Sería muy grave que en los negocios de ex funcionarios y altos funcionarios, se violara la ley de forma flagrante en un tema tan delicado como el del masivo e impune robo de combustibles; sin medias tintas, amerita esclarecimiento al máximo.

Los niveles que ha alcanzado el robo de combustible y su posterior comercialización en la entidad, los cuales nos han llevado a ser el estado que encabeza ese problema a nivel federal a la par que Puebla y Tamaulipas, no podrían haberse alcanzado sin una amplia complicidad de diversos niveles de gobierno y de sectores de la iniciativa privada.

Hoy, cuando la violencia asociada a la disputa por un negocio cuyos beneficios han llegado a superar al resto de las actividades delictivas explota por toda la entidad, las autoridades locales y federales empiezan a ponerle atención al asunto y, como suele ocurrir, a responsabilizarlo de todos nuestros males.

El gobernador Miguel Márquez encaró a Pemex, al ejército y a la Procuraduría General de la República, reclamándoles su falta de actuación en el combate al que se ve como un delito del ámbito federal.

Un alto mando del ejército respondió que aquí actúan bandas organizadas desde hace una década que no han sido molestadas.

Cuando la batalla mediática y el intercambio de acusaciones dio paso a la sensatez y a las reuniones de coordinación para abatir una actividad delictiva que se estaba yendo de las manos y clocando a Guanajuato en el centro del huracán sobre el tema, empezaron a gotear algunos resultados.

Miguel Márquez y el todavía director de Pemex, José Antonio González Anaya, anunciaron el pasado 22 de noviembre la clausura de once gasolineras en la entidad, sospechosas de vender combustible robado, además de que otras veintiuna se encontraban en investigación.

Los funcionarios emitieron un escueto boletín de prensa, producido como resultado de una reunión del Grupo de Coordinación Guanajuato, al que se integran los mandos federales y estatales del área de seguridad. El anuncio se llevó los titulares principales de casi todos los medios.

Dos días después, una gasolinera de la ciudad de Guanajuato ubicada en un lugar de intenso tránsito, el  crucero de la carretera de Marfil y la Silao – Guanajuato libre, apareció cerrada y con las bombas cubiertas con estructuras de triplay. Ligar una cosa con otra no fue difícil, pues parecía que las bombas estaban cubiertas para ocultar sellos de clausura.

La noticia, más que la clausura, la daba el propietario de la estación, un destacado profesionista y político de la capital del estado, marco Antonio Vergara Larios, que fue rector de la Universidad de Guanajuato, Secretario de Finanzas del Estado, administrador regional de la SHCP y alto mando de la Policía Federal Preventiva a nivel nacional.

La primera versión de la empresa, a través de terceros fue que la gasolinera se encontraba en remodelación y que habría una aclaración pública, que no ocurrió hasta que el conflicto escaló días más tarde. En el ínterin, Vergara Larios exploró con abogados capitalinos la posibilidad de demandar a los medios que estaban publicando la información.

A todo esto, la negativa del Gobierno del Estado y de Pemex para hacer pública la lista de gasolineras clausuradas, aumentó la incertidumbre y avivó los rumores. Finalmente, una oportuna investigación del diario estatal Correo exhibió tanto la lista de las 11 gasolineras como la participación accionaria en la gasolinera de Guanajuato, tal y como estaba dada de alta en el Registro Público de la Propiedad.

El tema resultó suculento para los medios, pues una parte importante de las acciones de la gasolinera aparecían a nombre de Iván Alejandro Vergara Ayala, vástago de Vergara Larios y alto funcionario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, un mando de la entidad encargada de la coordinación nacional en materia de seguridad, aparecía vinculado a un tema central en la actividad delictiva que tiene de cabeza al país y a Guanajuato.

Medios nacionales publicaron la renuncia de Vergara Ayala a su cargo de director general de vinculación y seguimiento, la cual desmintió el propio involucrado al mismo tiempo que se deslindaba de la participación accionaria en la empresa familiar.

Sin embargo, aquí surgieron varias dudas. Vergara Ayala publicó a un costo nada barato un desplegado de plana entera en el diario A. M. para aclarar su separación como accionista desde 2010; sin embargo, allí mismo se mostraba muy enterado de las vicisitudes de la empresa pues aducía que la clausura vino por el fallo de un “software volumétrico”.

Es decir, para no ser accionista tenía información de primera mano y aparecía aclarando temas de la empresa y no del cargo que representa. Por otra parte, la versión contradecía la primera explicación de los encargados de la estación de servicio que justificaron la suspensión de labores por “una remodelación”.

Por lo pronto, Vergara asegura que sigue en su puesto, mientras que su padre, el ex rector, elige permanecer a la sombra y mover tentáculos y redes para tratar de apaciguar el temporal, lo que deja en claro que no se tiene una explicación consistente para la inoportuna clausura o remodelación.

De paso, la advertencia de acciones legales en contra del medio que más ha profundizado en el tema, se antoja prepotencia de funcionario federal de altos vuelos y una proclividad por la censura y la intimidación. Lástima, tratándose de una nueva generación de servidores públicos, pero con eso y con más hay que lidiar ante el desplome de la legalidad en el país de la mano de quienes deberían garantizarla.

El tema tendría una salida muy sencilla, si el gobierno del estado y Pemex transparentaran las acciones que están tomando para combatir la venta de combustible robado en negocios legalmente establecidos, algo que la población merece saber a fin de sumarse a una tarea que debe ser de todos y no solo del gobierno.

Sin embargo, lejos de eso, el gobernador Márquez siempre tan contundente para señalar las omisiones federales, esta vez eligió el silencio e incluso justificó que la suspensión de la gasolinera podía ser “por cuestiones administrativas”.

La gran pregunta es si en serio hay un compromiso para restaurar el estado de derecho por parte de las autoridades que fueron electas para preservarlo y fortalecerlo o si solo se trata de un doble discurso que en realidad se vuelve cómplice del deterioro que vivimos.

¿Nos responderán o dejarán que extraigamos nosotros las conclusiones?