Finalmente queda claro que Abengoa no podrá construir el acueducto que le fue concesionado en 2011; urgen nuevas definiciones políticas para resolver el abasto de agua a León.

Desde que se conocieron las primeras noticias del quebranto financiero internacional que afectaba a la constructora sevillana Abengoa, en León empezaron las preocupaciones pues se trataba de la empresa favorecida en una licitación internacional por el gobierno federal, a través de la Conagua, para construir el acueducto que traería el anhelada agua del Zapotillo a estas tierras del Bajío.

El acueducto, destinado a traer a León casi cuatro mil litros de agua por segundo desde la polémica presa construida en tierras de Jalisco, contra la oposición de muchos de sus habitantes y hasta de sus líderes políticos, ya tenía un primer retraso que había mandado los planes de su terminación de octubre de este 2017 a julio de 2018, en las postrimerías del gobierno de Miguel Márquez.

La presa fue construida en su totalidad con recursos federales a fondo perdido, cinco mil millones de pesos, y está terminada prácticamente en su totalidad, lista para almacenar 400 millones de metros cúbicos de agua del Río Verde, la mitad de la capacidad original de la Presa Solís y más que cualquier otra de Guanajuato.

El segundo problema era traer esa agua a León, para lo cual era necesario un acueducto de 140 kilómetros, una planta potabilizadora y dos estaciones de rebombeo, además de un circuito en León para distribuir el agua a los tanques de Sapal. Esta solución supera el costo de la propia presa y alcanza los ocho mil millones, a pesos de 2017.

La obra fue adjudicada como concesión por 25 años a la española Abengoa, después de una licitación internacional que en su momento fue impugnada por la empresa leonesa Vise, en 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón y con José Luis Luege al frente de Conagua.

El negocio parecía muy redituable. Costeada en cuatro mil 500 millones en su arranque, la construcción del acueducto recibiría un 49 por ciento de inversión federal, a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual no sería reintegrado. El 51 por ciento restante consistiría en la aportación del concesionario, quien además recibió para tal efecto un crédito de Banobras que equivalía al 21 por ciento de su capital de riesgo.

El acueducto debió estar listo en los tres primeros años de la concesión y la operación mediante la venta de agua a Sapal, tendría una duración de 22 años. Esos lapsos se rebasaron con creces, lo que elevó y casi duplicó el costo del proyecto, hasta llegar a los ocho mil millones en los que está tasado actualmente.

Sin embargo, cinco años y medio después de otorgada la concesión el acueducto no solo no está terminado, sino que ni siquiera hay obras en marcha. Unos pocos cientos de metros de los 140 kilómetros de acueducto y dos kilómetros de los 42 del circuito de distribución en León, hacen ver aún muy lejana la terminación del proyecto.

Por si algo faltara, Abengoa pretende ahora dar por terminada la concesión de forma anticipada, argumentando que hay incumplimientos de las diversas partes involucradas. El intento de vender la concesión completa o parcialmente también ha sido desechada, aunque puede traer consigo litigios que entorpezcan más la construcción de una salida al entrampamiento en que se encuentran las cosas.

De parte de los responsables políticos de gestionar este proyecto, sobre todo el gobierno estatal y el municipal de León, a través de sus operadores directos, la Comisión Estatal del Agua y Sapal, no ha habido una firme decisión de ponerle un alto a las postergaciones del concesionario y presionar al gobierno federal para lo único que se antoja viable a estas alturas: cancelar la concesión y licitarla nuevamente.

Por lo pronto, una obra que se preveía que estaría funcional antes de que concluyera 2018, hoy vuelve a alejarse en sus posibilidades. A buen ritmo y luego de sortear todos los plazos legales, una empresa nueva y solvente podría estar concluyendo el acueducto en poco más dos años después de la asignación de una nueva concesión.

Es decir, que la posibilidad de contar con la reserva de agua de Jalisco en León, podría irse hasta bien entrados los próximos gobiernos estatal municipal.

Lo que estamos viendo en el caso del acueducto de El Zapotillo es el realismo de aquella vieja conseja de que en política lo que se pospone no se realiza. Es hora de que esto termine, porque con el agua no se juega y menos cuando las negociaciones para obtener los derechos sobre esa agua, han sido tan complicados.

Hoy, las cosas están en la cancha de Miguel Márquez y Héctor López Santillana, que se reúnen para afrontar esta crisis, cuando ya no hay más tiempo para perder.