Arnoldo Cuellar

Días de Guardar: Domingo 28 de julio de 2019

In Análisis Político, Crónica, La Noticia al Punto on julio 28, 2019 at 1:44 pm

*UG y Violencia de Género, la asignatura sigue pendiente

*Priistas, enterrados boca abajo

*Villarreal se equivoca de enemigo

  1. Sin protocolo, Agripino eleva sanción por acoso

La decisión del área de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato de cesar al investigador y directivo Víctor Ayala Ramírez tras la denuncia de una estudiante de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca, da un giro radical al tema que se ha convertido en el mayor reto del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, prácticamente desde su toma de posesión.

Sin embargo, la política al respecto no termina de ser clara. No se entiende, por ejemplo, porque el rector general y sus asesoras no abordaron este tema durante su comparecencia con las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, si cuando esta ocurrió el caso ya se había presentado, analizado y determinado la sanción, de acuerdo al boletín de la propia UG.

Ilustraciones: @PincheEinnar / https://einnar.poplab.mx/

El cese del doctor Ayala, un investigador SNI 1 responsable de una división y un laboratorio de vanguardia sobre inteligencia artificial y robótica, se produjo el 5 de julio, prácticamente una semana antes de la comparecencia de Agripino y su equipo en el Congreso.

Allí todavía se defendió la política universitaria de investigaciones exhaustivas y sanciones de acuerdo al reglamento, sin afectar las condiciones contractuales de los presuntos responsables de conductas de acoso. Sin embargo, teóricamente ese debate habría quedado atrás con la decisión tomada en el caso de Víctor Ayala.

El comunicado donde se hizo pública la sanción se conoció hasta este lunes, con el regreso a la actividad del personal administrativo, generando un gran desconcierto en la DICIS y en el propio Campus Irapuato – Salamanca. El boletín no contenía el nombre del investigador, sin embargo, se identifica perfectamente el área; tampoco se tipifica la conducta, aunque esta se deduce por referirse a una denuncia ante UGénero, la ventanilla que conoce los temas de violencia de género. Además, se abre la posibilidad de mayores especulaciones al referir en el texto que está abierta la posibilidad de que intervengan otras instancias jurídicas.

El tema, como se ve, se le sigue haciendo bolas al rectorado de Agripino pese a que cuenta con una pléyade de asesores en la materia y ha creado por lo menos tres instancias para atenderlo: la ventanilla de UGénero, un Consejo para la Atención de la Violencia de Género y una oficina de Derechos Humanos en la Dirección General Jurídica.

Por lo pronto, resulta una genial confesión el contenido de una columna periodística en el diario estatal Correo que se ha caracterizado por ejercer una vocería oficiosa del rector general.

El redactor de Yerbamala afirma bajo el encabezado de “Histórico”: Las sanciones más duras por casos de agresión sexual que se le han venido exigiendo a la UG ya alcanzaron un nivel sin precedentes, el del despido laboral. En este caso, el de un profesor, quien además era el director de la División de Ingeniería del Campus Irapuato-Salamanca, DICIS.

Es decir, el rector Agripino decidió escarmentar con el académico Ayala todos los reclamos recibidos por la resistencia de la UG a visibilizar el tema y sancionarlo de manera ejemplar. La redacción no deja lugar a dudas: se castiga para responder a exigencias externas, no por que se haya establecido un compromiso interno para atender el problema. Casi se les dice a los críticos: “ahí está, para que ya no estén fregando”.

El tema de fondo es que Agripino decidió ser draconiano con un universitario alejado de sus afectos, cuando sus cercanos han estado sobreprotegidos. Eso seguirá siendo tema.

  • El PRI, un ADN hecho de resabios

Alejandro Moreno, “Alito”, así en diminutivo, vino a hacer una mini campaña en su camino para alcanzar la dirigencia nacional de un partido que vive momentos terminales, sobre todo por síntomas como los que exhibió el priismo local en su cargada patética con “el bueno” o, quizás, el menos malo.

Ni la peor derrota de su historia, ni el rechazo que le externan a ese partido en todas las encuestas que salen a la luz, ha obligado a los priistas, los que quedan, a replantearse sus usos y costumbres, sus “métodos” y, algo más denso, el papel de la historia que quisieran escribir hacia el futuro.

En Guanajuato la jornada de “Alito” Moreno se limitó a externar lugares comunes de poca sustancia y a lidiar entre discordias. Vio a Gerardo Sánchez a escondidas, le dio juego a Yulma Rocha, quien apareció como su cuadro de confianza en Guanajuato y sobrellevó a la cargada de exgerardistas y oportunistas de toda laya que ya se subieron al tren del candidato que lleva las de ganar.

En realidad, el campechano no necesita hacer campaña. Cuenta con el respaldo de los gobernadores que lo llevaran en olor de muchedumbre a la posición de dirigente de un partido extraviado en su ruta, cargado de un pasado que solo produce repudio y sin ningún proyecto claro de futuro. Incluso ni siquiera el de opositor a ciegas, espacio ganado ya por el PAN, pues Alito es para todos los efectos “Amlito”.

Y en Guanajuato, los que han perdido una y otra vez la oportunidad de hacer oposición frente al PAN, los proclives a “la negociación”, los alfiles azules en el Congreso y en las jornadas electorales, acudieron en tropel para disputarse la titularidad de un nuevo PRI que solo hará las mismas viejas cosas: pelear a cuchilladas por una o dos curules plurinominales, algunas regidurías y las migajas de una prerrogativas cada vez más precarias.

Hoy, reciben más algunas priistas de prebendas de parte de alcaldes panistas (ahí están las rentas de Francisco Arroyo al municipio de Guanajuato), que el PRI de recursos del IEEG. El asunto no llega ni siquiera a lamentable, borda lo ridículo.

  • Villarreal regaña, pero no responde

Recién llegado de Nueva York, a donde fue a gastar dinero para apantallar a Diego Sinhue y a una pequeña tropa de reporteros por encargo, el alcalde de San Miguel Allende debió enfrentar la cruda realidad de la ciudad que (des) gobierna: una policía agredida, dolida, mal dirigida, peor equipada y llena de reclamos.

Lo lamentable es que esa inconformidad larvada haya esperado tanto tiempo, y que en el camino hayan debido morir dos elementos para que finalmente cobrara forma.

Poco le importaba a Villarreal la situación de su policía cuando paseaba por las calles de Madrid a fines del mes de mayo, en una conveniente escala antes de ir a Cracovia a buscar otra posición de postín en la asociación mundial de ciudades patrimonio.

Dos semanas en Europa, lejos de su responsabilidad; otra media semana en Nueva York, todo en menos de mes y medio, todo con gastos al erario. Mientras tanto, la policía de San Miguel de Allende enfrenta a un crimen más violento y sofisticado con armas inadecuadas, chalecos obsoletos y cero estrategia.

Sin embargo, de todo eso no tiene la culpa Villarreal, quien les hace el favor a los sanmiguelenses de representarlos gracias a la necedad de Ricardo Anaya de no quererlo entre sus candidatos a diputados federales y mejor preferir a su hermano (lo que ya es mucho decir).

La culpa de que la policía del municipio de Allende se encuentre a merced de los delincuentes, según Villarreal, es de los medios de comunicación y de los y las reporteros que han dado voz a las inconformidades.

Y dice en su descargo este alcalde de medio tiempo que pretender convertir “un cuestionamiento en una supuesta agresión, es una desproporción”.

Desproporción en realidad es señalar al trabajo de las reporteras como una complicidad con la delincuencia. Desproporción es no responder cuando se le cuestionan sus ausencia del despacho de gobierno. Desproporción es ir a buscar premios y reconocimientos cuando la seguridad de la ciudad está hecha pedazos. Desproporción es buscar privatizar el espacio público con parquímetros en detrimento de los habitantes, con justificaciones turísticas.

El alcalde sanmiguelense puede externar los puntos de vista que quiera sobre los hechos peor no constreñir el trabajo de los periodistas que no hicieron más que darles voz a elementos inconformes en la corporación de policía. Lo que debe solucionar el edil es el problema de fondo, no su aparición en los medios.

El “cuestionamiento” a final de cuentas lo que busca es censurar, vía el amedrentamiento. Eso es lo que constituye una desproporción.

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