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Escucho el discurso políticamente correcto de Luis Ernesto Ayala en torno al trato del gobierno estatal hacia los colectivos de familias de desaparecidos, en una conferencia de prensa posterior a una reunión donde no hubo acuerdos entre las organizaciones y el gobernador del estado, y me asaltan dudas fundamentales.
Si el estado está «tan abierto», «tan sensible», «tan cercano» y «tan comprensivo» con la situación de quienes han perdido a una persona cercana y no tienen noticia alguna de su paradero, entonces ¿por qué envió a los policías de Alvar Cabeza de Vaca con instrucciones de confrontar, desalojar y detener a los integrantes de los colectivos el viernes pasado?

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La notoria precipitación con la que actuaron las fuerzas conjuntas del estado y la federación este sábado en Celaya, solo puede obedecer a la desesperación de los altos mandos políticos por la delincuencia desatada y por la dura exigencia ciudadana de hacer algo al respecto.
Algo o mucho debieron influir los infames asesinatos de dos niños pequeños en acciones criminales que mucho tienen de caóticas, de violencia ciega, de resabios de una profunda descomposición en el submundo delincuencial, pero también en las fuerzas del estado que presuntamente combaten la ilegalidad.

El reclamo sostenido en redes sociales, en medios de comunicación, en corrillos políticos para que el gobierno del estado y el federal intervengan en Celaya para frenar lo que ya es un estado de derecho fallido, seguramente estuvo en la raíz de la acción que se centró en el ámbito familiar de José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, jefe mafioso al que se viene combatiendo desde enero del 2019, a raíz de la guerra contra el huachicol.
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