El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, acaba de ser reelecto por 4 años más. No lo fue en una elección abierta, ni siquiera en una decisión indirecta que contemple la opinión de la comunidad. Recibió el respaldo de una junta directiva de 11 notables, ocho de ellos empleados de la Universidad y 3 externos.
La junta es endogámica y cooptable. Por ejemplo, a los pocos días de la reelección la hija de uno de sus integrantes, Enrique Navarro González recibía un puesto de privilegio: la coordinación del naciente Museo Universitario, de donde fue removida cuando se hicieron preguntas a través de transparencia sobre su trayectoria y currículo. De cualquier manera, solo fue reubicada.
No es la primera vez que eso pasa. La autonomía de la Universidad, lograda por el ex rector, después gobernador y hoy líder cameral panista Juan Carlos Romero Hicks, logró convertir a la UG en un coto de poder de una clase académica controlada por este prócer panista quien mantiene una gran influencia sobre ella hasta la fecha.
Ayer, el
gobernador de Guanajuato se ganó espacios en los medios nacionales al apoyar la
iniciativa del presidente norteamericano para declarar como actividad terrorista
la que realizan los carteles del crimen organizado en el país.
A las pocas horas
de su declaración, en el municipio de Cuerámaro, entre 500 y mil personas, según
distintas reseñas, desbordaron una protesta que reclamaba justicia para cuatro
jovencitas muertas en un accidente vial provocado por un menor de edad en
aparente estado de ebriedad.
Sigue siendo vigente la vieja sentencia de que la primera víctima de una guerra es la verdad. Ahora lo vemos en el tema de la gasolina, donde la desinformación fluye a borbotones y escasean los datos concretos y los análisis razonados que contribuyan a entender y afrontar la emergencia.
Desde las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador surgen explicaciones efectistas que hasta hoy han logrado su objetivo de poner a la población de parte de la lucha contra el robo de combustibles, aunque, como en cualquier parte de guerra, los datos sean más propaganda que información contrastable.
Importación de gasolina, negocio, no magia ni solidaridad. Foto: El Financiero.
La alcaldesa ex panista y neomorenista de Salamanca, Beatriz Hernández quiso dejarlo bien claro: su asunción del poder se convirtió en una reivindicación política y social del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, quien fuera señalado por la sentencia de una jueza federal como responsable de una cadena de abusos cometidos contra menores de edad que tenía bajo su resguardo en el albergue Ciudad de los Niños.
Se trata de toda una declaración política. El sacerdote quedó gravemente afrentado con el exgobernador Miguel Márquez Márquez, después de haber sido grandes amigos, por que tuvo la osadía de intervenir el albergue a través del DIF estatal, después de la resolución judicial. Lee el resto de esta entrada »
Impunidad y revictimización institucional en el caso de Isabel Puente Gallegos, la becaria de Julio César Kala.
En agosto de 2015, hace apenas dos años y medio, el concepto de acoso sexual contra mujeres por parte de sus superiores o sus iguales en el trabajo era algo que solo se mencionaba en voz baja. Lee el resto de esta entrada »
Sería muy grave que en los negocios de ex funcionarios y altos funcionarios, se violara la ley de forma flagrante en un tema tan delicado como el del masivo e impune robo de combustibles; sin medias tintas, amerita esclarecimiento al máximo.
Los niveles que ha alcanzado el robo de combustible y su posterior comercialización en la entidad, los cuales nos han llevado a ser el estado que encabeza ese problema a nivel federal a la par que Puebla y Tamaulipas, no podrían haberse alcanzado sin una amplia complicidad de diversos niveles de gobierno y de sectores de la iniciativa privada. Lee el resto de esta entrada »
Los alcaldes y el gobernador enderezan críticas contra las leyes para justificar su inacción contra el crimen; sin embargo, no reparan en sus propias acciones generadoras de impunidad, al dar avales por conveniencia política.
Desde el gobierno del estado y las alcaldías panistas se ha enderezado una campaña para justificar el incremento de los delitos echando la culpa al nuevo sistema penal acusatorio, no obstante que se trató de una reforma largamente planeada e instrumentada con tiempo y con recursos, proceso a lo largo del cual ninguno de los que hoy se quejan hizo advertencias. Lee el resto de esta entrada »
Una serie de infortunadas coincidencias ha permitido comprobar lo que muchos imaginábamos: que la procuración de justicia en Guanajuato no vive sus mejores momentos, y no por razones de estado, sino por groseras ambiciones personales.
La política en Guanajuato nunca ha sido física nuclear, en términos de que no hace mucha falta un gran aparato teórico para descifrarla. Hace tiempo que no vemos más que cambalaches, un quid pro quo cada vez más grosero y evidente. Lee el resto de esta entrada »
En los últimos 8 años, de acuerdo a mandos militares, el delito de robo de combustibles se ha cometido en Guanajuato sin una estrategia de seguridad que se le oponga; hoy, apenas comienza la coordinación.
El estado vive un incremento en los acontecimientos violentos ligados a la actuación de grupos delincuenciales desde el año de 2016. Esa explosión, sin embargo, no parece ser espontánea sino que se había venido preparando en los años anteriores, sobre todo a causa del crecimiento del robo de combustible y los delitos asociados a esa actividad. Lee el resto de esta entrada »