Las elecciones del 2018 fueron dominadas por un solo tema: la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto que vino a coronar el mal recuerdo que de por sí tenían los mexicanos del PRI del siglo XX y al que solo una enorme distracción, impulsada por los grandes medios de comunicación, le permitió regresar al poder.
Ilustración: @PincheEinnar
El debate sigue vive y se está evidenciando en la negociación de la Fiscalía General de la República con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, símbolo del saqueo peñista, donde se cuestionan los privilegios que ha recibido a cambio de sus delaciones.
Incluso, el posible uso político de la información que proporcione Lozoya, está produciendo un terremoto. Perdonar a un corrupto a cambio de parque mediático para combatir a los críticos del régimen, no parece la forma más aceptable y eficiente de combatir la gran lacra del país que le dio a Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de llegar al poder.
La comprobación más clara de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido asumirse como un mero encargado de despacho y no como el jefe del Poder Ejecutivo de Guanajuato, la exhibe su actitud frente al fiscal que él mismo eligió y que simplemente formalizó el Congreso mediante el pase automático: Carlos Zamarripa Aguirre.
Salvo las historias que Zamarripa construye para documentar su pretendida excelencia, como las certificaciones a modo o la buena relación con alguna parte de la burocracia policial norteamericana, todos los demás indicadores son desastrosos: Guanajuato es, renglón a renglón, un estado más violento, más inseguro, más caótico y más desestabilizado que cuando Carlos Zamarripa asumió el cargo en 2009.
Las violaciones a los derechos humanos se mantienen y escalan, la tortura ha regresado, como lo reconoce incluso la insulsa Procuraduría de los Derechos Humanos que padecemos. En los últimos años tenemos ejecuciones extrajudiciales como la de Leonardo Reyes Cayente, que caen en un terreno no solo de impunidad, sino de complicidad del procurador con su compadre el secretario de seguridad.
Todas las pequeñas maniobras que el gobernador de Guanajuato ha intentado para eludir su responsabilidad en la atención al tema de la creciente inseguridad y la insoportable violencia que laceran a Guanajuato, han caído una tras otra por su propio peso.
Ilustración: @PincheEinnar
En realidad a Sinhue nunca le interesó atender las raíces profundas de la desaparición de la paz y la tranquilidad en la entidad. Su compromiso con Miguel Márquez Márquez para convertirse en candidato del PAN a la gubernatura pasó explícitamente por mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuraduría de justicia y convertirlo en Fiscal General Autónomo.
Desde el año 2015, el gobierno de Guanajuato regala a los estudiantes de educación media superior y superior tabletas electrónicas. A lo largo de 5 años se han repartido alrededor de medio millón de estos aparatos dentro de un programa de «inclusión digital».
Foto: Gobierno del Estado
Cada entrega de tabletas, que osciló entre 80 mil y 125 mil dependiendo del año, tuvo un costo de alrededor de 13 millones de dólares, sumando aproximadamente 60 millones de dólares a la fecha, unos mil doscientos millones de pesos en un tipo de cambio promedio, antes de las recientes devaluaciones.
Todos los contratos han ido a una sola empresa. DITECMA, un importador que manda hacer las tabletas a proveedores chinos, por lo demás barato. Se desconoce cuanto es el costo real del aparato y cuánto es el beneficio del importador, un negocio que ni siquiera poseía instalaciones propias y que operaba en una oficina rentada cuando recibió su primer gran contrato.
Guanajuato, escenarios políticos 