La triple crisis propiciada por la propagación del virus SARS-CoV-2, su impacto en la economía y el agudizamiento de la violencia indiscriminada en Guanajuato, ha soslayado otros problemas que urge atender.
En las próximas semanas se cumplirán 20 años de funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de León, la mayor ciudad del estado y la que vive uno de los problemas más graves de contaminación industrial, solo comparable a la que produce la industria petrolera y sus derivados en Salamanca.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
La construcción de un complejo para tratar las aguas residuales urbanas y las aguas que contenían residuos industriales, en funcionamiento desde el año 2000, fue presumida en su momento como una solución revolucionaria, parecía que al fin la ciudad sede de la mayor actividad de curtido industrial del país, demandante de agua y altamente contaminante, entraba en la modernidad.
Escucho el discurso políticamente correcto de Luis Ernesto Ayala en torno al trato del gobierno estatal hacia los colectivos de familias de desaparecidos, en una conferencia de prensa posterior a una reunión donde no hubo acuerdos entre las organizaciones y el gobernador del estado, y me asaltan dudas fundamentales.
Si el estado está «tan abierto», «tan sensible», «tan cercano» y «tan comprensivo» con la situación de quienes han perdido a una persona cercana y no tienen noticia alguna de su paradero, entonces ¿por qué envió a los policías de Alvar Cabeza de Vaca con instrucciones de confrontar, desalojar y detener a los integrantes de los colectivos el viernes pasado?
Esta semana seguí la conferencia de prensa que ofrece esporádicamente, avisando apenas un par de horas antes, el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, sobre el comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Guanajuato. Lo primero que salta a la vista es la ligereza de los mensajes que emite la máxima instancia de salud en el estado.
Foto: TV4
Si de por sí hay confusión entre la población derivado de la abundancia de fuentes que están emitiendo mensajes, de las contradicciones entre las mismas, de lo poco que saben los especialistas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y de los aprendizajes que están surgiendo continuamente, además de las inevitables competencias políticas que ha motivado la atención a la pandemia, las comparecencias del secretario de salud no ayudan en nada.
La comprobación más clara de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido asumirse como un mero encargado de despacho y no como el jefe del Poder Ejecutivo de Guanajuato, la exhibe su actitud frente al fiscal que él mismo eligió y que simplemente formalizó el Congreso mediante el pase automático: Carlos Zamarripa Aguirre.
Salvo las historias que Zamarripa construye para documentar su pretendida excelencia, como las certificaciones a modo o la buena relación con alguna parte de la burocracia policial norteamericana, todos los demás indicadores son desastrosos: Guanajuato es, renglón a renglón, un estado más violento, más inseguro, más caótico y más desestabilizado que cuando Carlos Zamarripa asumió el cargo en 2009.
Las violaciones a los derechos humanos se mantienen y escalan, la tortura ha regresado, como lo reconoce incluso la insulsa Procuraduría de los Derechos Humanos que padecemos. En los últimos años tenemos ejecuciones extrajudiciales como la de Leonardo Reyes Cayente, que caen en un terreno no solo de impunidad, sino de complicidad del procurador con su compadre el secretario de seguridad.
Todas las pequeñas maniobras que el gobernador de Guanajuato ha intentado para eludir su responsabilidad en la atención al tema de la creciente inseguridad y la insoportable violencia que laceran a Guanajuato, han caído una tras otra por su propio peso.
Ilustración: @PincheEinnar
En realidad a Sinhue nunca le interesó atender las raíces profundas de la desaparición de la paz y la tranquilidad en la entidad. Su compromiso con Miguel Márquez Márquez para convertirse en candidato del PAN a la gubernatura pasó explícitamente por mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuraduría de justicia y convertirlo en Fiscal General Autónomo.
La notoria precipitación con la que actuaron las fuerzas conjuntas del estado y la federación este sábado en Celaya, solo puede obedecer a la desesperación de los altos mandos políticos por la delincuencia desatada y por la dura exigencia ciudadana de hacer algo al respecto.
Algo o mucho debieron influir los infames asesinatos de dos niños pequeños en acciones criminales que mucho tienen de caóticas, de violencia ciega, de resabios de una profunda descomposición en el submundo delincuencial, pero también en las fuerzas del estado que presuntamente combaten la ilegalidad.
Foto: Especial
El reclamo sostenido en redes sociales, en medios de comunicación, en corrillos políticos para que el gobierno del estado y el federal intervengan en Celaya para frenar lo que ya es un estado de derecho fallido, seguramente estuvo en la raíz de la acción que se centró en el ámbito familiar de José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, jefe mafioso al que se viene combatiendo desde enero del 2019, a raíz de la guerra contra el huachicol.
Guanajuato, escenarios políticos 