Luis Ernesto Ayala llegó a la secretaría de gobierno de Diego Sinhue con una misión específica: controlar los excesos de los mandarines de la seguridad, Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca. Nunca estuvo cerca de hacerlo, al parecer ni siquiera lo intentó.
En estos tiempos de extrema inseguridad, opacidad oficial y caos provocadopor la violencia en las calles, todo parece ocurrir en clave y todo tiene importancia.
El pasado lunes 9 de marzo, la Secretaría de Gobierno dirigida por Luis Ernesto Ayala Torres emitió un comunicado de prensa que se hubiera entendido mejor si la responsable hubiera sido la Fiscalía General del Estado: la noticia era la captura de una «peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en León».
Imagen: carátula del boletín de la coordinación de comunicación social de la Secretaría de Gobierno, del 9 de marzo de 2020.
El comunicado de la Secretaría de Gobierno incluía logos de tres instancias federales: Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, pero no de la Fiscalía General del Estado ni de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, no obstante que los elementos policiales aparecidos en las fotos que se anexaron, era integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que se presumía una labor de investigación de las instancias estatales.
Casi sin darse cuenta, el poderoso Fiscal General de Guanajuato perdió dos importantes batallas esta semana: una de ellas en la sucesión del Poder Judicial del estado, con la llegada de un magistrado fuertemente influenciado por Miguel Valadez Reyes, un ex procurador de justicia del estado; la otra, al empeñarse a fincar el delito de terrorismo a los ciudadanos de Cuerámaro que se amotinaron en protesta por la liberación del presunto responsable de un multihomicidio que originalmente se clasificó como culposo, pero que toda la evidencia muestra que fue doloso.
Con el arribo de Héctor Tinajero Muñoz, haiga sido como haiga sido, llega a la presidencia del Poder Judicial de Guanajuato un abogado penalista defensor del sistema penal acusatorio, un modelo que Carlos Zamarripa nunca ha sabido asimilar y del que se ha convertido en gran detractor, porque a sus expedientes no les va nada bien, sobre todo por sus deficiencias jurídicas y procesales.
La clase política
y empresaria leonesa no ha reflexionado mucho sobre el problema integral de la
sustentabilidad de la ciudad y de su zona conurbada. Quizá por eso, pretenden, en
un alarde de soberbia, que sus soluciones sacrifiquen a otros.
León tiene un
grave problema de agua, desde hace años se sabe. Sin embargo, el problema no es
la escasez de agua, sino todo lo contrario: el grave y delicado asunto es que
León ha contado con tanta agua que se ha acostumbrado a desperdiciarla.
De seguir con esa
lógica, de no “innovar”, como tanto les gusta repetir a políticos reconvertidos
y a empresarios milenials, no
habrá agua que alcance para León y para sostener una loca carrera por el
crecimiento sin equilibrio.
Muchos de los argumentos que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha salido a enumerar, finalmente, para defender su decisión de empujar con todo a Carlos Zamarripa a la Fiscalía General, lo que por cierto aumenta su “carnalidad”, no parecen haber aplicado en otros cargos de su gabinete.
La larga experiencia de Zamarripa, diez años al mando del Ministerio Público, lo que para muchos se traduce en ceguera de taller, en creación de intereses y en generación de vicios, le falta precisamente a la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes, quien carece de la más mínima noción de las técnicas de rendición de cuentas en los presupuestos públicos.
¿Y la curva de aprendizaje, apa? Foto: guanajuato.gob.mx
Al PAN Gobierno le gustan las reuniones en lo oscurito. Así han gobernado y así han construido una cultura política basada en la componenda y el arreglo bajo la mesa.
Así, destruyeron prácticamente a toda la oposición en Guanajuato. Así han durado en el gobierno casi tres décadas y van por más.Lee el resto de esta entrada »
La seguridad de los ciudadanos, su bienestar y tranquilidad, son responsabilidad de un estado que se ha arrogado el monopolio de la violencia legal y del uso de la fuerza, por principio constitucional, es decir desde la base misma de la organización política de la sociedad.
Afirmar, como lo hace el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que en su equipo de gobierno habrá un responsable de la seguridad y hace recaer esa responsabilidad en el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, es una falacia y una simulación. Lee el resto de esta entrada »