Después de haber publicado el reportaje sobre el otorgamiento de 8 doctorados “Honoris Causa” por dos universidades que carecen de reconocimiento académico y de registro ante la Secretaría de Educación Pública, el cual se llevó a cabo en el aula de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la respuesta de esta dependencia fue el silencio.

“No hay posicionamiento” fue la respuesta de por lo menos dos funcionarios de la PDHEG, una de cuyas escasas fortalezas es la máxima publicidad para sus recomendaciones, es decir, su manejo y su credibilidad frente a los medios de comunicación.

Esa situación ha pasado a segundo término en la era del procurador Raúl Montero de Alba, un personaje cuya mayor virtud es la buena relación que lleva con los sujetos observados y su proclividad a firmar “convenios” con dependencias públicas antes que la sanción a las conductas que violenten los derechos de los ciudadanos guanajuatenses.