El presidente del Consejo de Sapal se dice chantajeado e intimidado por la investigación de Zona Franca sobre un posible conflicto de intereses del que es protagonista; su obligación es denunciarlo ante la autoridad.

El presidente del Consejo de Administración de Sapal habló por fin del presunto caso de conflicto de intereses en el fraccionamiento residencial campestre Los Jacales de León, donde posee 9 lotes que suman más de 12.5 hectáreas.

No lo hizo en Zona Franca desde donde ha sido varias veces requerido para conocer su versión acerca de porqué no informó al Consejo de la existencia de esas propiedades y porqué no se excusó de participar y votar en dos sesiones del 2014: la del 12 de febrero donde se autorizó el proyecto de incorporación de 22 obras rurales, donde iba incluida; y la del 10 de diciembre donde se aprobaron las líneas de trabajo. En ambas minutas los acuerdos aparecen rubricados con su firma.

Pedro González dio una entrevista al AM donde solo habla de 8.5 hectáreas y no niega el resto de la información. Su justificación es que el proyecto ya estaba planteado desde la administración de Ricardo Sheffield, antes de su llegada al cargo de presidente del Consejo.

Sin embargo, hay algo más. Pedro González García asegura que “fue víctima de chantaje de un medio de comunicación y, al no ceder a este, fue calumniado”.

“No permití que me chantajearan. Incluso las fotos que aparecen en un portal de Internet, donde se ven naves y viviendas, no están dentro de mis terrenos”.

Más adelante la entrevista, dice lo siguiente: “Antes de publicar la información, lo buscaron para cuestionarlo tratando de intimidarlo, a lo que el respondió `les dije que hicieran lo que quisieran con esa información, pues no tengo nada que esconder, que investiguen’.”

De parte de Zona Franca se le ha buscado a Pedro González en sus oficinas de Sapal a partir de este lunes, logrando solamente entrevistar al director de Sapal, Leonardo Lino Briones, quien explicó que no había conflicto de interés al tratarse de fondos provenientes del municipio y no de Sapal.

Si alguien se acercó a Pedro González para intimidarlo, amenazarlo o chantajearlo, el presidente del Consejo de Sapal debe acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia de hechos, pues se trata de una situación particularmente grave.

Sería absolutamente reprobable que un alto cargo de la administración pública, que además ostenta una representación ciudadana, deje pasar inadvertida una situación que puede ser constitutiva de delito. Si la investigación periodística de Zona Franca, que tiene varias semanas en preparación y que ha incluido entrevistas con diversas fuentes ha sido utilizada por alguien para amenazar a Pedro González, acudiremos con toda presteza a declarar lo que nos corresponda.

Zona Franca es un espacio de investigación periodística donde se han publicado numerosos reportajes que han provocado reacciones en centros de poder y en oficinas públicas. Esas investigaciones no tiene otra finalidad que la de informar a los ciudadanos de Guanajuato de la actuación de quienes se desempeñan en el ámbito de la actividad pública, así como la de dar espacio a ciudadanos que se consideran afectados en sus derechos por hechos o dichos de actores públicos o, incluso, de particulares.

Nuestra línea editorial ha redundado en que alguna oficina pública, como el municipio de León, retire completamente la publicidad de nuestro sitio. Sabemos que esa situación no está regulada y depende del capricho de burócratas y de gobernantes, por lo que ni siquiera lo hemos vuelto tema, buscando en cambio colocar en la agenda pública junto con otros colegas el tema de la regulación de la publicidad oficial, para evitar que se convierta en un arma de censura.

Sapal, por ejemplo, anuncia sus promocionales en Zona Franca, lo que no ha sido óbice para realizar la investigación sobre una situación donde las pruebas están sobre la mesa: los títulos de propiedad de inmobiliaria Pima, donde Pedro González es accionista; y las minutas del Consejo de Sapal, donde se decidió realizar una obra que le significó una plusvalía a esas propiedades.

Pedro González tiene abierto el espacio de Zona Franca para aclarar las razones por las cuales no se excusó de las decisiones donde se determinó utilizar dinero público que terminaría redundando en un beneficio a su patrimonio, empleando además un programa destinado a habitantes de comunidades sin agua potable con rezago social.

De allí en más, las intimidaciones y amenazas de que dice haber sido objeto, tienen que estar ante la mesa de una autoridad judicial, es su derecho y su obligación. Abordarlas solamente como defensa de su prestigio y como justificación de una conducta éticamente cuestionable y que posiblemente incurra en una falta administrativa, resultaría indigno de la calidad que debe ostentar la cabeza de una entidad tan relevante en la vida de León como Sapal.