Cuando las organizaciones de la sociedad civil, los expertos en derecho y la opinión pública de avanzada impulsaron la autonomía de las fiscalías como instrumento para la superación del rezago en la política criminal del país, quizá nunca imaginaron lo que iba a ocurrir: el encumbramiento de verdaderos señores de horca y cuchillo que hoy por hoy no le rinden cuentas a nadie.
Ilustración: @PincheEinnar
¿Ha disminuido la impunidad? ¿Se ha erradicado la tortura? ¿Ha mejorado la cientificidad de la investigación penal? ¿Van los delitos a la baja?
Nada de eso ha pasado durante los 11 años en los que ha dirigido el ministerio público Carlos Zamarripa Aguirre, quien además tiene otros ocho por delante, por encargo de ley.
Aunque la vieja cultura política priista se vio gravemente ofendida por la concertación salinista de 1991, que desbancó de una elección ganada a Ramón Aguirre Velázquez y aupó a un sorprendido Carlos Medina a un interinato que alcanzó las dos terceras partes de un sexenio, el tiempo ha hecho su tarea y esas heridas están curadas.
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El mayor bálsamo para esa evolución ha sido la debilidad de los priistas ante quien tiene poder.
Los próceres del tricolor en la última década han sido alegres compañeros de aventura de los gobernadores azules, quizá con la única excepción de Juan Ignacio Torres Landa, dos veces candidato y encendido liberal que buscó afanoso alianzas con el PRD, sin haberlas podido conseguir nunca.