Carta enviada a la redacción del diario A.M. de León y publicada el domingo 6 de agosto.

Señor director:

Leí con atención las declaraciones del presidente del Consejo Directivo de Sapal, Pedro González García, en la edición del pasado viernes 4 de agosto. Aún cuando nunca hace referencia por su nombre a Zona Franca, es evidente que se refiere a la serie de publicaciones que este portal, del que soy responsable, ha publicado en la última semana. Por esta razón, me he permitido solicitarle la posibilidad de hacer esta aclaración, petición que generosamente ha sido admitida lo cual le agradezco y le reconozco.

No abundaré en las afirmaciones del presidente del Consejo de Sapal sobre el hecho de que fue víctima de un chantaje, primero; y de calumnias, después. Al respecto ya he respondido en un artículo de portada en Zona Franca, donde planteo que tales acusaciones son graves y que lo recomendable, lo justo y lo obligado es que el señor González García presente una querella en el Ministerio Público, lo que evitará una guerra declarativa insustancial.

Más importante, en cambio, es el fondo del asunto: la posibilidad de que, tal y como se planteó en la investigación periodística aludida, el presidente consejero haya incurrido en un conflicto de intereses al haber utilizado un programa destinado a zonas vulnerables para beneficiar terrenos de su propiedad con un proyecto subsidiado al cien por ciento con recursos municipales.

En su investigación publicada en el portal Zona Franca, la reportera Alfonsina Ávila documentó con las copias simples del Registro Público de la Propiedad, la existencia de nueve lotes, que suman 126 mil 500 metros cuadrados, en poder de la Inmobiliaria Pima en el desarrollo conocido como Los Jacales. Pedro González García y sus hermanos son los accionistas de la empresa, además de su padre, ya fallecido. La inmobiliaria tiene como objeto social fraccionar, construir y comercializar toda clase de inmuebles, según se desprende de su acta constitutiva, de la que también se obtuvo una copia simple.

En otro de los reportajes, se documentó mediante minutas de las reuniones ordinarias décimo segunda y vigésimo segunda del Consejo Directivo de Sapal Rural, correspondientes a los días 12 de febrero de 2014 y 10 de diciembre de 2014, que en la primera se incorporaron 22 comunidades en el programa de atención a dicha zona, mientras que en la segunda se presentaron los lineamientos del plan de trabajo para esa incorporación. Entre esas 22 comunidades se encontraban Los Jacales. Cabe aclarar que la obra se había iniciado desde febrero de 2014.

El punto central es que en ninguna de ambas reuniones, como se ha podido constatar con integrantes del Consejo en esas fechas, el señor Pedro González informó de la existencia de terrenos de su propiedad en la comunidad de Los Jacales, lo cual hubiera sido lo aconsejable en términos de responsabilidad y ética pública. Si el presidente del Consejo de Sapal considera, como lo dice en la entrevista de A.M. que “No hay ninguna bronca”, entonces lo mejor, lo más sano, hubiera sido poner las cartas sobre la mesa.

Si el consejero presidente de Sapal incurrió o no en responsabilidades o en la figura del conflicto de intereses y el uso de información privilegiada para su beneficio, ese debe ser un asunto que esclarezcan autoridades como la Contraloría Municipal o la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. El objetivo de la investigación periodística se reduce a hacer del conocimiento público esta situación.

Me queda únicamente señalar que en medio de la fuerte crisis de credibilidad que afecta a los gobiernos a todos los niveles, en buena medida producto de la reiterada detección de prácticas indebidas que permiten la obtención de beneficios ilícitos por parte de servidores públicos, sería deseable que los representantes de la sociedad civil que llegan a cargos de representación y de decisión, se distingan de los políticos profesionales y les pongan el ejemplo con un actuar intachable, atendiendo a lo que fue el origen de la participación ciudadana en la función pública.

Y reitero que el señalamiento de un posible delito como el chantaje, del que se dice víctima Pedro González, no debe quedar en la declaración mediática y distractora, sino que debe tener su consecuencia en los tribunales. Lo propio haremos en Zona Franca, para que este tipo de imputaciones no se reduzcan a la versión moderna de los chismes de lavadero.

De los datos que comento en esta respuesta y que forman parte de los reportajes publicados, le anexo la documentación respectiva. Señor director, gracias por el espacio, por la generosidad para escuchar las distintas voces en el espacio público y por propiciar un debate civilizado sobre asuntos relevantes para la comunidad.