La captura de José Antonio Yépez Ortiz por fuerzas federales, después de una carrera delictiva de más de una década en total impunidad, tuvo un efecto colateral que no parece extraño si se observa con cuidado: la desaparición del poderoso Fiscal General del estado del escenario público, desde el fin de semana pasado.
Partidario del bajo perfil mediático casi hasta la opacidad, Carlos Zamarripa Aguirre no elude presentarse a conferencias de prensa donde da a conocer noticias importantes cuando lo ameritan los acontecimientos o cuando debe sacar adelante a su institución de momentos polémicos.
Imagen tomada de video promocional de la FGEG
El anuncio de la captura del criminal más buscado los últimos dos años en Guanajuato, a partir de la llegada del nuevo gobierno federal, era una ocasión inmejorable para que el cuestionado Fiscal, de quien se discuten sus 11 años en el cargo y sus pésimos resultados, saliera a cobrar facturas.
Las elecciones del 2018 fueron dominadas por un solo tema: la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto que vino a coronar el mal recuerdo que de por sí tenían los mexicanos del PRI del siglo XX y al que solo una enorme distracción, impulsada por los grandes medios de comunicación, le permitió regresar al poder.
Ilustración: @PincheEinnar
El debate sigue vive y se está evidenciando en la negociación de la Fiscalía General de la República con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, símbolo del saqueo peñista, donde se cuestionan los privilegios que ha recibido a cambio de sus delaciones.
Incluso, el posible uso político de la información que proporcione Lozoya, está produciendo un terremoto. Perdonar a un corrupto a cambio de parque mediático para combatir a los críticos del régimen, no parece la forma más aceptable y eficiente de combatir la gran lacra del país que le dio a Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de llegar al poder.
Escucho el discurso políticamente correcto de Luis Ernesto Ayala en torno al trato del gobierno estatal hacia los colectivos de familias de desaparecidos, en una conferencia de prensa posterior a una reunión donde no hubo acuerdos entre las organizaciones y el gobernador del estado, y me asaltan dudas fundamentales.
Si el estado está «tan abierto», «tan sensible», «tan cercano» y «tan comprensivo» con la situación de quienes han perdido a una persona cercana y no tienen noticia alguna de su paradero, entonces ¿por qué envió a los policías de Alvar Cabeza de Vaca con instrucciones de confrontar, desalojar y detener a los integrantes de los colectivos el viernes pasado?