Las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en relación a la muerte del migrante Leonardo Reyes Cayente asombraron a muchos de quienes seguimos de cerca la gris gestión del titular del organismo, Raúl Montero de Alba, el primer ombudsperson que heredó el cargo de su antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, premiado hoy con una magistratura penal en el Poder Judicial del Estado.
Montero de Alba llegó a ocupar una posición burocrática privilegiada no por sus conocimientos, su trayectoria o su compromiso con los derechos humanos, sino como instrumento de Rodríguez Junquera para conservar una posición de poder y garantiza cargos burocráticos a quienes fueron sus colaboradores más cercanos.
El síntoma es generalizado: los descendientes de los políticos que pretendían cambiar la faz del estado y las formas de gobernar, hoy se encuentran en fuga. El PAN no es más el partido que quería llevar la voz ciudadana a los espacios de decisión, hoy es más que nunca una clase dirigente a la defensa de privilegios y alejado de las penurias de sus gobernados.
Como en el gobierno estatal, en San Miguel de Allende otro gran protagonista de la era panista en Guanajuato y su asalto al escenario nacional, Luis Alberto Villarreal, ve como su alcaldía hace agua, en buena medida por su propia frivolidad, pero también por el asalto de una violencia descontrolada en la que asoman todas las contradicciones del oropel que se ha querido construir sobre las desigualdades que oculta «la mejor ciudad para vivir».
Doble tragedia en San Miguel de Allende: la violencia y la insensibilidad oficial. Foto: News San Miguel
La muerte de Magdalena, una mujer que caminaba con su pareja por el centro de la ciudad, tras un ataque premeditado contra un hombre que caminaba pasos adelante, quiso ser disfrazada como un incidente que «no afecta a los visitantes», pretendiendo hacer pasar a la víctima como residente local.
De acuerdo al Observatorio Turístico de Guanajuato, el fenómeno de creciente inseguridad que vive la entidad, y que se refleja principalmente en una mayor cobertura de la prensa nacional a los eventos delictivos de alto impacto en la entidad, afectó al sector turismo con una caída del 11 por ciento durante 2019.
Atendiendo a los datos que publican medios nacionales, el descenso se refleja en una ocupación hotelera de 40 por ciento promedio; un descenso en la derrama económica del 13 por ciento; una baja en cuartos ocupados del 7 por ciento.
Los destinos más afectados son las ciudades del corredor industrial, de Celaya hasta Silao. Sin embargo, también San Miguel de Allende, la joya de la corona turística de la entidad, vio como bajaba su ocupación de 2018 a 2019 en un 3 por ciento.
Publicidad engañosa. Fuente: guanajuato.gob.mx
Ante esta situación, el gobierno del estado ha optado por incrementar la promoción de la entidad, sin reparar en costos.
La función esencial de la superestructura jurídica que la sociedad ha construido es la de propiciar una convivencia civilizada, superar el inseguro estado de naturaleza, donde priva la ley del más fuerte, para generar un espacio civilizado y civilizatorio.
Cuando el máximo representante del Poder Ejecutivo de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, insiste en un discurso cuyo motivo esencial es el de la recuperación del estado de derecho en Guanajuato, realiza una dura crítica a gobiernos anteriores, incluyendo a aquel del que formó parte con Miguel Márquez a la cabeza.
Guadalupe Cayente, madre de Leo Reyes, con Alejandro Solalinde, en su peregrinar por la justicia que no encuentra en Guanajuato. Foto: Especial.
Sin embargo, la vía elegida para restaurar la civilidad en la sociedad de Guanajuato, para «serenarla» como gusta de frasear el presidente Andrés Manuel López Obrador, no parece estar dando resultados.
Algo profundo está podrido en la procuración de justicia de Guanajuato, cuando el presunto asesino doloso de 4 niñas en Cuerámaro está prófugo gracias a la protección de su padre, un funcionario que goza de «permiso económico» de la Secretaría de Educación, mientras 17 personas que exigían justicia y traspasaron los límites de una protesta pacífica, permanecen presos acusados de terrorismo, por el selectivamente implacable fiscal Carlos Zamarripa.
Protesta en León el jueves 6 de mayo. Foto: Facebook
Algo profundo está torcido en Guanajuato, cuando la fiscalía del estado festeja por todo lo alto la detención de la «compañera sentimental» del líder huachicolero más buscado del país, pero a los pocos días esta sale libre por «fallas en el cateo» realizado por esa misma fiscalía, sin una orden judicial.
Algo muy grave pasa en Guanajuato cuando un empresario veracruzano es detenido por los guardias de corps del gobernador del estado, por el pecado de entrar a visitar a una persona al clúster donde vive el mandatario acompañado de guardias armados, justo como se pasean buena parte de los empresarios leoneses y resulta vinculado a proceso por el testimonio de policías que ni siquiera estuvieron presentes en la detención.
Cuando en todo el mundo arrecia la preocupación y las exigencias de acciones concretas para detener el deterioro ambiental y sus consecuencias, como el cambio climático, los desastres naturales asociados y el incremento de las presiones migratorias, en Guanajuato parece que seguimos anclados en la irresponsabilidad del pasado.
No puede entenderse que el gobierno encabezado por Diego Sinhue Rodríguez se plantee revoluciones imaginarias, imitación de sociedades distintas y distantes, y la búsqueda de un primermundismo discursivo, cuando la realidad nos devuelve una y otra vez a la precaria situación que vivimos, teñida de desigualdad, de carencia de estado de derecho y de impunidad.
Hoy me limitaré a abordar el tema ambiental, aunque no puedo dejar de mencionar la inquietante realidad que se vive en buena parte de los municipios del centro y sur del estado, donde la actuación rampante de grupos del crimen organizado ha creado de facto un toque de queda producto del terror y de la ausencia de gobierno. Ya hablaremos de eso.
Pero muy poco puede hacerse para combatir la inseguridad cuando el estado renuncia a facultades tan elementales como las de normar el desarrollo equilibrado y sustentable y permitir triquiñuelas para que personajes influyentes lucren con una de las escasas reservas forestales de una entidad que si algo le hace falta son árboles.
Al llegar a la treintena de años en el poder estatal, les falta uno, el partido Acción Nacional ya ha visto pasar tres generaciones diferentes de políticos. La historia no parece haberse acumulado para generar una experiencia positiva para la población, si en cambio para que se acentúen vicios y se genere una clase política plagada de complicidades y que se decanta a la corrupción cada vez con mayor cinismo.
A los Fox y Medina los relevaron los Oliva y Márquez. El empujón inicial de la visión empresarial y la llegada del primero a la presidencia de la República consolidaron el impulso al proyecto de atracción de inversión extranjera como el principal eje rector del proyecto panista en Guanajuato.
Los operadores electorales que siguieron a los políticos empresarios no tenían la misma visión, pero sabían como ganar elecciones y como generar clientelas electorales más o menos permanentes.
Guanajuato, escenarios políticos 