Luis Ernesto Ayala llegó a la secretaría de gobierno de Diego Sinhue con una misión específica: controlar los excesos de los mandarines de la seguridad, Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca. Nunca estuvo cerca de hacerlo, al parecer ni siquiera lo intentó.

Fue peor, en sus propios dominios, en la Dirección de Transporte se cometió un ejercicio de corrupción continuada con el cobro de permisos para concesiones de taxi. El responsable señalado es el ex titular del área Jorge Valencia Gallo, un panista de la ciudad de Guanajuato vinculado al grupo político que encabeza Gerardo Trujillo, el nuevo director del DIF.

Valencia Gallo dependía del subsecretario Martín López Camacho, ahora diputado electo por Celaya. Hay quienes dicen en defensa del primero, que solo obedecía órdenes del jefe.

Casualmente, las investigaciones en contra del ex director de transporte fueron filtradas a un medio el miércoles, justo cuando se divulgaba que la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal había tendido un cerco sobre los allegados al fiscal Carlos Zamarripa, lo que no parece casualidad.

Al día siguiente el gobernador del Estado, Diego Sinhue, abordó el tema de Valencia Gallo para decir que en Guanajuato no hay impunidad y que el que la hace la paga.

Sin embargo, Valencia Gallo ha recibido un trato privilegiado. Las primeras denuncias en su contra se presentaron en la Secretaría de la Transparencia en el primer trimestre del 2020, en total llegaron a una docena de casos que rebasan los dos millones de pesos en sobornos.

El funcionario fue separado de su cargo, pero no para ser despedido, sino reubicado en el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, dirigido por Juan Pablo Luna Mercado, desde donde pudo armar su defensa contratando a un abogado de prestigio: Jesús Badillo, ex presidente del Instituto Electoral de Guanajuato.

Valencia Galló duró 11 meses trabajando en el Iplaneg mientras los casos en su contra crecían, pasaban al Tribunal de Justicia Administrativa y después a la Fiscalía Anticorrupción, Se separó del cargo cuando la bola de nieve era ya incontenible y 5 meses después el tema se hace público de la forma menos ortodoxa, mediante una filtración que incluso puede afectar el debido proceso.

La afirmación del gobernador de que se está combatiendo la impunidad en Guanajuato, no parece tan clara en este caso . En realidad Valencia Gallo se encuentra en libertad e incluso podría huir si se le complican las cosas. Algunos de los funcionarios que se han encargado de investigarlo reconocen que fue difícil notificarlo pues eludía sistemáticamente a los actuarios. Ha enfrentado los cargos protegido en la nómina gubernamental hasta hace unos meses y forma parte de un grupo político que tratará de minimizar el daño.

Así que el funcionario al que Diego le confió que metiera en cintura al fiscal Zamarripa y a su socio Cabeza de Vaca, no solo no pudo hacerlo ni de forma remota, sino que en su propio patio le surgió una trama de corrupción que le pasó de noche y que según todos los indicios hasta ahora podría quedar impune, una vez que sirvió de cortina de humo para diluir los señalamientos de investigaciones federales contra el propio fiscal.

Ese funcionario será a partir de septiembre jefe político de la bancada mayoritaria en el Congreso, ni más ni menos, lo que deja en claro que se premia la incompetencia.

No cabe duda de que 30 años después el PAN que llegó a gobernar Guanajuato con promesas de cambio, de honestidad, de democracia y de división de poderes real, es exactamente lo mismo o quizá un poco peor que aquello a lo que sustituyó.

Todo por servir se acaba y acaba por no servir.