En estos tiempos de extrema inseguridad, opacidad oficial y caos provocadopor la violencia en las calles, todo parece ocurrir en clave y todo tiene importancia.
El pasado lunes 9 de marzo, la Secretaría de Gobierno dirigida por Luis Ernesto Ayala Torres emitió un comunicado de prensa que se hubiera entendido mejor si la responsable hubiera sido la Fiscalía General del Estado: la noticia era la captura de una «peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en León».
Imagen: carátula del boletín de la coordinación de comunicación social de la Secretaría de Gobierno, del 9 de marzo de 2020.
El comunicado de la Secretaría de Gobierno incluía logos de tres instancias federales: Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, pero no de la Fiscalía General del Estado ni de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, no obstante que los elementos policiales aparecidos en las fotos que se anexaron, era integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que se presumía una labor de investigación de las instancias estatales.
Ni el presidente de la República ni el gobernador del estado le están dando la importancia que merece a la grave situación que viven alrededor de un millón de personas en la región Laja Bajío de Guanajuato, hoy tristemente conocida como el «triángulo del huachicol.»
En una semana grupos del crimen organizado derrochan poder de fuego sobre una comisaría; hacen estallar un coche bomba frente a los cuarteles de la guardia nacional; cercan la ciudad con bloqueos en las principales vías de acceso, secuestrando vehículos e incendiándolos; y esta noche lanzan un ataque mortal contra un alto mando de la policía municipal, al parecer un colaborador cercano al nuevo secretario de seguridad.
Uno es el estado que están viendo desde los altos podios donde les gusta plantarse, personajes como Diego Sinhue Rodríguez y Carlos Zamarripa. Otro el que ven sus gobernados.
Según los informes, los mensajes publicitarios, los equipos de prensa gubernamentales, Guanajuato es un lugar de ensueño apenas opacado por dos o tres incidentes menores que no les merecen mucha atención.
Foto: Juan José Plascencia
Aquí la criminalidad disminuye, aseguran, salvo por ese pequeño inconveniente de los homocidios dolosos, forma técnica de llamar a las masacres inmisericordes, las ejecuciones cotidianas y las muertes colaterales de víctimas inocentes. Eso no los despeina ni les quita el sueño.
Por lo menos en tres momentos decisivos se ha podido apreciar la debilidad que el alcalde de León tiene por el empresario radiofónico Jorge Torres Gómez, un emergente barón de los medios de comunicación que trata de llegar a las grandes ligas estatales a cómo de lugar y con muy pocos escrúpulos.
Padrinos poderosos. Foto: especial
El primer momento ocurre cuando Héctor López Santillana decide sabotear por completo el trabajo que venía realizando el comité ciudadano formado para impulsar la Marca Ciudad, una idea original del innovador empresario que fue Julio Ramírez Wiella, lamentablemente ya desaparecido.
Las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en relación a la muerte del migrante Leonardo Reyes Cayente asombraron a muchos de quienes seguimos de cerca la gris gestión del titular del organismo, Raúl Montero de Alba, el primer ombudsperson que heredó el cargo de su antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, premiado hoy con una magistratura penal en el Poder Judicial del Estado.
Montero de Alba llegó a ocupar una posición burocrática privilegiada no por sus conocimientos, su trayectoria o su compromiso con los derechos humanos, sino como instrumento de Rodríguez Junquera para conservar una posición de poder y garantiza cargos burocráticos a quienes fueron sus colaboradores más cercanos.
El síntoma es generalizado: los descendientes de los políticos que pretendían cambiar la faz del estado y las formas de gobernar, hoy se encuentran en fuga. El PAN no es más el partido que quería llevar la voz ciudadana a los espacios de decisión, hoy es más que nunca una clase dirigente a la defensa de privilegios y alejado de las penurias de sus gobernados.
Como en el gobierno estatal, en San Miguel de Allende otro gran protagonista de la era panista en Guanajuato y su asalto al escenario nacional, Luis Alberto Villarreal, ve como su alcaldía hace agua, en buena medida por su propia frivolidad, pero también por el asalto de una violencia descontrolada en la que asoman todas las contradicciones del oropel que se ha querido construir sobre las desigualdades que oculta «la mejor ciudad para vivir».
Doble tragedia en San Miguel de Allende: la violencia y la insensibilidad oficial. Foto: News San Miguel
La muerte de Magdalena, una mujer que caminaba con su pareja por el centro de la ciudad, tras un ataque premeditado contra un hombre que caminaba pasos adelante, quiso ser disfrazada como un incidente que «no afecta a los visitantes», pretendiendo hacer pasar a la víctima como residente local.
Guanajuato, escenarios políticos 