Reviso la línea
de tiempo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Twitter y Facebook desde
la noche de este miércoles 8 hasta la mañana del lunes 5 de agosto.
Encuentro una
gran variedad de mensajes sobre empresas que se instalan en el estado,
inauguran plantas o planean hacerlo; veo reuniones con jerarcas empresariales y
felicitaciones a estudiantes y deportistas.
Hay una
interacción con una tuitera que pide el apoyo del gobierno para Fátima, la
joven estudiante herida tras ser atacada por un indigente en el malecón de la
ciudad de León; también hay un
intercambio con una activista en pro de los animales que llama al auxilio de
una camada de perritos a punto de ser echados en un estacionamiento de
Salamanca.
Sin embargo, en
el historial de mensajes, respuestas y reacciones no encuentro uno solo que
haga referencia a la tragedia de Celaya, los arteros y cobardes ataque sufrido
por tres mujeres en una tortillería, tras sufrir amenazas de extorsión; y otro
a un hombre en una cementera.
¿Cómo disparas esposado?. Fotograma tomado del noticiero Por la Mañana en Radio Fórmula.
De nueva cuenta los policías estatales de Guanajuato están involucrados en lo que parece ser una ejecución extrajudicial, ahora en Santa Rosa de Lima, donde parece que todos sus habitantes han sido catalogados como criminales por el gobierno estatal.
Como en el caso
del migrante Leonardo Reyes, en San Miguel de Allende, el gobierno de
Guanajuato representado de forma casi plenipotenciaria por una funcionaria
menor, la coordinadora de estrategia para la seguridad ciudadana, Sophía Huett,
ha salido a realizar una defensa a ultranza y a priori de las fuerzas
policiales.
Un joven de 26
años, Leonardo García Aguilar, resulta muerto por lo que la versión oficial
califica de “enfrentamiento tras una persecución”. Como en el caso de Leo
Reyes, la funcionaria – vocera exonera a los policías antes de cualquier
investigación y declara que el fallecido fue víctima del “uso legítimo de
fuerza letal”.
Nadie parece estar haciendo el recuento, pero la cadena de incidentes vinculados a corrupción e ineficiencia que se han presentado a lo largo de los 4 años de gobierno de Héctor López Santillana ya está rompiendo récords. Revisemos.
Gobierno pequeño, publicidad enorme. Foto: Municipio de León.
Todo empezó en el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, donde el alcalde avaló el
empoderamiento del empresario zapatero y amigo suyo Pedro González, permitiéndole
tomar el control total del organismo al colocar a un director sin perfil: Leonardo
Lino.
Después de haber publicado el reportaje sobre el otorgamiento de 8 doctorados “Honoris Causa” por dos universidades que carecen de reconocimiento académico y de registro ante la Secretaría de Educación Pública, el cual se llevó a cabo en el aula de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la respuesta de esta dependencia fue el silencio.
“No hay
posicionamiento” fue la respuesta de por lo menos dos funcionarios de la PDHEG,
una de cuyas escasas fortalezas es la máxima publicidad para sus
recomendaciones, es decir, su manejo y su credibilidad frente a los medios de
comunicación.
Esa situación ha pasado
a segundo término en la era del procurador Raúl Montero de Alba, un personaje
cuya mayor virtud es la buena relación que lleva con los sujetos observados y
su proclividad a firmar “convenios” con dependencias públicas antes que la
sanción a las conductas que violenten los derechos de los ciudadanos
guanajuatenses.
El gobernador de Guanajuato no ha sostenido una sola reunión con las dirigencias de los tres principales partidos políticos de oposición. Si me apuran un poco, ni siquiera se le ha visto una comunicación fluida con sus aliados del PRD y de Movimiento Ciudadano que lo llevaron de candidato en la elección.
Sin embargo, bastó
una rueda de prensa donde Alma Alcaraz de Morena, Celeste Gómez del PRI y
Sergio Contreras del PVEM mostraron las cifras de la inseguridad de los
primeros meses de su gobierno, en comparativa con los de sexenios anteriores,
para sacar de sus casillas al treintañero mandatario.
La provocación. Foto: Twitter.
Al mismo tiempo
que la triada opositora, que se autodenomino “bloque de la paz”, ofrecía su
postura sobre el auge de la inseguridad y el disfraz mediático que ha tratado
de vender Diego Sinhue para presumir el éxito de su “golpe de timón”, el fiscal
Carlos Zamarripa salió a medios a presumir algunos logros procesales, pero
sobre todo a demandar “unidad” de las fuerzas políticas y sociales del estado
en torno a la lucha contra la delincuencia.
El gobernador de Guanajuato, en conjunto con sus similares de Querétaro y Jalisco, con quienes conforma una alianza de entidades del centro del país que buscan equilibrar al gobierno federal morenista, ha decidido reciclar uno de los proyectos más viejos del panismo gobernante: el tren ligero de Guanajuato.
Esa obra, que había
pasado a la historia como el “tren llamado deseo”, según la afortunada frase de
un diputado priista opositor al gobierno foxista, el penjamense Rubén García
Farías, ha sufrido varias resurrecciones todas a costa del dinero de los
guanajuatenses y todas fallidas.
Largo abandono. Foto: A. M.
El primer fracaso
para esta idea de movilidad que parecía revolucionaria en los años 90, se lo
propinó una enredada historia donde se involucraban financieros chinos y jeques
árabes, importados a Guanajuato por Carlos Abugaber amigo cercano del
gobernador Carlos Medina Plascencia, que acudirían a soportar económicamente el
proyecto, en una aventura que solo fue un espejismo que le hizo perder a
Guanajuato cuatro años de planeación y gestiones.
Al igual que le
ocurrió al investigador y analista Sergio Aguayo; o al periodista guanajuatense
Humberto Padgett; incluso al conductor Pedro Ferriz de Con, el abogado Roberto Saucedo
y quien esto escribe estamos en el selecto club de los opinadores denunciados
bajo la figura de daño moral en reclamo de cifras millonarias.
El doctor Aguayo
ya superó, tras un largo y tortuoso periplo legal, la demanda de Humberto
Moreira, el ex gobernador de Coahuila que se ofendió cuando el investigador del
Colegio de México le demostró sus vinculaciones con agrupaciones delictivos de
esa entidad. Sin embargo, con todo y lo delicado de los señalamientos, Moreira
apenas le reclamaba a Sergio Aguayo la friolera de 10 millones de pesos.
El surgimiento de una legión de cuentas falsas en las redes sociales de Guanajuato, sobre todo en Twitter, que encuentran su fin principal en darle marcaje personal a periodistas y activistas de diversas causas, es un fenómeno que merece ser analizado, en el marco del gobierno que recién inicia en el estado.
Diseño: @PincheEinnar
La crítica nunca
ha sido cómoda para los gobernantes, quienes en su fuero íntimo anhelan el elogio,
el reconocimiento social, el amor de sus gobernados. Las voces disidentes son
incómodas, las críticas, argumentadas o viscerales, siempre se identifican con
el “adversario”, con el “enemigo” y no con la simple pluralidad, con las
visiones diferentes desde conciencias diferentes.
Aferrado a la idea de otorgarle todo el poder a su alcance a Carlos Zamarripa Aguirre, olvidándose incluso de que se trata de una institución ya autónoma por ley, el gobernador de Guanajuato ha calificado como simples “fobias” las críticas de algunos sectores hacia la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la Fiscalía de Guanajuato.
Con un sesgo
autoritario, el mandatario evade el debate de fondo sobre la verdadera tarea de
una Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo carácter es técnico y de previsión,
no de persecución ni forense.
Aprovechando una agenda profesional, una reunión sobre salud, el doctor José Narro Robles visitará en Guanajuato algunos liderazgos priistas en preparación de su campaña por la presidencia de ese alicaído partido político.
Aunque la campaña
formal arrancará después de la Pascua, el ex rector de la UNAM y secretario de
Salud en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, aprovechará para
hacer algunos contactos con lo que queda del PRI de Guanajuato.
Guanajuato, escenarios políticos 