Las mujeres se están cansando y no es para menos. El estado no entiende que nada entiende. Instituciones donde se presume de analizar y transformar la realidad, como las universidades, se muestran anquilosadas, reactivas, insensibles.
Desde la política muchas mujeres han dado la lucha por mayores espacios, pero al llegar a las posiciones de poder no han sido sensibles a las muchas desigualdades que históricamente afectan al género femenino.
Las mujeres en la academia se molestan cuando se les recuerda que lo que enseñan en sus cátedras no tiene nada que ver con la omisión de las instituciones a las que pertenecen.
Me resulta abrumador el comunicado de la Universidad de Guanajuato, leído por una catedrática experta en derecho, cuando pone el énfasis del mensaje en que una mujer asesinada no era alumna vigente, que el caso está en manos de la Fiscalía del Estado y que lo único que tienen para ofrecer es “contención”.
Supongo que a muchos otros universitarios se les cae la cara de vergüenza cuando ven que un diplomado interuniversitario de derechos humanos es coordinado por un profesor acusado formalmente por abuso sexual y protegido de las consecuencias de su conducta por una red de complicidades oficiales donde participaron el gobierno estatal, el procurador de derechos humanos recién premiado con un cargo judicial con sueldo de 200 mil pesos, y la propia universidad.
Nadie dice nada, sin embargo. La complicidad es generalizada, la omisión es la regla. Maestros que se llenan la boca en la cátedra hablando de que la impunidad es la madre de la violencia que vivimos, saludan de abrazo a sus colegas acosadores, cuando no lo son ellos mismos, ahora o en el pasado.
El estado se muestra ausente. Creó un Instituto de la Mujer que no sirve para maldita la cosa, salvo para litigar que no se decrete la alerta por violencia de género. La Fiscalía General del Estado tiene un lujoso edificio de agencias especializadas en violencia de género que serviría de más si lo que costó se hubiera invertido en capacitación sobre perspectiva de genero para todo su personal, del fiscal para abajo.
La universidad crea una oficina de políticas de género, formula protocolos, los reformula, eleva de rango la oficina y paga mejores sueldos a sus titulares, pero es incapaz de abrir oficinas en los 6 campus regionales que allanarían el camino a la denuncia y a la visibilización del fenómeno.
Por eso la indignación ha estallado en las calles, porque los conductos institucionales no existen o están taponados.
Todo es simulación y discurso en las lujosas oficinas rectorales, todo es evasión y justificaciones. No hay peor misoginia que la que no quiere decir su nombre y se escuda en pretextos humanistas, retorica clásica, retorcidos argumentos jurídicos y un enorme gasto publicitario.
Por eso las y los universitarios, algunos de ellos, muchos para ser Guanajuato, parecen ya no creerles nada y se disponen a pasar a la acción.
Parece no haber de otra.
