* 2024: una sucesión que amenaza con descarrilar

* Crímenes policiales: la justicia selectiva de Carlos Zamarripa

* Gobiernos panistas: lo suyo no es la cultura

1.- Confusión de señales de Diego empodera a la vieja guardia del PAN

Diego Sinhue quiere ejercer la prerrogativa que lo hizo candidato único del PAN y le abrió un camino seguro a la gubernatura estatal: definir a su proyecto de sucesor de forma unipersonal. Sin embargo, las cosas no han ido de la mejor manera hasta ahora.

Aquí ya hemos descrito la fallida salida de Jesús Oviedo como delfín, a raíz del relanzamiento del programa social estatal. En ese mayo del 2022, Sinhue anunció la nada despreciable suma de 2 mil 700 millones de pesos para la operación de 87 programas sociales en un año, monto que no parecía tener como objetivo principal abatir pobreza y desigualdad, sino construir una candidatura de la nada.

Sin embargo, los meses pasaron y la única noticia de portada que logró Oviedo hasta el mes de julio, fue el desafortunado incidente donde fue víctima del robo de su vehículo oficial en la zona caliente de Villagrán.

El dinero no bajó, los programas no avanzaron y el aspirante a aspirante vio como desde las oficinas de Juan Carlos Alcántara, jefe de gabinete de Diego Sinhue y coordinador de la estrategia sucesoria, le realizaban una intervención para recomponer su equipo de colaboradores, destacando el regreso de Aldo Márquez, desde la diputación que venía disfrutando sin recato, a la subsecretaría de operación de Sedeshu, el centro neurálgico de los programas sociales y de cualquier eventual proyecto político asociado.

Ambos asuntos, la insolvencia ejecutiva de Oviedo y el relevo de lujo que le asignaron, operaron en contra de la construcción de la candidatura prometida, confundieron al panismo y dieron la oportunidad para que despuntaran otros proyectos como los de la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

Sin embargo, esas opciones podrían prosperar en un marco diferente al actual, cuando el panismo se abría a la democracia y elegía en procesos abiertos a sus candidatos. En el nuevo escenario de despotismo centralizado, inaugurado por Miguel Márquez, la construcción de proyectos alternos pasa por un filtro único: convencer al gran elector en el que quiere convertirse Diego Sinhue.

Así los escenarios, todo pinta para una gestión complicada del proceso sucesorio. El delfín que Diego quiso no cuajó y el tiempo se agota; las dos mujeres que han aprovechado la circunstancia se enfrentan a la profunda misoginia del panismo que ni siquiera ha logrado construir un gabinete paritario y que nunca ha tenido una dirigente estatal mujer.

En contra de la alcaldesa de León hay una cuita adicional en el hecho de que su mayor impulsor es el dirigente nacional Marko Cortés, quien aspira a lograr lo que no pudieron hacer Vicente Fox ni Felipe Calderón desde la presidencia de la República: imponer al panismo de Guanajuato una candidatura desde el centro del país.

El escenario descrito tiene un beneficiario impensado. El veterano panista Luis Ernesto Ayala Torres permanece en la imaginaria con bajo perfil, operando el Congreso como una oficialía de partes del Poder Ejecutivo, controlando a la dócil oposición con prebendas, sin hacer campaña abierta ni usar redes sociales más allá de lo indispensable, pero sabedor de que si las cosas se complican y se requiere un “salvador”, ahí estará para ofrecer sus servicios.

Al ex empresario zapatero y hoy político de tiempo completo le favorece el sentir del viejo panismo, de sus colegas en los organismos del sector privado y de algunos entusiastas opinadores públicos que lo ven poseedor de “mano firme”, para reordenar el estado. Pese a su reducido margen de maniobra, también los ex gobernadores del PAN le otorgarían respaldo pleno.

En una disputa apretada entre la candidata de Marko Cortés y el debilitado delfín de Diego Sinhue, la salida hacia un tercero en discordia, nada ajena al panismo de los últimos años en Guanajuato (tan sólo recuérdese como llegó Héctor López Santillana a la alcaldía de León que disfrutó por seis años), podría ser el cazador Ayala, precisamente su mayor pasatiempo.

El exalcalde leonés por dos ocasiones tiene otros aliados en el camino: el dúo de la seguridad, Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, a quienes consintió y defendió desde la secretaría de gobierno y que seguido le devuelven favores en asuntos de su competencia.

De ocurrir este escenario, Luis Ernesto Ayala llegaría a cumplir su sueño de ser candidato a la gubernatura dos décadas después de su primer intento. De ganar iniciaría su gobierno a los 70 años de edad, lo que le haría el mandatario más provecto de la historia de Guanajuato y de paso evidenciaría el fracaso del panismo para formar una clase política de recambio.

2.- Las dos varas de medir excesos policiales de Carlos Zamarripa

La actuación de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, en el caso de los ex policías federales acusados de una ejecución extrajudicial en el municipio de Celaya ha sido implacable, aunque por demás opaca.

Cuatro elementos, integrantes de la policía de Celaya y parte del equipo del actual secretario de Seguridad Jesús Rivera Peralta, están acusados del asesinato de tres jóvenes en San Juan de la Vega en noviembre pasado, a las que habrían hecho pasar por integrantes de un grupo delictivo, incluso modificando la escena del crimen y colocándoles armas y chalecos antibalas despues de muertos.

Como responsable de la ejecución es señalado el coordinador operativo de la policía de Celaya, Juan Federico Sigüenza Trueba y tres elementos más, quienes se encuentran detenidos y sometidos a un proceso que hasta ahora se ha realizado con sigilo y opacidad. 

El embate de la justicia guanajuatense contra los fedepales de Celaya, como se les conoce ya entre la población, parece sólido y justificado. Sin embargo, esa actitud de la fiscalía dista años luz de aquella con la que Carlos Zamarripa afronta los casos donde los responsables de violaciones graves a los derechos humanos y asesinatos de civiles inocentes, son los policías estatales de su compadre Alvar Cabeza de Vaca o sus propios ministeriales.

Es el caso del migrante guanajuatense Leonardo Reyes Cayente de 23 años de edad, asesinado por seis policías estatales en Corralejo de Abajo, San Miguel de Allende, en diciembre de 2018. La fiscalía estatal ni siquiera abrió una carpeta de investigación, solapando la versión de los policías de que la víctima los había atacado, para lo cual le sembraron un arma y modificaron la escena del crimen. Lo mismo que los policías de Celaya.

Apenas un amparo federal logró este 2022, cuatro años después de los hechos, que el caso se reabriera y que una juez estatal le ordenara a la fiscalía investigar. Zamarripa también se ha negado sistemáticamente y ha empleado todos los subterfugios procesales para investigar a los mandos de las fuerzas de seguridad estatales que dieron la orden de golpear y detener a cuatro mujeres de los colectivos de búsqueda que protestaban en julio de 2020 en la capital del estado.

Detrás de la decisión de procesar a los policías de Celaya mientras se exonera sistemáticamente a los estatales, parece estar la pugna cada vez más abierta del tándem Zamarripa – Cabeza de Vaca en contra de la secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública, Sophia Huett, responsable de la incorporación de federales en las corporaciones municipales, lo que a su vez ha restado margen de maniobra al mando único instaurado de facto por el secretario de seguridad estatal.

Las pugnas en el gabinete de seguridad de Diego Sinhue están a la vista y serán un factor más para sabotear la de por sí ineficiente estrategia de seguridad que tiene a los ciudadanos de Guanajuato expuestos y amenazados. Como si no faltaran las calamidades.

3.- Lisette Ahedo en el ICL, nombramiento para salir del paso

Lo acontecido este viernes en el Instituto Cultural de León, más que la solución a una crisis es la evidencia más clara de la misma en toda su profundidad. La decisión de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez (acordemos que la elección del consejo no pasa de ser una simulación) para reciclar a Lisette Ahedo Espinosa, un perfil administrativo que ya tuvo ese cargo en el gobierno de Ricardo Sheffield, es una manera de salir del paso, pero nada tiene que ver con un fincar una política pública que obtenga resultados.

Habría que recordar que el proyecto de abordaje contra el grave problema de las adicciones que ha impulsado Diego Sinhue Rodríguez y que ha sido adoptado o impuesto a los alcaldes, Planet Youth, tiene en la cultura y en el deporte dos de sus principales ejes para rescatar a los jóvenes y ofrecerles alternativas al consumo de sustancias dañinas.

Uno de los pretextos por los que no se ha asignado un presupuesto significativo a ese programa importado de Islandia, es que su desarrollo será “transversal” a la administración pública del nivel estatal y municipal, es decir, se incorporan los presupuestos de las distintas dependencias bajo una orientación única.

Eso implicaría enriquecer el gasto de las dependencias que deben convertirse en eje de un proyecto que se supone es de la máxima prioridad y totalmente urgente. También implicaría perfiles que vayan más allá de lo burocrático para dotar de imaginación a las políticas públicas que se quieren convertir en bandera de esta cruzada.

Nada en el perfil de Ahedo permite pensar que vaya a ir más allá de administrar el raquítico presupuesto del ICL (76 millones al año, poco más de 6 millones mensuales), que apenas alcanza para cubrir la nómina.

Por eso las dudas fundadas de que el programa antiadicciones vaya a ir más allá de su venta en espectaculares, de algunos cursos introductorios y de congresos fastuosos, pues no hay correspondencia entre las intenciones y las decisiones.

La cultura nunca ha sido prioritaria para los gobiernos panistas. la mayor muestra de desprecio a esa tarea del estado fueron los 12 años que duró en el Instituto Estatal de la Cultura el salmantino Juan Alcocer. La falta de cuadros es pasmosa y el descuido desde la administración a la tarea de promover la creación y difundir contenidos culturales es la marca de la casa.

Los consejos integrados por empresarios sin perfil o cuando mucho diletantes de algún campo artístico, tienen parte en esa responsabilidad, pero más aún los políticos que los eligen.

Con Lisette Ahedo o con cualquier otro perfil solo para cubrir el expediente, el ICL seguirá navegando en la intrascendencia y ejerciendo su escaso presupuesto sin pena ni gloria. Mucho menos habrá que esperar que haya desde ahí aportaciones que mejoren a la sociedad, ni en Planet Youth ni en ningún otro terreno.