Luis Felipe Guerrero Agripino está entrenado para darle la razón a sus interlocutores, máxime si está en el ojo del huracán. Así lo hizo de forma sistemática en su comparecencia ante las legisladoras de la Comisión de Equidad de Género que lo citaron para revisar los casos de acoso y hostigamiento en la Universidad de Guanajuato.

Al escuchar al rector general surgía la impresión de que tiene un profundo compromiso con el combate y hasta la erradicación de las conductas de acoso y agresión sexual y que su mayor problema es la inercia burocrática de la UG y su gran tamaño, sus 70 unidades académicas.

Es decir, el poderoso rector general que se presenta a la reelección sin opositores, que domina todos los espacios burocráticos y deliberativos de la institución, llámense cuerpos académicos, consejos de campus y el consejo general, no ha logrado mover al “elefante reumático” para que se rechacen de tajo las conductas de agresión cobijadas institucionalmente.

Y claro, cuando se revisa la historia inmediata de la Universidad, se entiende porque no pasa eso. Porque el elefante reumático es pastoreado y alimentado precisamente desde la rectoría general, administrando los recursos, los programas y las prebendas para construir un esquema de lealtades internas que le permita a Agripino y a su grupo conservar y acrecentar el poder político y el manejo del enorme presupuesto universitario.

El elefante reumático no puede caminar en temas de equidad de género por una cuestión de origen.

El debate de la violencia de género en la Universidad de Guanajuato se despertó en 2015, justo después de la elección que hizo rector a Agripino, cuando Isabel Puente Gallegos denunció en su oficina el ataque sexual de que fue víctima por parte del doctor Julio César Kala en la ciudad de Aguascalientes mientras se encontraban en una comisión académica, y la respuesta fue no solo el silencio sino la omisión, el ocultamiento y el cabildeo ante instancias como la Procuraduría Estatal de los derechos Humanos para omitir el señalamiento de responsabilidades.

Hasta la fecha no deja de asombrarme como todas las resoluciones en torno al caso Kala, tanto de la PDHEG como de la Comisión de Honor y Justicia de la UG nunca mencionan a la víctima y solo se enfocan expresamente en la exoneración de Julio César Kala, quien fue plenamente reivindicado y puesto a cargo de programas académicos como un posgrado ¡de derechos humanos!

Igualmente, no logro explicarme como el no caso de Isabel Puente víctima de Julio César Kala dio lugar a la creación de un protocolo para atender la violencia de género y una oficina especial, por cierto, bastante deficiente, como lo probó el estallido de los casos del campus León en el año 2018.

El caso Kala y la situación de triple víctima de Isabel Puente, víctima de su agresor, de la UG y de la PDHEG, están en el origen de la imposibilidad fáctica del rectorado de Agripino para atender la situación de violencia de género en la Universidad de Guanajuato.

Por ejemplo, resulta inadmisible que sean toleradas actitudes como la del director de la División de Ciencias Sociales del Campus León, el doctor Alex Caldera, quien luego de las sanciones a varios de sus catedráticos, obligadas por la intensidad mediática alcanzada por la denuncia de sus víctimas, se haya atrevido a pasar a los salones a explicar que, a los profesores, simplemente, “se les pasó la mano en Facebook”.

Agripino fue enfático en señalar que no puede comprometerse a que no ocurran más casos porque dirige una institución de más de 70 mil personas, como si no existieran políticas públicas o como si él personalmente debiera ocuparse del tema con todos los universitarios.

Resulta claro que los avances en las políticas de prevención y sanción a la violencia de género han ocurrido como reacción a denuncias públicas y no formando parte de una actitud preventiva, algo mínimo esperable en una institución dedicada a analizar e interpretar la realidad.

Tampoco parece muy impresionante que Agripino recurra a asumir su papel de profesor para disquisiciones intelectuales sobre la filosofía del derecho penal, gaslighteando y mainsplaneando a las diputadas, cuando no logra hilvanar una política eficiente en la institución que rige de manera casi absolutista.

Decir como debe ser el Código Penal de Guanajuato desde las alturas de la academia, pero no hacerse cargo del compromiso de reducir a cero las conductas de acoso en la Universidad a causa de su tamaño, parece muy cómodo y también muy irresponsable.

La actitud burocrática y formalista que el rector critica en su discurso es el pan de cada día en la Universidad que dirige. Resulta falaz e hipócrita que cuatro años después de la asunción de la máxima responsabilidad en la institución, siga quejándose de las complejidades de dirigir una institución de esa magnitud.

Como dijo el ya clásico: si no pueden, renuncien.