* El gobierno se reorganiza para atender la emergencia económica
* Empresarios cobran influencia inusitada en gobierno de Diego Sinhue
* En salud se mantienen incongruencias que pueden llegar a estallar



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Desde el año 2015, el gobierno de Guanajuato regala a los estudiantes de educación media superior y superior tabletas electrónicas. A lo largo de 5 años se han repartido alrededor de medio millón de estos aparatos dentro de un programa de «inclusión digital».

Cada entrega de tabletas, que osciló entre 80 mil y 125 mil dependiendo del año, tuvo un costo de alrededor de 13 millones de dólares, sumando aproximadamente 60 millones de dólares a la fecha, unos mil doscientos millones de pesos en un tipo de cambio promedio, antes de las recientes devaluaciones.
Todos los contratos han ido a una sola empresa. DITECMA, un importador que manda hacer las tabletas a proveedores chinos, por lo demás barato. Se desconoce cuanto es el costo real del aparato y cuánto es el beneficio del importador, un negocio que ni siquiera poseía instalaciones propias y que operaba en una oficina rentada cuando recibió su primer gran contrato.
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El jueves que pasó, algo ocurrió en el Centro de Readaptación Social de Valle Santiago, conocido como el CERESO Mil y que en su momento fue considerado un prototipo de rehabilitación y funcionalidad.
Desde luego, como es costumbre ya en la administración de Diego Sinhue Rodríguez, no había explicación, aclaración o información oficial de ningún tipo, pese a que en el lugar se efectuaron disparos, el incidente tuvo una duración de al menos 12 horas y debió requerirse la presencia de policías estatales adicionales para controlar la situación.

Motín, asonada, pleito entre grupos rivales, nada se aclaró oficialmente durante los hechos, toda la tarde-noche del jueves. Tampoco el viernes, ni el sábado. Cuando la noticia comenzó a correr, primero como un rumor que preocupaba a familiares de internos, abogados y a los propios ciudadanos de Valle de Santiago, la respuesta del gobierno a la pregunta de lo que estaba pasando fue: «son rumores, no hay postura».
Los «rumores», incluían el ingreso de tres internos del centro penitenciario al hospital Bicentenario de Valle de Santiago, con heridas de proyectil de arma de fuego.
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Este fin de semana, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, con el reforzamiento de los llamados a permanecer en casa y con la opinión pública estatal distraída por numerosos temas, entre ellos el recrudecimiento de la violencia terrorista en Celaya y el alto número de homicidios en León, la Fiscalía General del Estado buscó salir de dos temas polémicos.
Es lo que en buen romance se podría llamar un doble sabadazo.

El primero de ellos fue el caso de Leonardo Reyes Cayente, 23 años de edad, migrante originario de San Miguel Allende y residente en Dallas, quien murió a manos de una patrulla de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en un paraje descampado cercano a la comunidad Corralejo de Abajo, el 13 de diciembre de 2018.
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