Mal puede funcionar una policía cuando tolera que sus propios miembros cometan delitos sin sancionarlos.
La tortura, práctica común en las viejas policías de la era priista y una excepción en las primeras administraciones estatales del PAN, ha regresado con fuerza a Guanajuato de la mano de Carlos Zamarripa.
El primer fiscal general de Guanajuato no se cansa de presumir su diplomado de unas cuantas semanas en las instalaciones del FBI en Virginia. Sin embargo, ni eso ni una profunda reforma del sistema penal le dieron las herramientas para hacer olvidar una de las prácticas más nefastas del sistema de procuración de justicia mexicano.
Incluso el complaciente procurador de los derechos humanos de Guanajuato, no creo que merezca el apelativo de Ombudsman, se ha visto impedido de cerrar los ojos ante lo que es una normalización de las vejaciones a los detenidos y la persistencia de la confesión como “prueba reina”.
Con tibieza, la oficina a cargo de Raúl Montero de Alba que cada vez parece más una dependencia del Ejecutivo, registró 65 casos de maltratos en el 2018, a los que sumaron cinco más en el primer trimestre de 2019. Les llama “violaciones a la integridad personal”, para evitar el término de tortura y ahorrarse la aplicación del Protocolo de Estambul, que obligaría a abrir un proceso por cada caso.
Por ello, por la inexistencia de una política firme que busque detectar, combatir y erradicar la tortura, vemos que los casos proliferan y aumentan año con año, más allá de que no se les quiera clasificar como tales.
Y como resultado, ante la seguridad de que no les ocurrirá nada, salvo quizá un amonestación y una leve suspensión, hay elementos ministeriales y policías de corporaciones municipales que reinciden en las practicas de tortura, sin que las sanciones se incrementen o lleguen a la apertura de carpetas o a la separación del cargo.
Si ya es preocupante la simulación emprendida por Carlos Zamarripa de una investigación policial pretendidamente “científica”, pero que continúa apelando a la bolsa de plástico, las descargas eléctricas, los alfileres en las uñas y las violaciones anales, mucho más lo es la actitud de tolerancia adoptada por quien ocupa la oficina de Procurador de los Derechos Humanos, pero sin asumir la responsabilidad.
Como en el caso del viejo PRI, colocado hoy en el basurero de la historia, el panismo treintón de Guanajuato está repitiendo situaciones que creíamos superadas, situaciones que sus antecesores que combatieron al priismo repudiaban con todo su ser.
La situación forma parte de la lógica de guerra que Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca han impuesto en el discurso de la seguridad pública, el mismo que alegremente ha comprado Diego Sinhue Rodríguez y que se encarga de justificar la importada vocera Sophia Huett con pésimo tino: ”No se quema el cocinero que no entra a la cocina”, dice para justificar que a los policías se les vaya la mano.
No es así, los relatos que se encuentran en las recomendaciones de derechos humanos son escalofriantes. Para empezar, el hecho de que un detenido no sea puesto inmediatamente a disposición de un juez y se encuentre aislado y a expensas de sus captores, sujeto a interrogatorios extralegales, es una cuestión que afrenta la Constitución y sabotea la Reforma Penal Acusatoria que perseguía erradicar esas prácticas.
Además, no son solo los presuntos criminales los únicos susceptibles de ser torturados. Una policía fuera de control y alentada a actuar por encima de la ley, tampoco respeta a los ciudadanos como hemos visto en innumerables ocasiones.
El estado no puede comportarse como una banda facciosa. No es esa la legalidad que Diego Sinhue Rodríguez prometió guardar cuando juró la Constitución del Estado y mucho menos puede admitirse que esa lógica sea impuesta por funcionarios que no fueron votados.
Eludir el estado de derecho y sabotearlo desde las instituciones públicas es la mejor manera de perder lo logrado en otros terrenos como el de la captación de inversiones y la creación de empleo. Y para darse cuenta de eso no hace falta ir a Singapur.