Organizados en bloque bajo la línea emanada del Palacio de Gobierno de Guanajuato, los diputados del PAN están metidos en apuros para encontrar argumentos que justifiquen la decisión de darle a Carlos Zamarripa un pasaporte por la vía rápida que lo convierta en el fiscal general de la entidad durante los próximos 9 años.
Ayer, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que Carlos Zamarripa no tiene responsabilidad en el crecimiento exponencial del robo de combustibles en la entidad, textualmente así lo fraseó: “No tiene nada que ver un tema con otro; el tema del robo de combustibles es un tema de delito federal que la Procuraduría no tiene atribuciones para perseguir, entonces no veo la vinculación entre un tema y otro.”
Zamarripa, nada que ver en el desastre: PAN. Primera plana de Reforma del 17 de enero de 2019.
Sigue siendo vigente la vieja sentencia de que la primera víctima de una guerra es la verdad. Ahora lo vemos en el tema de la gasolina, donde la desinformación fluye a borbotones y escasean los datos concretos y los análisis razonados que contribuyan a entender y afrontar la emergencia.
Desde las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador surgen explicaciones efectistas que hasta hoy han logrado su objetivo de poner a la población de parte de la lucha contra el robo de combustibles, aunque, como en cualquier parte de guerra, los datos sean más propaganda que información contrastable.
Importación de gasolina, negocio, no magia ni solidaridad. Foto: El Financiero.
Los asesores del gobernador Diego Sinhue Rodríguez han colocado en el centro de su acción la preocupación de una buena parte de los ciudadanos de Guanajuato por el desabasto de combustible, en una apuesta que suena lógica: anteponer las urgencias de los gobernados a cualquier otra agenda.
Así, se le vio interactuar desde el primer momento de la crisis con autoridades como el director general de Pemex. Hoy, ante la persistencia del problema y la continuidad de las filas de horas y días ante las gasolineras de ciudades pequeñas y grandes del estado, el mandatario guanajuatense va a Texas a tratar de intermediar una mayor adquisición de combustible importado directamente desde Guanajuato.
Diego Sinhue Rodríguez habla con ciudadanos en una fila de abasto de gasolina este domingo. Foto: Twitter.
Guanajuato, Puebla o Tamaulipas no hubieran podido convertirse en las entidades con el mayor número de tomas clandestinas en el último sexenio, de no haberse presentado condiciones propicias que incluyen la omisión y hasta la complicidad de las autoridades locales en diversos niveles.
Incluso, hoy, tras la abrupta maniobra encabezada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el problema, sabemos que el robo de combustible en los ductos parece ser solo la puesta en escena de un delito mucho mejor organizado: el robo directo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador ha mostrado que no es tan terco como le achacan sus críticos, ni tan tenaz como quiere su propia propaganda. Su reciente acercamiento con los grandes capitanes de los grupos empresariales mexicanos, la misma “mafia del poder” a la que acusaba en sus años de peregrinaje opositor, lo pone en evidencia suficientemente.
Entonces, nada debería impedir que corrija su postura inicial de perdón a los corruptos que han venido desmantelando el aparato público en México para beneficio personal y para auge de los grupos que actúan fuera de la ley, sean de cuello blanco o incluso las violentas bandas armadas que padecemos.
El pánico inducido por las escenas apocalípticas de la escasez de gasolina en las principales ciudades de Guanajuato, ha colocado en un segundo plano informativo al fatal accidente del autobús urbano de la ruta 84 de la ciudad de León donde 11 personas murieron, incluyendo al chofer de la unidad y a una mujer embarazada junto con su bebé.
La coyuntura de crisis seguramente pasará en unos días, sin embargo, lo que no mejorará será la deficiencia del sistema de transporte que padece la principal ciudad de Guanajuato gracias, entre otras cosas a la creciente complicidad entre autoridades y transportistas que hoy no conforman un binomio de concesionario de un servicio público y regulador normativo del mismo, sino que han regresado a los tiempos del viejo pulpo camionero orientado a extraer ganancias sin garantizar calidad.
La última aparición pública del gobernador Diego Sinhue Rodríguez en este fin de año fue el pasado viernes 21 de diciembre: un evento con migrantes en Huanímaro, Guanajuato, donde anunció que las políticas dirigidas a ese sector no se verán afectadas por la disminución de los recursos federales del presupuesto 2019 hacia la entidad.
Antes de eso había subido un video a sus redes sociales y a la Web oficial del Gobierno del Estado con un mensaje navideño en el que lo acompañó su familia.
Celebrando migrantes antes de vacaciones, pero ni una palabra sobre Leo Reyes. Foto: Gobierno del Estado.
Mientras que, para los ciudadanos de Guanajuato, los organizados y también los que no lo están, la seguridad y la tranquilidad constituyen un asunto primordial, urgente, que ha llegado a ser un tema de vida o muerte, para quienes se ostentan como sus representantes en el Congreso, la cuestión no pasa de un mero trámite, un “proceso”, una papa caliente que les urge despachar lo más rápido posible.
Este lunes por la tarde, un grupo de ciudadanos de diversos colectivos del estado, sumados en la plataforma Fiscalía que Sirva, tuvieron la oportunidad de un encuentro con la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, conformada por representantes de cada una de las bancadas y diputaciones unitarias allí representadas.
Protesta social contra el pase automático al procurador carnal Carlos Zamarripa. Foto: kuali.com.mx
Guanajuato sigue siendo un estado de alta migración, pese al crecimiento económico de los últimos años. Tener un trabajo continuo en la industria de la construcción en Texas no se puede comparar con una plaza en cualquiera de las empresas del clúster automotriz de la entidad.
Esa era la historia de Leonardo Reyes Cayente, un joven de 23 años originario de una modesta comunidad de San Miguel Allende, San Damián, donde apenas habitan 50 familias. A los 16 años abandonó familia, comunidad y escuela para iniciar una aventura en Dallas.
Leo Reyes en vida. El vehículo donde fue abatido por policías estatales. Foto: San Miguel de Allende Noticias con Valor
A nivel nacional ha empezado un fuerte debate sobre las regresiones que laten en el fuerte dominio político obtenido por Andrés Manuel López Obrador después del resultado de la pasada elección de julio, la cual, además de la titularidad del Ejecutivo, le dio un poder total en las dos cámaras del Legislativo.
Uno de los aspectos preocupantes es la confrontación con el Poder Judicial por el tema de las remuneraciones, la cual ya se encuentra en el terreno del litigio jurídico y también en el espacio de la confrontación mediática.
Sin embargo, en Guanajuato nada de eso puede asombrarnos… porque aquí ya vivimos un panorama como ese desde hace tiempo. Incluso, las admoniciones del coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, no dejan de sonar a hipocresía, pues él manejó desde la gubernatura de esta entidad un Congreso a modo y un Poder Judicial intervenido.
Lo malo de la 4T empezó hace tiempo en Guanajuato.
Guanajuato, escenarios políticos 