Bárbara Botello Santibáñez fue alcaldesa de León gracias sobre todo a dos historias de corrupción. Después vendría la suya propia.
La primera, la mayor, fue la de Juan Manuel Oliva, alimentada con toneladas de tinta por el diario A. M. de León, tras las investigaciones sobre la compra de los terrenos de la refinería de Salamanca a sobreprecio; así como el despilfarro que significó la construcción del parque bicentenario de Silao.
Al igual que le ocurrió al investigador y analista Sergio Aguayo; o al periodista guanajuatense Humberto Padgett; incluso al conductor Pedro Ferriz de Con, el abogado Roberto Saucedo y quien esto escribe estamos en el selecto club de los opinadores denunciados bajo la figura de daño moral en reclamo de cifras millonarias.
El doctor Aguayo ya superó, tras un largo y tortuoso periplo legal, la demanda de Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila que se ofendió cuando el investigador del Colegio de México le demostró sus vinculaciones con agrupaciones delictivos de esa entidad. Sin embargo, con todo y lo delicado de los señalamientos, Moreira apenas le reclamaba a Sergio Aguayo la friolera de 10 millones de pesos.
Un panista recalcitrante de tercera generación, como el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, suele tener una enorme desconfianza a quienes han militado en otras fuerzas políticas.
Ese sentimiento se exacerba más aún si se trata de confiar en alguien perteneciente a un equipo político que ha sido combatido, vilipendiado y perseguido hasta la ignominia, como el que encabezó la alcaldesa Bárbara Botello, la única que ha logrado arrebatarle al PAN el gobierno de la ciudad de León en 30 años.
Sin embargo, todo eso fue hecho a un lado para incorporar al segundo círculo del gabinete al exbarbarista Fidel García Granados como subsecretario de Ordenamiento Territorial de la flamante y novedosa Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato.
Aunque fueron los gobiernos panistas quienes primero se dieron cuenta del potencial político, económico y electoral de la migración guanajuatense en los Estados Unidos, debieron de pasar casi tres décadas para que una administración de ese signo cumpliera el viejo sueño, realizado antes en entidades como Zacatecas y Michoacán, de elevar al nivel del gabinete estatal la política pública dirigida a los migrantes.
Miguel Márquez Márquez, quien convirtió una leve estancia de emigrado VIP durante su juventud en el estandarte de “primer gobernador migrante”, no dio ese paso decisivo y se limitó a convertir una dirección de la Secretaría de Gobierno en un instituto descentralizado, con escaso presupuesto y con directivos y consejeros designados a dedo y entre los cuates del propio mandatario.
Desde hace algunos meses, las empresas detrás del proyecto de nuevo centro comercial y desarrollo inmobiliario denominado sucesivamente City Park y City Center emprendieron una campaña de relaciones públicas en dos vertientes: legitimar el proyecto y desacreditar a quienes se oponen a él.
City Park/City Center, que integra los esfuerzos empresariales del grupo local Impulza, dedicado al negocio de bares y restaurantes; y de Mexican Retail Properties, un desarrollador de centros comerciales a nivel nacional, había comprado espacios en medios para explicar las bondades de su proyecto, después de haberlo empezado con el pie izquierdo.
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Aferrado a la idea de otorgarle todo el poder a su alcance a Carlos Zamarripa Aguirre, olvidándose incluso de que se trata de una institución ya autónoma por ley, el gobernador de Guanajuato ha calificado como simples “fobias” las críticas de algunos sectores hacia la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la Fiscalía de Guanajuato.
Con un sesgo autoritario, el mandatario evade el debate de fondo sobre la verdadera tarea de una Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo carácter es técnico y de previsión, no de persecución ni forense.
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Arbitrariedad política y desdén por los derechos humanos tuercen la justicia en México, la denuncia de Jorge Volpi en su primera obra narrativa sin ficción
El escritor presenta en León Una Novela Criminal, la investigación sobre el caso Cassez – Vallarta, ganadora del premio Alfaguara 2018
El gobernador, rodeado de asesores cuyo fuerte es “la imagen”, pretende obviar la delicada situación que vive la entidad y dedicarse solo a las cosas agradables.
Como el padre de familia que no quiere darse cuenta de las disfuncionalidades en su casa y pretende superarlas celebrando rumbosamente una fiesta de 15 años para su primogénita, así el gobernador de Guanajuato, rodeado de un grupo de asesores cuyo fuerte es “la imagen”, pretende pasar por encima de la delicada situación que vive la entidad, dedicándose solo a las cosas positivas.
Aprovechando una agenda profesional, una reunión sobre salud, el doctor José Narro Robles visitará en Guanajuato algunos liderazgos priistas en preparación de su campaña por la presidencia de ese alicaído partido político.
Aunque la campaña formal arrancará después de la Pascua, el ex rector de la UNAM y secretario de Salud en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, aprovechará para hacer algunos contactos con lo que queda del PRI de Guanajuato.
El Partido Acción Nacional, gobernante en el estado de Guanajuato desde 1991, parece adentrarse en una lógica de decadencia y descomposición política, visible en varias de sus prácticas, pero sobre todo en una que lo evidencia como pocas: el intento de controlar a los medios y de someter las opiniones independientes y críticas, bien por la vía de la censura, bien por la del ataque personal y el intento de desprestigio.
Que lejos, pero también que cerca estamos de ese 1991.
Lejos porque el PAN de entonces, representado por Vicente Fox Quesada, por Carlos Medina Plascencia, que luchaba por abrirse paso ante la maraña de intereses de los medios de comunicación de la época para hacer llegar su mensaje, no tiene nada que ver con el PAN de hoy, más hijo del PRI que del Maquío.
Guanajuato, escenarios políticos 