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DÍAS DE GUARDAR Domingo 15 de marzo de 2020

In Análisis Político, Días de Guardar, POPLab on marzo 14, 2020 at 9:35 pm

* Fracasa política de simulación de Diego Sinhue

* Policía de Celaya, el problema en la médula

* Agenda feminista: nadie podrá eludirla

Ilustraciones: @PincheEinnar

1.- Alerta de viaje de la embajada americana, otro paso al abismo

De nada parecieró servir la maniobra del fiscal Carlos Zamarripa, cuando invitó a funcionarios de la embajada americana para que atestiguaran su sobregirado informe de labores y de paso poner sobre el tapete sus pretendidas alianzas y respaldos desde el país vecino.

Ayer, el Departamento de Estado lanzó una actualización de las alertas de viaje para sus funcionarios, que de paso sirven de guía para los ciudadanos de ese país, colocando a la región sur del estado como zona restringida para el personal estadounidense “que visita el estado de Guanajuato por asuntos oficiales”.

La alerta pide “no viajar a la zona localizada al sur de y sobre la carretera 45D, Celaya, Salamanca e Irapuato.” Se trata de la autopista de cuota de Irapuato a Querétaro, la vía troncal que comunica desde la ciudad de México a todas las ciudades del estado de Guanajuato. Al sur de esa vía queda también la carretera 45, la Panamericana, que corre paralela a la de paga.

Sobre la zona restringida se encuentran armadores de autos como las japonesas Honda y Mazda, en Celaya y Salamanca, respectivamente; además de numerosas empresas de la cadena de proveedores de ambos complejos.

Tomando en cuenta que las restricciones de viaje para el personal de la embajada son, también, alertas para los viajeros en general, la decisión anunciada ayer traerá consecuencias severas en la percepción que se tiene en el extranjero sobre la entidad, al oficializar lo que se divulga cotidianamente, en la cobertura de medios nacionales e internacionales, sobre el aumento de la violencia en la zona centro y sur del estado.

Hasta hace poco, en sus esporádicas apariciones en medios para hablar del tema de seguridad, al que rehuye por sistema, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez había utilizado la ausencia de Guanajuato en las restricciones y alertas manejadas por el Departamento de Estado del vecino país, como factor para equilibrar la percepción de riesgo de la entidad, tras las escaladas de la violenta guerra entre los dos cárteles que asuelan la región.

Todavía, tras el encadenamiento de hechos violentos en Celaya de esta semana, el gobernador se resistió a enviar mensajes a la población de la zona y volvió a remitir las preguntas de los medios hacia su vocera de seguridad, Sophia Huett, la cual cada vez goza de menor credibilidad, sobre todo por su manejo propagandístico carente de datos.

El gobierno de Guanajuato parece empantanado y ensimismado en la táctica equivocada del avestruz: simular que no es grave la situación y que todo se puede revertir con un manejo discursivo.

Uno a uno, los hechos han venido mostrando lo equivocado de la táctica que no parece diseñada por asesores políticos, sino por simples consultores de mercadotecnia. El tema no está resultando en lo sustantivo, donde el deterioro de la paz y la tranquilidad del estado ha llegado a nvieles insoportables para los ciudadanos, ni tampoco en lo accesorio: aumenta la percepción de un gobierno ajeno a la realidad, insolidario con la población a la que se debe y evasivo con sus responsabilidades.

El monólogo del gobernador sobre la apuesta por un estado de derecho firme y la no sumisión frente al crimen, no parece tener correlato en la dinámica cotidiana del estado, donde la impunidad sigue jugando a favor de los criminales y en contra de la población.

La mano firme de la fiscalía aparece para perseguir ciudadanos que se han excedido en sus protestas, pero brilla por su ausencia en contra de las bandas armadas que parecen circular sin obstáculo alguno.

No parece haber esperanza de que se logren buenos resultados cuando no se enmienda el camino, ni se es mínimamente autocrítico y cuando se refrendan los métodos que nos han situado en un tobogán de inseguridad, violencia e indefensión.

El único que parece seguir creyendo en la actuación del fiscal Zamarripa, es el gobernador, pues incluso al interior de su partido ya hay serias dudas sobre esa apuesta que puede traer serias consecuencias para los candidatos panistas en la próxima cita electoral, particularmente existe preocupación en los diputados que buscarán la reelección.

Por lo pronto, las restricciones de viaje para empleados del gobierno americano podrían ser la antesala de una alerta de viaje más general que se sumaría a la baja que ya padecen la actividad económica y el turismo por la imagen de ineseguridad proyectada por los medios y, por si algo faltara, al efecto de la pandemia en ciernes.

Parece otra tormenta perfecta sobre la que nada se está previendo y ni siquiera se le quiere ver.

2.- La policía de Celaya tiene dueño

En una sola noche, con una operación sincronizada, fuerzas del crimen organizado aún sin identificar, descabezaron con sendos golpes a la nueva secretaría de seguridad de Celaya que desde diciembre dirige el experimentado ex policía federal Miguel Ángel Simental.

Juan Antonio Zumaya Arteaga, coordinador operativo de la policía municipal, quien asumió el cargo luego del arribo de Simental a la Secretaría de Seguridad Pública, fue atacado en su vehículo por sicarios, el pasado jueves, resultando muerto y su acompañante herida.

Ese mismo día, interceptado en un camión de pasajeros donde viajaba a la ciudad de México, fue secuestrado y a la postre asesinado el director administrativo de la corporación, José Luis Montes Santos, otro hombre de confianza de Simental.

El doble homicidio no ha sido reivindicado por ninguno de los cárteles que se enfrentan en Celaya, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. El fin de semana anterior una comisaría de la policía municipal fue atacada, aparentemente por los jaliscienses.

El martes, sin embargo, la operación de bloqueo de la ciudad, en reacción a una presunta operación dirigida contra José Antonio Yépez, “El Marro”, quien permanece prófugo, corrió a cargo de los sicarios de Santa Rosa de Lima, algunos de ellos menores de edad de acuerdo a la versión de las autoridades estatales.

Resulta difícil para los ciudadanos y los observadores externos tener certeza de quiénes están actuando en cada evento violento en Celaya, pero lo cierto es que la autoridad y las fuerzas del orden parecen replegadas, con la consecuente impunidad de las fuerzas criminales.

El asesinato de los dos brazos con los que contaba el secretario Miguel Ángel Simental parecen un ataque directo a la intención que trajo a este policía federal a Celaya: limpiar la policía local, reconstruirla y dotarla de confiabilidad, algo que no pudo hacer Alvar Cabeza de Vaca en los largos años que controló esa corporación a través de un mando único de facto.

Es imposible no ver una intención de impedir que policías provenientes de la federación coadyuven con la pacificación de Celaya. La decisión de la alcaldesa Elvira Paniagua, de retirarse del área de influencia de los zares de la seguridad en el estado para tratar de acogerse a la esfera federal, es lo que parece estar siendo castigado con estas acciones criminales.

Ya no se trata simplemente de un hecho policial, es un tema eminentemente político, a cuya solución o encaramiento no puede ser ajeno el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, so riesgo de convertirse simplemente en otra figura decorativa.

No puede darse ese lujo. La respuesta de cajón “pregunten a Sophia”, ya no solo es evasiva, ahora parece también irresponsable y políticamente suicida.

3.- La agenda reivindicativa de derechos de mujeres apenas empieza

Se equivocan mucho quienes piensan, sobre todo hombres, que las manifestaciones de mujeres en defensa de sus derechos, en reclamo de igualdad y en repudio a la violencia que han vivido, son simplemente “una tendencia” que bajará de intensidad.

La intolerancia de las nuevas generaciones de mujeres a comportamientos normalizados de discriminación, a micro y macro machismos y a la violencia de una sociedad patriarcal y masculinizada en su ejercicio del poder y la responsabilidad, parece haber surgido del consistente desdén que han recibido reclamos y demandas en el pasado reciente.

Y no se trata solo de las feministas que han decidido irrumpir en el espacio público con actitudes retadoras, se trata también de la resistencia menos episódica, más permanente y provocadora de mayores reacciones, que se viene dando en instituciones educativas, gubernamentales, sociales, para exigir el cese del acoso, de la marginación y de las prácticas inequitativas.

En la medida que escuelas, universidades, asociaciones, instituciones públicas, no se muestren capaces de procesar nuevas reglas del juego, nuevos protocolos y respuestas más rápidas, la resistencia de las mujeres, lejos de amainar, irá en crecimiento.

Habría que entender que las manifestaciones masivas, nunca antes vistas, no son una culminación, sino un inicio. Se trata de un ¡ya basta!, con consecuencias.

Van a errar mucho los hombres en cargos de responsabilildad que soslayen este llamado, que mantengan su actitud de descreimiento y de minimización de esta nueva conciencia femenina.

Aunque también, paradójicamente, esa actitud misógina puede ser dialécticamente una contribución a la lucha feminista al obligarla a profundizar sus acciones y sus estrategias de largo plazo.

Por lo pronto, es seguro que esta nueva agenda pública estará presente en las elecciones del próximo año, planteando una exigencia de congruencia a los hombres y las mujeres que busquen cargos públicos. Ya veremos quienes estarán a la altura del reto.

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