Arnoldo Cuellar

¿Daño moral o censura descarada?

In Análisis Político, El Otro Enfoque, Sin categoría on noviembre 15, 2018 at 7:00 pm

De acuerdo al investigador Sergio Aguayo, hay por lo menos media docena de juicios entablados en el país contra medios de comunicación y comunicadores mediante la figura del “daño moral”, establecida al derogar los delitos de difamación y calumnias de los códigos penales del país.

El propio Aguayo enfrenta un proceso iniciado por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, sobre quien el académico del Colegio de México y colaborador del periódico Reforma y del Canal 11, había realizado y publicado investigaciones sobre sus actos de corrupción y la presunción de nexos con el crimen organizado.

Rodríguez Medrano

Empresario mediático y censor. Foto: Internet

Moreira, quien está sujeto a procesos internacionales por delitos similares, demandó a Aguayo una reparación de diez millones de pesos. El proceso sigue y el analista recibe asesoría gratuita de uno de los mejores despachos de la ciudad de México, pero ha debido enfrentar situaciones que le obligaron a recusar al primer juez de la causa.

Entre la media docena de casos destaca otro notable: el del exgobernador mexiquense Eruviel Ávila en contra del periodista Humberto Padgett, a causa de un reportaje que forma parte del libro “Los Suspirantes 2018”, donde el galardonado comunicador originario de Guanajuato y formado en la ciudad de México, relata en base a testimonios las orgías a las que asistía el político en compañía de un prelado de la iglesia católica. La reparación que pretende Ávila asciende también a 10 millones de pesos.

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Exgobernador, diplomático y censor. Foto: Internet.

Otras denuncias tienen como blancos al periódico El Mañana de Nuevo Laredo; a la reportera Roxana Romero, de Vanguardia Saltillo; a Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz; y, en Guanajuato, al activista y abogado Roberto Saucedo Pimentel y a quien escribe estas líneas.

Lo diferente en el caso de Guanajuato es que la denuncia de daño moral contra Saucedo y un servidor no proviene de un político, sino de un empresario de medios de comunicación: el dueño de TV Guanajuato Jorge Antonio Rodríguez Medrano, quien también es conductor de noticieros y programas de opinión donde se lanzan ataques a placer, sin límites en la invasión de la vida privada o el uso de datos personales, en contra de ciudadanos y servidores públicos.

Rodríguez Medrano ha considerado que las investigaciones realizadas por Saucedo Pimentel y publicadas en varios medios impresos y electrónicos sobre los beneficios que su televisora ha recibido de entes púbicos como el municipio de Guanajuato y el Sistema de Agua Potable de la capital del estado (Simapag), todas sustentadas en documentos obtenidos mediante mecanismos de transparencia, perjudican su imagen y le provocan un “daño moral” y también pecuniario.

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Ex gobernador, ex dirigente priista y censor. Foto: Segob.

Lo notable es la cantidad que el empresario ha considerado como conveniente para resarcir esas afectaciones: ¡más de 80 millones de pesos! Esa es justamente la cantidad que la empresa de cable donde Medrano hospeda su canal adeuda al municipio de Guanajuato por el uso de la vía pública de más de una década y que nunca ha liquidado ni nadie le había cobrado, hasta que se denunció públicamente.

Como todas las evidencias apuntan, de lo que se trata en la mayor parte de estas denuncias es de acallar a periodistas que realizan investigaciones incómodas para los protagonistas. Derivado de esta tendencia se observa que el daño moral en México está pretendiendo utilizarse como un nuevo mecanismo de censura del poder público y de quienes se asocian con él, algo que urge poner en relieve.

En el caso de Rodríguez Medrano un colectivo de periodistas ha podido documentar que sus denuncias y sus ataques televisivos contra comunicadores, por los cuales por cierto nadie ha considerado demandarlo, se han incrementado a raíz de que recibió notables cantidades de contratos publicitarios de parte del vocero de Miguel Márquez Márquez, Enrique Avilés Pérez, en su último año de ejercicio.

Tanto el activista Saucedo Pimentel como otros periodistas que trabajamos de forma colaborativa y que hemos recibido agresiones (que no críticas) de TV Guanajuato, hemos decidido defender nuestros derechos ateniéndonos al marco legal, sin incurrir en aquello de lo que somos víctimas: tratar de callar al empresario.

Él podrá seguir cometiendo los excesos que le caracterizan y que ya lo tienen bien situado ante su público. Lo que no podrá eludir es que se mantenga el escrutinio sobre sus relaciones con el poder, los favorecimientos injustificados hacia su empresa y su familia y los intentos desde instituciones públicas de usar sus espacios mediáticos para frenar iniciativas de investigación periodística independiente.

Mucho está en juego en este juicio para los comunicadores de Guanajuato, como ocurre en el resto de los casos en el país. En la medida en que nos adentramos en una época de polarización política, a la par que se debilita la oposición en las Cámaras y los equilibrios institucionales, el ejercicio periodístico cobra importancia como un bastión de contención hacia los excesos del poder y de quienes se asocian con él para medrar.

Les mantendremos informados de los avances del caso.

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