Escucho el discurso políticamente correcto de Luis Ernesto Ayala en torno al trato del gobierno estatal hacia los colectivos de familias de desaparecidos, en una conferencia de prensa posterior a una reunión donde no hubo acuerdos entre las organizaciones y el gobernador del estado, y me asaltan dudas fundamentales.
Si el estado está «tan abierto», «tan sensible», «tan cercano» y «tan comprensivo» con la situación de quienes han perdido a una persona cercana y no tienen noticia alguna de su paradero, entonces ¿por qué envió a los policías de Alvar Cabeza de Vaca con instrucciones de confrontar, desalojar y detener a los integrantes de los colectivos el viernes pasado?
La comprobación más clara de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido asumirse como un mero encargado de despacho y no como el jefe del Poder Ejecutivo de Guanajuato, la exhibe su actitud frente al fiscal que él mismo eligió y que simplemente formalizó el Congreso mediante el pase automático: Carlos Zamarripa Aguirre.
Salvo las historias que Zamarripa construye para documentar su pretendida excelencia, como las certificaciones a modo o la buena relación con alguna parte de la burocracia policial norteamericana, todos los demás indicadores son desastrosos: Guanajuato es, renglón a renglón, un estado más violento, más inseguro, más caótico y más desestabilizado que cuando Carlos Zamarripa asumió el cargo en 2009.
Las violaciones a los derechos humanos se mantienen y escalan, la tortura ha regresado, como lo reconoce incluso la insulsa Procuraduría de los Derechos Humanos que padecemos. En los últimos años tenemos ejecuciones extrajudiciales como la de Leonardo Reyes Cayente, que caen en un terreno no solo de impunidad, sino de complicidad del procurador con su compadre el secretario de seguridad.
Todas las pequeñas maniobras que el gobernador de Guanajuato ha intentado para eludir su responsabilidad en la atención al tema de la creciente inseguridad y la insoportable violencia que laceran a Guanajuato, han caído una tras otra por su propio peso.
Ilustración: @PincheEinnar
En realidad a Sinhue nunca le interesó atender las raíces profundas de la desaparición de la paz y la tranquilidad en la entidad. Su compromiso con Miguel Márquez Márquez para convertirse en candidato del PAN a la gubernatura pasó explícitamente por mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuraduría de justicia y convertirlo en Fiscal General Autónomo.
Este fin de semana, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, con el reforzamiento de los llamados a permanecer en casa y con la opinión pública estatal distraída por numerosos temas, entre ellos el recrudecimiento de la violencia terrorista en Celaya y el alto número de homicidios en León, la Fiscalía General del Estado buscó salir de dos temas polémicos.
Es lo que en buen romance se podría llamar un doble sabadazo.
¿Estado de derecho? Foto: El Salmantino
El primero de ellos fue el caso de Leonardo Reyes Cayente, 23 años de edad, migrante originario de San Miguel Allende y residente en Dallas, quien murió a manos de una patrulla de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en un paraje descampado cercano a la comunidad Corralejo de Abajo, el 13 de diciembre de 2018.
Uno es el estado que están viendo desde los altos podios donde les gusta plantarse, personajes como Diego Sinhue Rodríguez y Carlos Zamarripa. Otro el que ven sus gobernados.
Según los informes, los mensajes publicitarios, los equipos de prensa gubernamentales, Guanajuato es un lugar de ensueño apenas opacado por dos o tres incidentes menores que no les merecen mucha atención.
Foto: Juan José Plascencia
Aquí la criminalidad disminuye, aseguran, salvo por ese pequeño inconveniente de los homocidios dolosos, forma técnica de llamar a las masacres inmisericordes, las ejecuciones cotidianas y las muertes colaterales de víctimas inocentes. Eso no los despeina ni les quita el sueño.
Las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en relación a la muerte del migrante Leonardo Reyes Cayente asombraron a muchos de quienes seguimos de cerca la gris gestión del titular del organismo, Raúl Montero de Alba, el primer ombudsperson que heredó el cargo de su antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, premiado hoy con una magistratura penal en el Poder Judicial del Estado.
Montero de Alba llegó a ocupar una posición burocrática privilegiada no por sus conocimientos, su trayectoria o su compromiso con los derechos humanos, sino como instrumento de Rodríguez Junquera para conservar una posición de poder y garantiza cargos burocráticos a quienes fueron sus colaboradores más cercanos.
Este fin de semana fue particularmente paradigmático en la exhibición de las contradicciones que enfrenta el estado de Guanajuato y que le impiden un regreso a la normalidad de la que gozábamos hace no mucho.
La seguridad es un acertijo indescifrable. El record de asesinatos del mes de enero parece continuar en el segundo mes del año, pero además las cosas se complican al advertirse las profundas diferencias que privan entre los niveles local y federal.
Guanajuato es una fiesta, por lo menos para algunos. Foto: Facebook.
En Celaya, el domingo por la tarde, se suscitó un enfrentamiento entre corporaciones tras un atentado contra elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los elementos del estado impidieron que policías municipales se acercaran a la escena, cuando en teoría son el primer respondiente, algo que nunca ocurrió durante los largos años que la policía de Celaya estuvo dirigida por enviados de la Secretaría de Seguridad Pública.
Guanajuato, escenarios políticos 