Mientras que, para los ciudadanos de Guanajuato, los organizados y también los que no lo están, la seguridad y la tranquilidad constituyen un asunto primordial, urgente, que ha llegado a ser un tema de vida o muerte, para quienes se ostentan como sus representantes en el Congreso, la cuestión no pasa de un mero trámite, un “proceso”, una papa caliente que les urge despachar lo más rápido posible.
Este lunes por la tarde, un grupo de ciudadanos de diversos colectivos del estado, sumados en la plataforma Fiscalía que Sirva, tuvieron la oportunidad de un encuentro con la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, conformada por representantes de cada una de las bancadas y diputaciones unitarias allí representadas.
Protesta social contra el pase automático al procurador carnal Carlos Zamarripa. Foto: kuali.com.mx
Guanajuato sigue siendo un estado de alta migración, pese al crecimiento económico de los últimos años. Tener un trabajo continuo en la industria de la construcción en Texas no se puede comparar con una plaza en cualquiera de las empresas del clúster automotriz de la entidad.
Esa era la historia de Leonardo Reyes Cayente, un joven de 23 años originario de una modesta comunidad de San Miguel Allende, San Damián, donde apenas habitan 50 familias. A los 16 años abandonó familia, comunidad y escuela para iniciar una aventura en Dallas.
Leo Reyes en vida. El vehículo donde fue abatido por policías estatales. Foto: San Miguel de Allende Noticias con Valor
A nivel nacional ha empezado un fuerte debate sobre las regresiones que laten en el fuerte dominio político obtenido por Andrés Manuel López Obrador después del resultado de la pasada elección de julio, la cual, además de la titularidad del Ejecutivo, le dio un poder total en las dos cámaras del Legislativo.
Uno de los aspectos preocupantes es la confrontación con el Poder Judicial por el tema de las remuneraciones, la cual ya se encuentra en el terreno del litigio jurídico y también en el espacio de la confrontación mediática.
Sin embargo, en Guanajuato nada de eso puede asombrarnos… porque aquí ya vivimos un panorama como ese desde hace tiempo. Incluso, las admoniciones del coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, no dejan de sonar a hipocresía, pues él manejó desde la gubernatura de esta entidad un Congreso a modo y un Poder Judicial intervenido.
Lo malo de la 4T empezó hace tiempo en Guanajuato.
Este martes, Guanajuato fue noticia a nivel nacional por las dos decenas de ejecuciones que ocurrieron en la entidad, centrados en municipios de Salamanca, Pénjamo, Salvatierra y Valle de Santiago. El tema quedó centrado cuando lo tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.
López Obrador tocó dos puntos sensibles; no obstante, llama la atención que cada quien haya escuchado lo que convenía a sus intereses.
Casi con seguridad, el equipo de comunicación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, donde se forman asesores, directores de canales oficiales, una secretaria particular, amigos periodistas, voceros de seguridad, todos menos la encargada formal del área, quería desplegada a ocho columnas en los medios la nota del “avión que se fabrica en Guanajuato”.
No fue así, a la pequeña aeronave de tres plazas llamada pomposamente “Halcón 1”, cuando más bien parece un colibrí, la relegaron a un sitio secundario las noticias sobre la inseguridad: una veintena de muertos el primer martes de diciembre y las denuncias del alza de los delitos patrimoniales contra familias y empresas, se llevaron los titulares de la mayor parte de los medios.
Poner los pies en la tierra. Foto: Gobierno del Estado.
En los primeros meses del año próximo deberá renovarse el consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, entre los consejeros que llegan para asumir la responsabilidad por tres años, estará quien ocupe el cargo de presidente, una elección que deberá ser particularmente cuidada después de la mala experiencia vivida con el empresario del calzado Pedro González, quien debió retirarse del cargo después de un escándalo mediático y jurídico por tráfico de influencias.
El consejo de Sapal se ha convertido en una entidad donde se refleja la disputa por el poder entre los grupos económicamente poderosos de la ciudad de León. Allí, el sector cuero – calzado, dominante hasta hace no mucho, enfrenta sus anacrónicos intereses con el de los constructores y el de los desarrolladores inmobiliarios, sabedores todos de que ya no hay suficiente agua para mantener el ritmo de crecimiento de la ciudad y que ahora esta debe ser pagada en lo que vale.
Alguien en el seno de las cúpulas panistas tendría que avisarles en Guanajuato que están corriendo por una senda muy peligrosa: la de la soberbia. Además, el asunto empeora porque va acompañado de sordera y de ineficacia política.
Desde temas de gran envergadura como la inverosímil decisión de asestarle a Guanajuato la prevalencia por 18 años de un funcionario policial y persecutor de delitos; o la decisión de aumentar impuestos a la planta productiva en momentos de fuerte incertidumbre económica; hasta mamarrachadas como la postura del alcalde de Guanajuato para rechazar el turismo popular, todo indica que el PAN de Guanajuato está perdiendo el piso y que aquello de ser “el bastión azul en México”, les está causando más daño que beneficio.
El martes de la semana pasada un conocido empresario del calzado de la ciudad de León, Luis Fonseca Ochoa, fue aprehendido por una acusación de despojo, tras un largo periplo de sus demandantes quienes tienen cinco años litigando la recuperación de un predio de 100 hectáreas en ese municipio.
El asunto podría ser uno de tantos de los que ocurren a diario en una ciudad con la presión inmobiliaria de León, donde además la falta de certeza de instrumentos jurídicos como el registro público de la propiedad y del comercio y el propio catastro municipal, por su anacronismo y nula actualización, originan numerosos fraudes y una sobrecarga al sistema judicial.
De acuerdo al investigador Sergio Aguayo, hay por lo menos media docena de juicios entablados en el país contra medios de comunicación y comunicadores mediante la figura del “daño moral”, establecida al derogar los delitos de difamación y calumnias de los códigos penales del país.
El propio Aguayo enfrenta un proceso iniciado por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, sobre quien el académico del Colegio de México y colaborador del periódico Reforma y del Canal 11, había realizado y publicado investigaciones sobre sus actos de corrupción y la presunción de nexos con el crimen organizado.
Fue por lo menos patética la salida de la flamante presidenta del Comité Coordinador del sistema Estatal Anticorrupción y cabeza del Comité de Participación Ciudadana, la doctora en derecho Arminda Balbuena, para justificar la inacción de esos órganos en su informe de labores.
Sin embargo, algo hay de utilidad, pues dejó claro que la corrupción se profundiza porque recibe complicidades, voluntarias o involuntarias, de quienes tendrían que ser los encargados de combatirla.
Dicen que la corrupción les da vergüenza, aunque parece que lo sobrellevan muy bien. Foto: CGCS Guanajuato