En León, histórica y tradicionalmente, los negocios han estado por encima de la sustentabilidad. La región de ríos y ciénagas está cubierta de cemento, aunque cada temporada de lluvias el agua reconoce y no faltan las viviendas inundadas.
El bosque bajo
cedió bajo el peso de la urbanización y lo sigue haciendo. Se acabó el terreno
plano y hoy en León se construye en las faldas de las elevaciones y se sigue
deforestando y colocando planchas de concreto que hacen correr el agua e
impiden su infiltración.
Los responsables
de la conducción de la ciudad, políticos, empresarios, dueños de medios y uno que
otro académico, parecen coincidir en la idea de que el crecimiento es infinito,
que la ciudad mejora si crece su actividad económica y su población.
Así fue como la
ciudad de México construyó su desastre, igual que Guadalajara y otras urbes del
país: cero planeación, codicia a raudales, leyes inexistentes o inaplicables y
ningún compromiso con el futuro ni con la racionalidad.
¿Qué está pasando en Guanajuato y en el país? ¿De dónde tanto encono? Platicamos con las senadoras Antares Vázquez y Alejandra Reynoso y con el investigador Carlos Arce, para conocer distintos puntos de vista sobre la intención de plantear una desaparición de Poderes en Guanajuato y otras entidades.
Inopinadamente,
el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, se presentó en un
noticiero radiofónico de León el viernes pasado. Hay que decir que entrevistar
a dicho funcionario es un verdadero trabajo de Hércules para los periodistas de
Guanajuato. Habla solo cuando quiere, donde quiere y de lo que quiere.
Un día antes había
ocurrido la feroz emboscada contra un grupo de guardias penitenciarios de la
Secretaría de Seguridad, donde murieron cinco elementos desarmados; horas después
ocurriría el ataque a las oficinas de la propia Fiscalía en Celaya con el saldo
de un policía muerto y varios heridos; días antes un atentado segó la vida de
un funcionario de inteligencia federal y dejó herido al responsable de esa tarea
en la entidad.
Increíblemente,
la entrevista del titular del espacio, Antonio Rocha, y su colaborador de temas
políticos, Miguel Zacarías, no abordó de inicio la complicada situación que
vive el estado y el hecho de hay una ofensiva directa contra las autoridades por
parte de grupos del crimen organizado, que se vive una guerra sin declaratoria
de por medio y por motivos ignorados, por lo menos para la sociedad.
Los panistas de Guanajuato están indignados porque el nuevo gobierno federal ha recortado recursos para inversión en infraestructura y en programas en la entidad que han gobernado por ya casi tres décadas.
Incluso, los actuales responsables de las instituciones estatales han logrado contagiar a sectores de la sociedad con este reclamo. La consigna es “AMLO discrimina a Guanajuato”.
Durante años, los gobiernos panistas presumieron su autarquía. Fox creo instituciones estatales que le competían a la federación, como la Cofoce y fue exitoso, aunque a la vuelta de los años se haya burocratizado y caído en la intrascendencia.
Solo después de una reacción popular enconada, que tuvo uno de sus picos en los abucheos e insultos a la presidenta municipal en el grito del domingo, después de fuertes reclamos empresariales y luego de asesinatos que conmovieron a todo Guanajuato y ocuparon espacios en medios nacionales, el fiscal y sus muchachos se decidieron a actuar contra los extorsionadores de Celaya.
Para toda la
tecnología que se ha comprado a alto costo, para toda la presunción de
cientificidad de los policías estatales, para toda la parafernalia sobre la
restitución del estado de derecho del gobernador Sinhue, el logro de haber
atrapado a una banda de la que formaban parte dos policías en activo, con 800
mil pesos en activos y un pequeño arsenal, parece demasiado pobre y tardío para
festinarlo por todo lo alto.
Sobre todo,
parece pobre porque ocurre nueve meses después del inicio de la ofensiva contra
la mayor fuerza criminal de la región y seis meses después del anuncio del
propio gobernador de que se había restablecido el estado de derecho en Santa
Rosa de Lima, en Villagrán, a pocos kilómetros de Celaya.
A Miguel Márquez ya solo le falta concursar como reina de la primavera para ocupar todos los espacios a su disposición en la escena pública de Guanajuato.
El gobierno del
Estado rescata a los marquistas desempleados y los recicla en nuevas funciones.
Una explicación podría ser que Diego Sinhue carece de cuadros para el relevo,
pero otra más sencilla puede ser que el marquismo está más vivo y sano que
nunca mientras el dieguismo no termina de nacer y, a lo mejor, ni siquiera ha
comenzado.
Hace dos semanas,
Sinhue exhumó del panteón de los (malos) recuerdos a la secretaria de la transparencia
de Guanajuato durante el gobierno de Márquez, Isabel Tinoco Torres, a la que
seguramente el actual mandatario no le debe muchos favores, pero el ex le debe
todo, en un arco inmenso que inicia con haberse negado a investigar la adquisición
de Escudo y cierra con la validación de la concesión a Grupo México.
Tomando en cuenta
que los gobiernos de Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez forman una
continuidad, que casi nada los distingue, que comparten funcionarios, proyectos
y logros, que como diría Timbiriche “son uno mismo”, creo que se les puede
poner juntos en el análisis sobre la (in)justificación del endeudamiento que
quiere adquirir el segundo de ellos.
En el gobierno de
Márquez la penuria nunca fue tema. Se gastó a dos manos y se hicieron megaproyectos
de todo tipo, hubo también endeudamiento como carta abierta que le permitió a
Miguel Márquez no privarse de ningún capricho, además de hacer obras necesarias.
Hay nuevo
hospital en León, más que urgente, aunque innecesariamente construido por una
empresa del sureste de México; hay teatro en Purísima de Bustos, aunque no haya
una programación decente y nutrida en los Teatros de León, Guanajuato e
Irapuato. Hay mega carreteras de León a Purísima, incluyendo las que pasan por
numerosos terrenos de la familia Márquez.
Guanajuato ha venido presumiendo a lo largo de la última década su crecimiento por encima de la media nacional. Los tigres del Bajío han llegado a llamarse a sí mismos los estados del centro de México, beneficiarios de la industrialización con capital extranjero derivada del primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En el gobierno de
Juan Manuel Oliva, coetáneo de la presidencia de Felipe Calderón, la entidad
recibió participaciones extraordinarias derivadas del bono petrolero, el
recurso no previsto en el presupuesto anual derivado de los altos precios del
petróleo.
Ese dinero sirvió
para adquirir terrenos que se regalaron a las empresas atraídas, Honda y Mazda,
entre las principales, además de numerosas plantas de la cadena de proveedores.
Guanajuato, escenarios políticos 