La creación del tipo penal de feminicidio y el establecimiento de las alertas de género, logros ambos derivados del intenso activismo de grupos de mujeres y hombres comprometidos con la lucha por la igualdad, constituyen un intento por revertir esquemas centenarios de sumisión y represión.
Hasta hace no mucho, cuando una mujer se presentaba en una institución oficial, como las defensorías de lo familiar en el DIF, para denunciar violencia intrafamiliar, a lo único que se limitaban los funcionarios responsables era a tratar de lograr la reconciliación y convencer a la víctima de que regresara junto a su victimario.
Y aunque no ha corrido mucha agua bajo los puentes, en estos pocos años las cosas han cambiado radicalmente, sobre todo por la aparición de fenómenos inéditos como el de las muertas de Juárez, que colocó a esa ciudad fronteriza y al país entero en la atención mundial por el disparo en el número de muertes de mujeres, asesinadas y desaparecidas sin justificación alguna.
Desde luego, la violencia amenaza a todos por igual y en el caso de los varones, los jóvenes de Ciudad Juárez también han sido severamente victimizados. Sin embargo, en el caso de las mujeres se tiene la idea de que en muchos casos han sido personas muy cercanas a ellas las responsables de su circunstancia de riesgo, aquí sí en razón de su condición de mujeres.
Establecer procedimientos especiales para atender este tipo de violencia tiene que ver con una decisión consciente y razonada de la sociedad para contribuir a revertir las circunstancias que la propician. Incluso puede tomarse como una cuestión temporal, tal y como ocurre con las cuotas de género para propiciar una mayor representación de las mujeres en cargos de elección.
Sin embargo, parece difícil que en el corto plazo se logre un emparejamiento del piso en el que se desenvuelven hombres y mujeres. El tamaño del reto se puede apreciar en la actitud de los funcionarios que nos gobiernan, cuya primera reacción ante el incremento de la violencia que se ceba en las mujeres suele ser intensamente defensiva.
Particularmente, los funcionarios panistas suelen ser más refractarios al tema del género. Los ejemplos sobran a lo largo de los años y resulta más lamentable que a la hora que una mujer panista se pronuncia sobre el tema, como lo hizo la senadora Pilar Ortega, salga uno de sus compañeros de partido a tratar de vulnerarla con falacias imperdonables.
En efecto, no se entiende lo que quiso decir Diego Sinhué Rodríguez cuando su respuesta a las críticas sobre el tipo penal de feminicidio aprobado en su legislatura, fue la de deslizar que él había sido diputado porque le ganó la interna a Pilar Ortega. ¿Es que acaso el beneficio social de legislar se reduce a una guerra de vanidades? Vaya pobreza.
Mucho habrá que trabajar para que los políticos asuman que los retos que nos lastran como sociedad son más reales y temibles que sus pequeñas filias y fobias personales. En cuestiones de género y de muchas otras cosas.
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