Escudo no fue la panacea que prometieron Miguel Márquez, Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca; ante la catástrofe actual, se convierte en un asunto central de rendición de cuentas de este gobierno.

El programa de seguridad que Miguel Márquez quiso convertir en la insignia de su política de prevención para Guanajuato es hoy el naufragio más importante del sexenio que se encamina a su fin.

El empuje que se le dio en aquellos primeros meses del sexenio, cuando el bono del arranque permitía todo, es lo que se revierte en estos días. Las promesas no solo fueron incumplidas, sino que se adivina detrás de todo el entramado un gran engaño a los guanajuatenses, pagado con dinero público a un precio nada barato.

En estricto sentido, la adquisición de una colección de cámaras, arcos carreteros, fibra óptica a lo largo y ancho del estado y finalmente un centro de control realizado en terreno regalado dentro del Puerto Interior, lleno de una parafernalia apantallante y apabullante, no ha constituido ni de lejos un sistema de vigilancia.

La privatización del sistema de vigilancia de Guanajuato, algo que ha puesto en manos de una empresa mexiquense ligada al grupo político que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto el mayor sistema de seguimiento y grabación en tiempo real con el que haya contado la entidad, no ha redundado en un beneficio para la seguridad.

Probablemente el acopio de datos que se ha hecho con Escudo pueda tener muchas utilidades, políticas y de control, ahora que nos asomamos a los secretos del espionaje gubernamental realizado por agencias gubernamentales apoyadas con proveedores privados.

Para lo que definitivamente no sirve Escudo es para combatir a la delincuencia, como lo prueba con suficiencia el deterioro de la seguridad en prácticamente todo el estado de Guanajuato de 2012 a la fecha, pero convertido en un deslizamiento catastrófico en los últimos dos años.

Por eso la actitud defensiva de Miguel Márquez, el mandatario que en otros terrenos siempre es proclive a salir y dar la cara. Por eso la imposibilidad de que pueda siquiera llamarles la atención a Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca.

En el origen de todo está el cadáver que tienen en el closet todos ellos juntos y que se llama Escudo.

La respuesta del programa de video tecnología no se observa en el esquema de prevención: por todo el estado circulan autos robados con placas sobrepuestas donde se desplazan comandos de sicarios que actúan a placer.

Pero tampoco se observa en el terreno de la investigación. No son pocas las carpetas judicializadas donde se solicita apoyo al programa de tecnología para registrar movimientos de actores vinculados a la indagatoria y la respuesta es negativa por parte de los responsables del programa en la Secretaría de Seguridad.

El problema es que el gobierno de Guanajuato está absolutamente atado de manos. Ni siquiera es imaginable que el Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, pudiera suspender uno de los pagos periódicos a Seguritech, en vista del mal servicio ofrecido. Menos probable es que Isabel Tinoco, de la Secretaría de la Transparencia, pudiese realizar una auditoría de desempeño, asunto que tiene prácticamente prohibido, para exigir el regreso de lo ya devengado.

El tema de la seguridad está hoy en todas partes. Lo abordan los editoriales de los periódicos, lo hacen parte de su agenda las organizaciones empresariales, afecta la rutina de las familias y le brinca donde menos esperan a los precandidatos que ya adelantan tiempos.

Si esto sigue así y no se ve como no pueda seguir en vista de que la autoridad no propone alternativas para corregir lo que ha venido haciendo mal, el tema será el punto central de las campañas políticas y, además, marcará al sexenio de Márquez mucho más que otros temas menos candentes donde incluso aún se tienen logros para presumir.