Los alcaldes y el gobernador enderezan críticas contra las leyes para justificar su inacción contra el crimen; sin embargo, no reparan en sus propias acciones generadoras de impunidad, al dar avales por conveniencia política.

Desde el gobierno del estado y las alcaldías panistas se ha enderezado una campaña para justificar el incremento de los delitos echando la culpa al nuevo sistema penal acusatorio, no obstante que se trató de una reforma largamente planeada e instrumentada con tiempo y con recursos, proceso a lo largo del cual ninguno de los que hoy se quejan hizo advertencias.

Los políticos que así se justifican, responsabilizan a la nueva legislación penal de la impunidad que campea en nuestro estado, donde son mínimos los delitos que se denuncian y mucho menos los que llegan a sentencia. Sin embargo, estos mismos declarantes, no se hacen cargo de cuando ellos mismos propician la impunidad. Vean estos ejemplos.

1.- El gobernador Miguel Márquez Márquez ha decidido enfrentar la orden de una jueza federal que le instruye a investigar posibles delitos en el albergue Ciudad de los Niños de Salamanca con una encarnizada resistencia.

El mandatario decidió ya que su amigo el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías debe ser exonerado a cómo de lugar de la investigación de posibles vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes acogidos en ese lugar, violentando no solo el ordenamiento de la jueza, sino también el nuevo marco legal local y federal para la protección de los derechos de esa población vulnerable.

Una y otra vez, el mandatario y sus colaboradores cercanos han dejado en claro, en forma absolutamente apriorística, que consideran al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías ajeno a los posibles abusos cometidos en los albergues que dirigía. NI siquiera han simulado iniciar una investigación para exonerarlo, sencillamente, el gobierno estatal se niega a la posibilidad de intentar conocer la verdad.

2.- El mismo gobernador Miguel Márquez ha respondido ante quienes denuncian la presunción de que el exsecretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Rodríguez Vallejo, pueda haberse beneficiado de programas oficiales y recursos públicos para posicionar su imagen en busca de una candidatura, que no hay nada qué investigar: “No hay desvíos, no hay nada, simple y sencillamente son ciclos y él ha tomado la determinación de irse a tomar otro tipo de actividades y él lo dará a conocer”.

Más allá del hecho de que Rodríguez Vallejo sea una creación de Márquez, las denuncias que se han presentado sobre la posible utilización de fondos públicos y el gasto anticipado en una precampaña adelantada, son temas que no están en la esfera del gobernador Márquez.

A diferencia de la influencia que el mandatario ejerce sobre su secretaria de la Transparencia, en el caso de posibles denuncias ante el IEEG, los tribunales electorales o hasta instancias de procuración de justicia locales y federales, lo sano sería que el gobernador y promotor del aspirante señalado, esperara las resoluciones respectivas.

Posiblemente tiene razón, pero la prudencia y un cierto decoro político aconsejarían esperar. Lo contrario, lanzar exoneraciones anticipadas, suena de nuevo a propiciar la impunidad.

3.- En León, una investigación periodística de Zona Franca ha encontrado que el presidente del Consejo de Administración de Sapal, el empresario Pedro González, votó a favor de una inversión en un fraccionamiento rural en el que posee nuevo lotes, para introducir drenaje y tratamiento de agua a un costo de 7 millones de pesos, todo a cargo de la paramunicipal.

Hay, por lo menos, un claro conflicto de intereses que se agrava por el hecho de que el consejero no informó de la circunstancia ni se abstuvo de participar en la votación. El recurso, de origen municipal, está destinado a programas de política social en las áreas rurales y no a subsidiar fraccionamientos residenciales y fincas de campo.

Sin embargo, el tema podría ir más allá y hablarse de una posible comisión de delitos, usando para ello dinero público autorizado por la anterior administración municipal.

Sin embargo, ante este hecho, el presidente municipal panista Héctor López Santillana consideró que no hay nada qué investigar y que le toca a Sapal aclarar el tema. Es decir, aunque el actual alcalde ha hecho énfasis en perseguir las numerosas irregularidades de su antecesora, Bárbara Botello, esta parece no interesarle, al involucrar a su amigo Pedro González.

A la hora de volver selectiva la rendición de cuentas y el esclarecimiento de las finanzas públicas, de nuevo se propicia la impunidad y se convierte la justicia un instrumento para las venganzas o los favores.

Así que los políticos de nuestro estado deberían de empezar a quejarse menos de hipotéticos y abstractos factores de impunidad, como las leyes cuya mayor fala es la falibilidad de los hombres que las aplican, y empezar a fijarse más en sus propias conductas propiciadoras de impunidades más claras y tangibles.

El viejo dilema del Evangelio: la paja en el ojo ajeno o la viga en el propio.