* Márquez rompe el pacto con Diego y lanza ofensiva contra Libia

* El alcalde “ciudadano” de Celaya elige la vía represiva

*Luis Ernesto Ayala afianza su pacto con Carlos Zamarripa

1.- Libia comparece en el PAN de León y desata los demonios

La sucesión para la gubernatura en el Partido Acción Nacional está fuera de control y las primeras reacciones no previstas se dejaron sentir temprano, empezando la segunda quincena de enero, cuando faltan más de 8 meses para las definiciones y el arranque del proceso electoral.

La secretaria de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo acudió a una comparecencia informativa en el comité municipal de León que encabeza Pilar Ortega el lunes pasado, a la cual le metió toda la candela de que fue capaz: invitados del gabinete, discurso incendiario, porristas de las bases, ofensiva en redes sociales, cadenas de whatsapp, notas en medios que manejaron lo que era un evento de rutina como “el destape” de la funcionaria. Más de uno se fue con la finta.

A esa misma comparecencia han asistido ya Jesús Oviedo, que la manejó casi en secreto; y Alejandra Gutiérrez, que la promovió un poco más pero sin el ruido de su competidora.

La presencia de personajes como Aldo Márquez, subsecretario con Oviedo y el operador político por excelencia del gobierno dieguista; y Juana de la Cruz Martínez, la funcionaria panista que ha atinado todas las sucesiones desde Juan Manuel Oliva, ayudaron al impacto del evento.

Evidentemente, Diego Sinhue Rodríguez debió dar su visto bueno para el despliegue en torno a la funcionaria, no para un destape propiamente pero sí para continuar alimentando expectativas.

La primera reacción fue la de Luis Ernesto Ayala, al que ya ubicábamos la semana pasada como el candidato de seguridad del viejo panismo representado por casi todos los exgobernadores y varios ex alcaldes. “Una cosa es aspirar y otra llegar”, dijo el pastor de la legislatura que hablaba desde la experiencia más profunda: en 2005 aspiró y fue derrotado de forma humillante por Juan Manuel Oliva.

Pero la reacción más virulenta vino desde un periodista que nunca ha ocultado su abierta simpatía con el panismo más conservador de Guanajuato, Enrique Aranda, quien es de origen leonés y muy vinculado al mítico Yunque.

En un ataque que pretendía impactar debajo de la línea de flotación del gobierno estatal, el articulista vino a descubrir “la decepcionante gestión de Diego Sinhue Rodríguez” y sus “graves carencias y yerros” en todos los ámbitos, particularmente el de la seguridad.

Tras la descalificación al mandatario, Aranda lo acusó de querer imponer a Alejandra Gutiérrez o a Libia García y ponderó las posibilidades del senador Erandi Bermúdez como el actor que puede retar a las corcholatas del gobernador.

Más allá de la evidente desinformación, pues resulta claro que la alcaldesa de León no es precisamente la opción favorita al mandatario, lo que se deduce de los duros términos empleados por Aranda contra Diego es una advertencia cuyo origen podría ser el ex gobernador Miguel Márquez Márquez, quien hoy por hoy es el capo de capos de la ultraderechista organización con la que se identifica Aranda.

Esta hipótesis es muy sugerente, pues en la cúpula del gobierno dieguista se tenía claro que Miguel “ya estaba arreglado” con la oferta de una senaduría.

El mensaje de Aranda, recado con destinatario sin duda, parecería decir que el próspero ranchero de Purísima no está dispuesto a quitar el dedo del renglón en cuanto a ser consultado sobre la sucesión y mantener derecho de veto.

Haría falta un manotazo sobre la mesa de parte de Diego Sinhue para mantenerse en el control de la sucesión, justo como el que realizó el propio Márquez cuando bajó a Fernando Torres Graciano de sus aspiraciones y dejó al actual mandatario como único prospecto en la contienda.

De no ocurrir esto de forma relativamente rápida, las tensiones continuarán acumulándose al interior del proceso, donde además hay varios pescadores a río revuelto, uno de ellos nada desdeñable: el dirigente nacional Marko Cortés.

Veremos si Diego consolida la tendencia del dedazo panista inaugurada por Miguel Márquez o si se ve obligado a aceptar una candidatura bajo influencias externas. El tiempo ya está corriendo.

2.- La represión es ya la marca del panismo: el caso Tamayo

Aunque provenía del PRI y tuvo un paso como candidato ciudadano, Javier Mendoza Márquez, el alcalde celayense que llegó impulsado por el PAN, ya adoptó la marca de la casa y lanzó a la policía municipal de Celaya a reprimir una pacífica manifestación ciudadana en la comunidad de Rincón de Tamayo, que protestaba por la desaparición del comité de agua y su adscripción a la Junta Municipal de Agua Potable.

Los vecinos de una de las mayores concentraciones rurales del municipio exigían la destitución del comité y su sustitución por uno nuevo, debido a prácticas de corrupción. La respuesta del municipio fue radical y con el voto mayoritario de los ediles panistas determinaron la disolución del organismo y la toma de los pozos por Jumapa.

Sin diálogo previo, con engaños de parte del secretario del ayuntamiento Jorge Gámez que ofreció escuchar las voces de la comunidad, el domingo pasado empleados de la Junta de Agua se presentaron acompañados de resguardo policial para tomar las instalaciones del comité, lo que desató una protesta de vecinos, un bloqueo a las instalaciones y acto seguido una represión desmedida y sin protocolos de ninguna especie de parte de las fuerzas de seguridad municipales.

La violencia policial no se limitó a desbandar la manifestación, sino que continuó con los 23 detenidos en las instalaciones de la corporación, donde varios de ellos fueron sometidos a ultrajes y prácticas de tortura.

Resulta inadmisible en un régimen de derecho, a estas alturas de nuestra vida democrática, un comportamiento policial tan arbitrario, el cual además fue solapado por el alcalde Mendoza Márquez y validado públicamente por el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez.

La inconformidad por las decisiones del ayuntamiento no cesa y se gesta una resistencia civil en la comunidad de Rincón de Tamayo para rechazar a Jumapa. Hasta ahora la medida solo se sostiene por el acompañamiento policial a los técnicos de la paramunicipal, lo que se antoja un sinsentido, pues numerosas zonas de Celaya afectadas por el crimen no tienen esa presencia de elementos de seguridad.

Una explicación que dan los habitantes de Tamayo y algunos activistas es la de que el agua de la comunidad, proveniente de 4 pozos, pueda ser destinada a proyectos de parques industriales y desarrollos inmobiliarios que le interesa impulsar a la administración de Mendoza Márquez.

Se trata de una medida que viene a arrojar más complicaciones a un municipio que ha visto como se deteriora su paz social y su calidad de vida por el embate del crimen organizado y los yerros de sus sucesivos gobernantes.

En este contexto, la gestión de Mendoza Márquez entregará un municipio más confrontado del que recibió, no solo se ve imposible su reelección sino también la continuidad de un panismo que ya tenía que echar mano de cuadros externos para mantenerse en el poder.

La posible candidatura del ex perredista Marco Gaxiola, actualmente funcionario en el gobierno de Sinhue donde dirige la comisión estatal del deporte, podría ser la que pague los platos rotos de la intransigencia y el abandono con el que viene manejando al municipio de Celaya quien una vez se ofreció como la solución para reconstruir el tejido social de la ciudad y que hoy gobierna secuestrado por la burocracia panista a la que quería combatir.

3.- Luis Ernesto Ayala se reafirma como el protector de Zamarripa

En una decisión totalmente opaca y arbitraria, el fiscal general y autónomo de Guanajuato renovó el consejo externo de consulta que está previsto en la ley orgánica de la dependencia, poniendo al frente a Juan Manuel Ayala Torres, hermano del líder panista del Congreso y precandidato a gobernador Luis Ernesto Ayala Torres.

Queda clara la alianza, que ya se vio desde que ocupó la secretaría de gobierno, entre Luis Ernesto y el cuestionado fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. Juan Manuel Ayala fue también el recaudador de fondos para la campaña de Diego Sinhue Rodríguez, es un personaje que gusta del bajo perfil y que ejerce influencia en muchos ámbitos de la administración estatal.

Antes de la actual encomienda, donde ejerce una representación ciudadana que no tiene pues en realidad es un cuadro vinculado al PAN, Juan Manuel Ayala fue miembro del consejo estatal de seguridad y presidente de un observatorio ciudadano de seguridad, colonizado por Alvar Cabeza de Vaca.

La continuidad de este personaje ahora en el consejo de la fiscalía no habla más que de la inexistencia de una voluntad de apertura de los dos poderosos funcionarios que controlan la seguridad en Guanajuato desde mediados del gobierno de Juan Manuel Oliva, con pésimos resultados por cierto.

En la misma semana en la que colectivos de búsqueda de desaparecidos cuestionaron la cerrazón de Zamarripa para establecer comunicación, pese a estar agendada la reunión, se renueva este consejo que no representa más que una serie de complicidades que nada tienen de ciudadanas.

Allí está también Arminda Balbuena, la primera presidenta del sistema estatal anticorrupción que le validó a Miguel Márquez la concesión opaca del libramiento de Silao a Grupo México. Balbuena representa la alianza de Zamarripa con Luis Felipe Guerrero Agripino, el primer rector al que le estalló una huelga de estudiantes en décadas precisamente a causa de la seguridad en los campus.

Otro integrante es el abogado Mario Méndez, uno de los litigantes que más consiente el procurador y con el cual ahora establece un vínculo explícito al incluirlo en este consejo.

Como dijo una acuciosa colega periodista al ver el comunicado sobre el nuevo y flamante consejo de consulta de la FGE: todo queda en famiglia.