Empieza a generalizarse la idea de que detrás del Instituto Guanajuatense de Apoyo y los Migrantes y sus Familias, no hay nada más que un compromiso retórico por parte del gobernador Miguel Márquez hacia ese más de un millón de coterráneos, o descendientes de ellos, que viven en los Estados Unidos.
De entrada, la decisión de integrar el Instituto, como relevo de lo que hasta el sexenio pasado no era más que una dirección de área, no trajo consigo ningún apoyo extra en presupuesto o en plazas para atender la ingente tarea de darle cuerpo a una política pública que se entienda con el fenómeno migratorio.
En segundo lugar, la decisión de encargar el nuevo organismo a un político panista sin formación teórica ni experiencia práctica en el terreno de la migración, el ex alcalde irapuatense Luis Vargas Gutiérrez, mando otro mal mensaje para una comunidad que cuenta entre sus filas a algunos de los guanajuatenses más esforzados y exitosos en la historia del estado.
Desde luego, el Instituto del Migrante apenas se está conformando y muchas de sus funciones apenas están por ser desarrolladas. Sin embargo, han ocurrido situaciones en las que sería importante que ya se hubieran lanzado señales de lo que se quiere que sea este organismo en el corto plazo.
Una de ellas es el fraude que acaba de estallar entre aspirantes a trabajar legalmente en los Estados Unidos, quienes fueron estafados en cantidades que alcanzan los 10 mil pesos promedio por persona, afectando a casi 300 personas, quienes se encuentran en la mayor de las indefensiones, sin orientación legal y endeudados tras el engaño de Chamba México.
Si bien puede ser mucho pedir una tarea de prevención cuando el Instituto del Migrante apenas se encuentra reubicando su sede, algo que sí será exigible en los próximos meses y años; nada debería impedirles el hacerse presentes para orientar a las víctimas una semana después de que se hizo público el tema.
La mayor parte de los defraudados se encuentran en Irapuato, justamente el municipio de donde es vecino Vargas y que gobernó hace algunos años; el fraude pudo ser maquinado en buena medida por la participación, no se sabe si ingenua o premeditada, de un funcionario de nivel medio del municipio de Irapuato, Enrique Gallardo, a quien ya se despidió antes de indagar acerca de su participación.
No se aprecia ninguna proactividad de parte del nuevo organismo y su responsable, ya que incluso el posicionamiento mediático ante el fraude fue realizado desde la Secretaría de Desarrollo Social y no por el Instituto del Migrante. Por cierto, la reacción fue la de emitir una alerta, justamente cuando ya todo había pasado.
Si tomamos en cuenta que ante la carencia de presupuesto y de infraestructura, serán las acciones personales y la pertinencia de los mensajes lo que pueda empezar a posicionar y darle credibilidad a una entidad que debe vérselas con un fenómeno de vital importancia para Guanajuato y sus habitantes, hasta ahora puede considerarse que Luis Vargas no ha hecho la tarea.
Otra grave falla fue cuando hace pocas semanas un grupo de centroamericanos en tránsito hacia los Estados Unidos, se presentaron a las puertas del Instituto Estatal del Migrante, a fin de pedir apoyo para realizar una llamada telefónica a sus familias, tras un accidente de tren en Celaya. El servicio les fue negado y se puso en evidencia la ausencia de un protocolo de atención a esa otra clase de migrantes.
En el aspecto migratorio cada vez queda más claro que no se puede exigir un respeto a los derechos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos , mientras en México se atenta contra esos mismos derechos de aquellos extranjeros que cruzan el país formando parte de una ola que nos excede y nos hace parte de ella solo como el último eslabón.
Guanajuato es una entidad que recibe más de dos mil millones de dólares al año por concepto de remesas de sus habitantes emigrados a los Estados Unidos. Después de Michoacán es la entidad con más flujo de recursos por el trabajo de los paisanos; y ambas entidades, juntas, acaparan la quinta parte de las divisas que llegan al país.
Michoacán elevó al atención a migrantes a categoría de organismo autónomo desde el año de 2002, lo que apenas se está haciendo en Guanajuato en este momento; y fue más lejos al crear una secretaría del gabinete estatal exclusivamente dedicada a las políticas de apoyo a migrantes y de acercamiento con sus comunidades en el extranjero, desde 2008.
Guanajuato, apenas se decidió a dar un pequeño paso que ha sido festinado en grande desde el punto de vista político, pero que tiene por delante la necesidad de probar su nivel de compromiso.
Sin embargo, cuando no hay compatibilidad entre la función y el funcionario; cuando los perfiles no se encuadran y cuando una nueva política sólo sirve de pretexto para acomodar a un político sin empleo, todo se reduce a caminar con el freno de mano puesto, que es la mejor manera de fracasar.
Echar a andar instituciones es como lanzar hijos al mundo: el gran reto no es crearlas, sino sostenerlas y contribuir a su crecimiento y su conversión en organismos de bien.
Hoy, por hoy, el Instituto del Migrante de Guanajuato no es más que un buen deseo que no acaba de ser comprendido por el personaje en el que su creador deposito la confianza. Y todo parece indicar que no tiene con que dar ese paso.
@arnoldocuellaro
