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* Diego y sus muchachos se percatan de que no se gobierna para la foto
* Luis Alberto Ramos, misión cumplida



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El gobernador no tiene tiempo de atender la crisis de seguridad, pero si de inaugurar el Festival del Globo o un evento de bares y cantinas. Eso, precisamente, no es grandeza.

Mientras más insiste el gobernador del estado en eludir el tema de la seguridad en su agenda y en rechazar las opiniones que se le piden cada vez que surge un evento que evidencia la gravedad del problema, más claro queda que no se trata de falta de voluntad o de “estrategia” de comunicación, sino que en realidad hay una profunda irresponsabilidad con el compromiso contraído con la sociedad de Guanajuato después de haber ganado una elección constitucional.
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Inopinadamente, el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, se presentó en un noticiero radiofónico de León el viernes pasado. Hay que decir que entrevistar a dicho funcionario es un verdadero trabajo de Hércules para los periodistas de Guanajuato. Habla solo cuando quiere, donde quiere y de lo que quiere.
Un día antes había ocurrido la feroz emboscada contra un grupo de guardias penitenciarios de la Secretaría de Seguridad, donde murieron cinco elementos desarmados; horas después ocurriría el ataque a las oficinas de la propia Fiscalía en Celaya con el saldo de un policía muerto y varios heridos; días antes un atentado segó la vida de un funcionario de inteligencia federal y dejó herido al responsable de esa tarea en la entidad.
Increíblemente, la entrevista del titular del espacio, Antonio Rocha, y su colaborador de temas políticos, Miguel Zacarías, no abordó de inicio la complicada situación que vive el estado y el hecho de hay una ofensiva directa contra las autoridades por parte de grupos del crimen organizado, que se vive una guerra sin declaratoria de por medio y por motivos ignorados, por lo menos para la sociedad.

Hace diez años ya conocíamos las incursiones del crimen organizado en Guanajuato. Sin embargo, eran solo eso: avances, tanteos. Nadie se imaginaba la existencia de cárteles locales, ni siquiera el asentamiento de los provenientes de otros estados.
La mitología urbana de la época hablaba de Guanajuato como un estado tranquilo porque “aquí vivían las familias” de connotados capos de otras latitudes.
Hace siete años, Miguel Márquez nos vendió a los guanajuatenses la idea de un sofisticado sistema de video vigilancia cuyo costo, exorbitante, parecía justificarse por el servicio que brindaría: establecer un blindaje para preservar la paz y la tranquilidad de un estado que veía como aumentaba su PIB año con año por la llegada de las inversiones extranjeras y el turismo.

A Luis Alberto Villarreal el gobierno de San Miguel Allende debe parecerle una monserga. Para empezar ni siquiera lo buscaba, pues su intención, truncada por Ricardo Anaya, era ser diputado federal y regresar a la palestra nacional.
En una muestra de la prepotencia con la que los panistas gobiernan Guanajuato, al gobernador Miguel Márquez y al candidato Diego Sinhue Rodríguez se les hizo fácil hacer la catafixia y sin consulta alguna le endilgaron a su partido en San Miguel de Allende la candidatura de los dos Villarreal: Ricardo a la diputación federal y Luis Alberto de regreso a la alcaldía.
