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Este fin de semana, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, con el reforzamiento de los llamados a permanecer en casa y con la opinión pública estatal distraída por numerosos temas, entre ellos el recrudecimiento de la violencia terrorista en Celaya y el alto número de homicidios en León, la Fiscalía General del Estado buscó salir de dos temas polémicos.
Es lo que en buen romance se podría llamar un doble sabadazo.

El primero de ellos fue el caso de Leonardo Reyes Cayente, 23 años de edad, migrante originario de San Miguel Allende y residente en Dallas, quien murió a manos de una patrulla de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en un paraje descampado cercano a la comunidad Corralejo de Abajo, el 13 de diciembre de 2018.
Lee el resto de esta entrada »En estos tiempos de extrema inseguridad, opacidad oficial y caos provocado por la violencia en las calles, todo parece ocurrir en clave y todo tiene importancia.
El pasado lunes 9 de marzo, la Secretaría de Gobierno dirigida por Luis Ernesto Ayala Torres emitió un comunicado de prensa que se hubiera entendido mejor si la responsable hubiera sido la Fiscalía General del Estado: la noticia era la captura de una «peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en León».

El comunicado de la Secretaría de Gobierno incluía logos de tres instancias federales: Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, pero no de la Fiscalía General del Estado ni de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, no obstante que los elementos policiales aparecidos en las fotos que se anexaron, era integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que se presumía una labor de investigación de las instancias estatales.
Lee el resto de esta entrada »Casi sin darse cuenta, el poderoso Fiscal General de Guanajuato perdió dos importantes batallas esta semana: una de ellas en la sucesión del Poder Judicial del estado, con la llegada de un magistrado fuertemente influenciado por Miguel Valadez Reyes, un ex procurador de justicia del estado; la otra, al empeñarse a fincar el delito de terrorismo a los ciudadanos de Cuerámaro que se amotinaron en protesta por la liberación del presunto responsable de un multihomicidio que originalmente se clasificó como culposo, pero que toda la evidencia muestra que fue doloso.

Con el arribo de Héctor Tinajero Muñoz, haiga sido como haiga sido, llega a la presidencia del Poder Judicial de Guanajuato un abogado penalista defensor del sistema penal acusatorio, un modelo que Carlos Zamarripa nunca ha sabido asimilar y del que se ha convertido en gran detractor, porque a sus expedientes no les va nada bien, sobre todo por sus deficiencias jurídicas y procesales.
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