausencia de operación política para atajar los dos problemas, el real y el coyuntural.
Con esos ingredientes, no será de extrañar que en los próximos meses veamos escalar el conflicto de los ambientalistas y conservacionistas en contra de la construcción de la monumental cortina que permitirá la creación de una reserva de agua para satisfacer las necesidades de León y de una extensa zona de Jalisco por las próximas dos décadas.
El tema tiene más que preocupado a Juan Manuel Oliva, el mandatario guanajuatense que esperaba entregar el acueducto que traerá esa agua a León, o por lo menos un avance significativo del mismo, antes de concluir su administración, en septiembre del próximo año. Así se comprometieron tanto el gobernador como el presidente Felipe Calderón, hace apenas unos días en León.
Desde luego, parece inquietar más a Oliva el hecho de que su colega Emilio González, el gobernador de Jalisco, vea las cosas con una óptica que ha oscilado entre la parsimonia y el descuido, por un extremo, y la tentación de la represión violenta, por el otro.
Probablemente no pase ni lo uno ni lo otro. González ya se forma en la lista de los presidenciables que aparecen en las diversas encuestas para encontrar al abanderado del PAN en 2012. Esos sueños, por donde quiera que se les vea, siempre son paralizadores para cualquier político.
Quizá por eso mismo, en los próximos días se verá la intervención del director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, como el responsable de llevar a cabo los acercamientos con los grupos de inconformes, los cuales ya no son sólo los habitantes del lugar, sino activistas profesionales de diversos puntos del país.
En ese tenor, lo que salen sobrando son declaraciones como las producidas en días recientes, luego de saberse los intentos de suspensión de las obras por manifestantes, por funcionarios locales como Luis Quiroz, responsable de políticas públicas del gobierno estatal; y Ricardo Sheffield, alcalde de León, en las cuales se descalifica y estigmatiza a quienes llevan a cabo las protestas.
Puede ser que, incluso, tengan razón desde cierto punto de vista. Sin embargo, estos funcionarios no tienen en sus manos la negociación de una obra cuya mayor trascendencia radica en que se lleve a cabo y que esto sea en el menor tiempo posible.
Actitudes como estas, hace no mucho, llevaron a escalar el conflicto por los terrenos del fallido aeropuerto en Texcoco, hasta el punto de descarrilar un proyecto estratégico.
Así que, aunque Guanajuato no tiene de momento vela en la negociación directa con quienes pretenden detener la obra enarbolando argumentos ecológicos y de defensa patrimonial, sería bueno que los responsables de la política en la entidad convenzan a estos inoportunos declarantes de no abrir la boca, para que dejen trabajar a los que sí pueden dar algún resultado. Mucho ayuda el que no estorba.
Botepronto
Siguen aflorando los damnificados por la salida de Juan Carlos Romero Hicks del Conacyt. Y no se trata unicamente de quienes colaboraban con el ex gobernador en la dependencia federal, sino también de algunos de sus ahijados políticos que sobrevivían en el gobierno de Juan Manuel Oliva.
Candidato inminente al desempleo es, por ejemplo, el todavía titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Concyteg, Pedro Luis López de Alba, a quien sólo sostenía en el cargo su muy presumida cercanía con Romero y su escasamente probada afirmación de que con ello obtenía recursos excepcionales.
Hoy, inservibles ambas premisas, resulta más que probable que pronto deje su lugar a algún cuadro panista y regrese a los pagos universitarios, esos que no permiten nunca el desamparo.