Arnoldo Cuellar

DÍAS DE GUARDAR Domingo 2 de febrero de 2020

In Análisis Político, Días de Guardar, POPLab on febrero 2, 2020 at 12:33 pm

* Acciones vistosas, complicidad mediática, discursos, pero la violencia sigue

* Designa Guerrero Agripino a vocero señalado por acoso

* Intervendrá Profepa en fraccionamiento ilegal de diputado

Ilustraciones: @PincheEinnar

1.- La crisis de violencia y homicidios obliga a exagerar logros mediáticos

La violencia en Guanajuato está convertida en un acertijo indescifrable para las autoridades del gobierno federal. No así para las de Guanajuato, que hace tiempo renunciaron a confrontar a los grupos delicitivos y simplemente se han dedicado a administrar la situación con las terribles consecuencias que hoy vemos.

Parece que existe una ceguera total en los políticos del PAN para ver la realidad: Guanajuato se sumergió en la violencia de la mano de Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, que aprovecharon cada escalón de ese descenso para acrecentar su poder al interior del gobienro, para apropiarse de parcelas más grandes de prespuesto y para someter a los municipios a su imperio.

Hoy, la intervención federal tiene pocas probabilidades de resultar exitosa, si sigue minada por las fugas de información y la falta de respaldo de las corporaciones estatales, acostumbradas solamente a usar la violencia como la gran justificación de su control sobre las decisiones política sy presupuestales del estado y los alcaldes.

A la compra multimillonaria de las cámaras de Escudo y los arcos carreteros, que nuna hicieron una diferencia, le sigue hoy la adquisición de helicópteros equipados para vuelo nocturno, otro gran negocio ligado a la seguridad.

Además, a la sombra del crecimiento de la inseguridad y la violencia, han prosperado un enjambre de empresas “de seguridad” que venden cámaras, circuitos cerrados y sistemas de vigilancia, dizque conectados a los centros de inteligencia policial, cuya única finalidad es trasladar el costo de la seguridad pública a los ciudadanos  a las empresas, como si se tratara de un nuevo impuesto forzoso.

Mientras los ciudadanos están obligados a colocar cámaras y alarmas, a contratar guardias de seguridad, a cerrar fraccionamientos y calles y, ya en un extremo, a adquirir armas para su protección, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía General disponen de una manga ancha presupuestal como nunca se había visto, sin una rendición de cuentas efectiva y sin transparencia, bajo el pretexto de “la seguridad”.

Ante ese empoderamiento acompañado de cerrazón, donde las áreas de seguridad estatales se han convertido en un gobierno dentro del gobierno, con su política de comunicación aparte que incluso les permite salir a tundir a quienes son críticos de su desempeño, se ve difícil que se llegue a una verdadera acción coordinada con las fuerzas federales, llámense ejército, marina, guardia nacional o Fiscalía General de la República.

Por eso no parece caminar la estrategia de contención de los grupos criminales que actúan en el estado, mucho menos la posibilidad de erradicarlos. La presencia de más fuerzas federales nos da carácter de territorio ocupado, principalmente porque las fuerzas locales no han mostrado la capacidad, la organización y, lo más importante, la voluntad, para enfrentar la amenaza.

La falta de efectividad de una acción coordinada, acompañada de recuperación efectiva de territorios y liberación de ciudades de la circulación de células criminales, es loq eu ha obligado a responder al incremento de la violencia con acciones cosméticas convenientemente replicadas por una prensa acrítica que se limita a colocar los boletines policiales en las ocho columnas de sus primeras planas.

Lo preocupante es que la guerra de propaganda tampoco la están ganando los gobiernos, pues ante cualquier noticia inflada de capturas que se quisieran trascendentes, la siguiente masacre o el próximo video en redes de los grupos criminales, da al traste con el avance.

Entre tanto, la ciudadanía sigue instalada en el desamparo. De nada le sirven anuncios esquizofrénicos como el que realiza la caricaturesca vocera de seguridad este sábado en la portada del diario regiomontano Milenio: “En Guanajuato no se permitirá crecimiento de cárteles: Huett”.

Cuando se analizan con detenimiento los anuncios que se quieren espectaculares, lo único que queda claro es que el gobienro se está agarrando de clavos ardientes: el anuncio que da cuenta de la detención de la “compañera” del Marro, deja en evidencia que dos de los detenidos son personas de la tercera edad, una de ellas una mujer a la que no es posible imaginar cargando cuernos de chivo o extorsionando negocios.

Así, mientras el gobierno y sus unidades de propaganda ganan la guerra en las páginas de los periódicos, en las calles siguen los asesinatos. ¿Dará resultados? Solo habría que revisar la historia para constatar que eso no funciona.

2.- Agripino: repetir los mismos errores

Uno no puede explicarse decisiones como las tomadas esta semana por Luis Felipe Guerrero Agripino, atrapado en una crisis inédita de funcionalidad y de credibilidad al frente de la rectoría general de la Universidad de Guanajuato.

El abogado y orador está exhibiendo las precariedades del equipo al frente del cuál asaltó el liderazgo universitario, pues la cantera parece haberse agotado y los cambios anunciados esta semana lo evidencian.

Agripino decidió cesar a su comunicador, Gerardo González del Castillo, con una carrera académica en la Universidad De La Salle y en organismos empresariales, pero completamente ajeno a los intríngulis y recovecos de la compleja grilla universitaria. Por supuesto, su aporte fue nulo.

Sin embargo, tras haber transitado ya por la vocería de la política panista Margarita Arenas y del externo González del Castillo, Agripino da un giro de 180 grados y designa a un joven abogado con experiencia en temas jurídicos y orador como él, pero ajeno por completo a la tarea de difusión y comunicación institucional.

Eso no es lo más grave, sin embargo. El nuevo responsable de la oficina de Comunicación y Enlace, Jesús Rodrigo Nájera Trujillo, es un académico que apareció exhibido en numerosas denuncias en los muros del acoso durante el paro universitario de diciembre.

En las escalinatas de la UG y en espacios en redes sociales, el nuevo funcionario fue señalado por conductas de violencia de género, algo que parece enormemente delicado como mensaje para el momento que vive la institución.

Tomando en cuenta que el nuevo vocero no aportará mucho en términos de experiencia de campo, resulta un absurdo que se le haya elegido con ese lastre, máxime después de las recientes manifestaciones de colectivos feministas que insisten en la insuficiencia de las medidas que está tomando la Universidad en lo que quizá es uno de sus problemas más graves.

A menos que Agripino pretenda provocar deliberadamente a los colectivos estudiantiles que han protestado contra los maestros de conductas violentadoras, la decisión no tiene asidero por donde se le vea.

En otra designación forzada, renunció a la Unidad de Transparencia Diego Ramírez, quien venía ordenando el enorme caudal de información pública a la que está obligada la institución, aunque aún con rezagos importantes. Sin embargo, ante la falta de apoyo y la existencia de bloqueos de carácter político, el funcionario optó por buscar mejores aires.

En su lugar, fue designada Alejandra Bernardino Cruz, quien era la Coordinadora Jurídica del Abogado General, Mauricio Murillo de la Rosa, compadre del rector general.

Quiere decir que el círculo cero de Luis Felipe Guerrero, el mismo que lo ha llevado a la complicada situación actual, es el único que se sigue fortaleciendo, sin oxígeno exterior, aumentando la endogamia y las visiones cerradas, quizá por eso no se imaginan soluciones a la altura de la crisis.

El pronóstico es reservado, Guerrero Agripino sigue mostrando que nunca diagnóstico con eficiencia la situación profunda de la Universidad, sus retos para ponerse a la altura de los tiempos y sus enormes lastres. ¿Para qué? Si, como todo indica, solo quería gozar de los beneficios del cargo, el poder que confiere y los reflectores que obsequia.

Lo peor de todo es que ni siquiera hay un mecanismo para un posible relevo, pues el Consejo Universitario es un ente cooptado y sujeto a la línea de la rectoría general. La Universidad vivirá la suerte que le traigan las pésimas decisiones de Agripino y con ellas el gobierno estatal, que no podrá deslindarse de las consecuencias políticas.

3.- Por fin, intervención federal en el fraccionamiento ilegal de Santa Rosa

Será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, derivado de una denuncia de la Semarnat, quien entre a detener y, en todo caso, reorientar el desarrollo que realizaba por la libre el diputado federal panista Sergio Ascencio Barba en la Sierra de Santa Rosa.

Según todos los expertos consultados por quien esto escribe, la viabilidad del “fraccionamiento campestre” del diputado que quiere ser alcalde de Irapuato era perfectamente posible, si hubiera seguido el curso que le marca la legislación ambiental de los tres niveles de autoridad.

No fue así, Ascencio Barba decidió brincarse a la torera el ámbito federal, quizá creyendo que sus influencias como diputado le alcanzaban para enmendar el daño. En ausencia de un cambio de uso de suelo validado por Semarnap, que hubiera autorizado al estado y al municipio para otorgarle el resto de las autorizaciones necesarias, todo lo que exhibe el legislador-fraccionador como permisos, son inválidos.

Aún peor, funcionarios como Juan Carlos Delgado Zárate son susceptibles de ser denunciados por desacatar flagrantemente la legislación ambiental de la que es guardián y a la que la ley le obliga como funcionario público. En ese caso, la sanción podría ser mayor.

Por lo pronto y para no estar atenidos a los devaneos burocráticos del “elefante reumático” que es el gobierno federal, los habitantes de Santa Rosa ya preparan una defensa jurídica que les permita convertirse en actores y garantizar por sus propios medios que su medio ambiente no sea afectado por empresarios influyentes pero irrespetuosos de la ley.

Queda en el ambiente la pregunta: ¿para eso quiere participar en política el joven empresario Ascencio Barba, para potenciar sus negocios y pasarse la ética y las normas por el arco del triunfo? ¿Lo permitirán los irapuatenses a quienes busca gobernar?

Quizá hasta haya quien piense: mejor que repita Ricardo Ortiz otros tres años, más vale malo conocido….

Qué pena que los nuevos cuadros políticos del viejo PAN, reproduzcan vicios dignos del ancestral PRI.

A %d blogueros les gusta esto: