• Libia García, de figura emergente a candidata oficialista
• Alejandra Gutiérrez libra la aduana del aumento al transporte
• En Guanajuato, un Congreso fuera de la realidad

1.- El dedazo de Diego Sinhue perjudica a Libia 

En pocas semanas, la secretaria de Gobierno y aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura de Guanajuato, pasó de ser una figura emergente y carismática, a heredar la maldición que ya vulneró a Jesús Oviedo y lo dejó fuera de la carrera: convertirse en la tapada oficialista de Diego Sinhue Rodríguez y del aparato de gobierno.

Oviedo recibió el beneficio de un lanzamiento estratosférico por parte del gobernador, con toda la parafernalia propagandística y el apoyo económico. El peso de ser el delfín oficialista nunca fue asimilado por el Secretario de Desarrollo Social, que se hundió como peso muerto desencantando a sus promotores y sorprendiendo a sus malquerientes.

La personalidad del ex alcalde de Cortazar, un bajo perfil de mínimo protagonismo, se combinó con la enorme responsabilidad de operar un programa multimillonario de reparto de dádivas y de activismo político y gubernamental en los 46 municipios, para derivar en un despegue frustrado de la sucesión que quería Diego Sinhue y en una gran pérdida de tiempo para el partido oficial que gobierna Guanajuato hace 31 años.

Fue en esa coyuntura que surgió la figura de Libia Dennise García Muñoz Ledo, una política con ideas propias, sin temor a correr riesgos, con disposición al diálogo y a la apertura, una rara avis en medio del culto a la línea que suele ser la característica principal de los políticos panistas hoy en día, sobre todo los diputados.

Su asunción como secretaria de Gobierno, fue la marca de salida para un crecimiento notable que la posicionó rápidamente como una alternativa en la carrera sucesoria, sobre todo ante la circunstancia de que la definición de género fuese para una candidata mujer.

Un auténtico plan B para Diego Sinhue que no dejaba de ser una solución heterodoxa a la forma tradicional en la que el PAN había resuelto sus 5 procesos sucesorios en estas largas 3 décadas de monopolio de poder, donde ninguna mujer ha estado ni de cerca en la tesitura de pelear el cargo más importante del estado, donde ninguna mujer ha encabezado el partido a nivel estatal y donde la paridad de género ha estado absolutamente ausente en los gabinetes de los gobernadores y solo por modificaciones de las leyes federales se ha logrado en las alcaldías y en la legislatura.

Sin embargo, todo cambió el pasado 16 de enero, cuando la comparecencia casi rutinaria de la secretaria de Gobierno en el comité municipal del partido en León fue aprovechada desde la cúpula estatal para mandar la señal inequívoca de que la funcionaria se convertía en la depositaria de las complacencias del gobernador como prospecto a sucederlo.

La cargada se manifestó como en los mejores tiempos del PRI: secretarios y secretarias del gabinete, centenares de militantes de diversos municipios y un despliegue de propaganda calculada en medios y redes parecían querer enmendar el error cometido en la primavera de 2022 con el relanzamiento del programa Impulso como plataforma de precampaña de Oviedo.

El objetivo se logró en un sentido: quedó claro que la apuesta de Diego había cambiado y que su proyecto de elegir mediante dedazo la candidatura del PAN a la gubernatura se centraba ahora en Libia.

Lo que no se calculó fue la respuesta. Primero desde el propio territorio guanajuatense, con declaraciones de abierto reto e insubordinación de parte de políticos guerrilleros como Erandi Bermúdez, pero también de otros más bien institucionales, como Luis Ernesto Ayala, lanzados todos en cuestionamiento de Libia y del dedazo que la favorecía. 

Detrás de ambos se adivinaba el veto del ex gobernador Miguel Márquez Márquez, nostálgico del poder absoluto que disfrutó como gobernador y del relativo que todavía gozó en los 3 primeros años del sexenio de Diego.

Pero eso no fue tan preocupante como lo que ocurrió hace una semana, cuando el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se arrogó el privilegio de definir el método y el género de la próxima selección de candidato a gobernador de Guanajuato, con un anuncio en una rueda de prensa de circunstancias y sin la presencia del gobernador: “En Guanajuato pinta para que sea una elección interna entre mujeres y para que quien resulte de ahí electa se convierta en la primera gobernadora del estado de Guanajuato”.

Lo que siguió fue inédito: rechazo a la decisión de género de los aspirantes varones, exigencia de que no solo fuera elección de la militancia, sino abierta a toda la sociedad, conformación de bloques: Luis Ernesto, Erandi y Alejandra en contra de Libia.

Y quizá la consecuencia más relevante: la identificación de Libia Denisse como la candidata del dieguismo y aspirante a vencer por los inconformes locales y los aliados con el jefe nacional panista.

Flaco favor le hizo el aparato estatal a la secretaria de Gobierno cuya mayor fortaleza era no verse ligada a la continuidad y constituirse como un renuevo del panismo treintañero. Hoy se multiplican las acechanzas en su contra y su fortaleza ha dejado de ser su independencia para pasar a ser peón en un juego donde sus patrocinadores ya no las traen todas consigo.

2.- Alejandra Gutiérrez: oxígeno para una candidatura complicada

El golpe seco de Marko Cortés a la autarquía del panismo guanajuatense tiene una beneficiaria directa: la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien hasta hace no mucho se veía como una aspirante periférica que bien podría competir para ser compensada con una posición como el senado o incluso su propia reelección.

Eso ha quedado atrás, después de la premeditada incursión del dirigente nacional panista en los terrenos de Guanajuato, donde poco trascendió lo que le dijo a sus senadores, pero se llevó todas la portadas locales con su tronante definición de “candidata mujer por consulta directa a la militancia”.

En ese nuevo contexto, Gutiérrez Campos enfrentó una primera asignatura difícil con el reclamo de incremento a la tarifa del transporte público, un expediente del que no ha escapado ninguno de sus antecesores, pero tampoco les tocó con el doble carácter de funcionarios y aspirantes.

La alcaldesa aprovechó la exagerada demanda de 4 pesos de incremento de los concesionarios del transporte público, básicamente un monopolio en manos del veterano líder de taxistas Fernando García Murguía, convertido en uno de los principales compañeros de viaje de los gobiernos panistas, para hacer un oportuno control de daños.

“Es una propuesta desproporcionada”, les asestó a los transportistas en un video en redes sociales, donde también responsabilizó al gobierno federal de los incrementos a los combustibles y costos asociados al transporte.

La declaración marcó el tono y preparó el terreno para la discusión en el seno de la comisión mixta tarifaria encabezada por su mano derecha, la regidora Jared González, y donde también fue relevante la participación del síndico José Arturo Sánchez Castellanos. 

Un incremento de un peso a la tarifa principal y a la de prepago, quedó lejos de la propuesta de los camioneros, aunque el subsidio de 95 millones de pesos en un fideicomiso para renovar unidades no deja de ser una compensación que casi equivale a otro peso en la tarifa, de acuerdo a las cifras presentadas por la dirección de movilidad.

Lo políticamente relevante es que el conflicto fue controlado y no se convirtió en un tropiezo de popularidad, quizá algo de lo que más preocupa a Alejandra y a su equipo cercano.

Fue un enero redondo para una aspirante que cerraba el 2022 lejos de posibilidades reales en el escenario local: la toma de poder de Marko Cortés para meter las dos manos en la sucesión de Guanajuato y la superación de un conflicto que pudo haber sido una catástrofe replantean las posibilidades de la alcaldesa de León de cara al 2024. 

3.- Un Congreso que se esfuerza por no representarnos  

Todavía no terminaban las secuelas del escándalo suscitado por un viaje de “estudios”, sufragado con gastos públicos, de veinte diputados de todos los partidos representados en el Congreso, salvo Movimiento Ciudadano, que incluyó integrantes familiares, paseos continuos y nula información sobre los objetivos y logros académicos, cuando nos enteramos de que nuestros legisladores se aprobaron un incremento de sueldo de más de siete mil pesos.

Significa casi un 6 por ciento de aumento para llevar su nada austero emolumento de 127 mil a 135 mil pesos. La  mejor defensa que pudieron hacer los diputados de la seudo oposición Alejandro Arias y Gerardo Fernández fue que el incremento “estaba por debajo de la inflación”.

Realmente se necesita una cara muy dura para considerar como “insignificante” un incremento que es superior en mil pesos al nuevo salario mínimo, pese al notable incremento de 20 por ciento que entró en vigor este primero de enero.

Más notable es que la defensa del inmoral incremento se encuentre a cargo de los legisladores de otros partidos y no de los panistas, lo cual muestra la vocación de estos 

“representantes populares” para salir a lavar la cara del régimen y su carácter de oposición comprometida.

Sin lugar a dudas, Guanajuato vive una de las peores etapas de la representación popular. Incluso en los tiempos de la vilipendiada dictablanda priista, se registraba la presencia de diputados de verdadera oposición, sobre todo los panistas, que nunca dejaban de señalar los excesos e incongruencias de los gobernadores tricolores y de sus compañeros diputados entregados a vulnerar la división de poderes.

Hoy eso no pasa más. Lo grave es que no solo está desaparecido el control del poder por el poder que señala la letra constitucional, sino que los millones de ciudadanos guanajuatenses se encuentran huérfanos de representación. 

Así que difícilmente este Guanajuato, tan fiel al PAN y tan resistente al cambio, puede postularse como el modelo a seguir para las batallas nacionales de la oposición coaligada.

Son malos tiempos para la vida democrática.