Arnoldo Cuellar

DÍAS DE GUARDAR Domingo 22 de noviembre de 2020

In Análisis Político, Días de Guardar, POPLab on noviembre 22, 2020 at 1:23 pm
Ilustraciones: @PincheEinnar

* Los derechos humanos, fuera de la agenda del gobierno panista

* Política ambiental y desarrollo territorial, el sabotaje de un subsecretario

* Todos los partidos se convirtieron en chiquillada

1.- El Congreso no quiere debatir sobre derechos humanos

Una simple revisión diaria de los medios de comunicación en Guanajuato exhibe la peor crisis humanitaria de la historia de la entidad en este 2020.

No es solo la violencia reflejada en los altos números de los homicidios intencionales; no es únicamente el aumento de delitos como el feminicidio y la desaparición de personas; no son solamente los hallazgos lamentables de entierros clandestinos masivos, sin precedentes; no son solamente los presidios hacinados y el regreso de la tortura como medio de investigación policial; no solo es el aumento de muertes de jóvenes y niños, muchos de ellos involucrados en actividades ilícitas gracias a un ambiente criminógeno en muchos barrios periféricos de las ciudades.

Se trata de todo un contexto, de un olvido desde el modelo de desarrollo establecido por los gobiernos panistas de Guanajuato que se han olvidado de la equidad, del combate a los rezagos y del humanismo de las políticas públicas.

Por ello, el panismo representado por los diputados al Congreso de Guanajuato no consideró relevante abrir un espacio de análisis y reflexión al concluir el encargo de 4 años del fallido procurador de los derechos humanos, Raúl Montero de Alba, para reorientar la función de ese órgano autónomo y convertirlo en una herramienta útil para atender la crisis que se vive en el ámbito de los derechos humanos.

Fieles a la subordinación al Ejecutivo, los legisladores encabezados por Jesus Oviedo esperaron pacientemente a que surgiera la carta de declinación de Montero al periodo de repetición que la ley le permitía, aunque se lo negaba en la práctica su deplorable desempeño. Esa declinación muy seguramente fue inducida desde el Poder Ejecutivo, al cual siempre se subordinó Montero al resultar evidente que su actuación no solo no resolvía conflicto alguno sino que que a menudo los creaba y los potenciaba.

El fracaso de Montero en realidad pertenece más a Juana de la Cruz Martínez Andrade y a Gustavo Rodríguez Junquera, los artífices del arribo de Montero a la PDHEG bajo la lógica de no causarle dolores de cabeza al ex gobernador Miguel Márquez.

Sin embargo, alguien en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez tuvo la claridad para percatarse de que un “defensor” del pueblo sometido a los intereses oficiales y ajeno a las necesidades ciudadanas no solo vulnera la política prioritaria de derechos humanos sino que tarde o temprano termina convertido en un lastre costoso para el propio gobierno.

Toca ahora a los diputados, por primera vez resolver una sucesión en la PDHEG sin injerencia del Ejecutivo, lo que debería convertirse en una oportunidad para un debate abierto, con reglas claras y de altura para definir no solo al sucesor de Montero, sino un perfil y una política acordes al momento que vive Guanajuato.

No parece, por cierto, que tengan esa intención, si se ve lo apretado de los tiempos de la convocatoria y la lamentable ausencia de espacios para que se manifiesten las organizaciones de la sociedad, los grupos organizados de víctimas de la violencia, los activistas y las instituciones educativas.

Con su retraso, su omisión, su conocido burocratismo y su dependencia de la línea y de la negociación bajo la mesa, los diputados de Guanajuato seguramente nos dotarán de otro perfil polémico en la procuraduría de los derechos humanos, desperdiciando con ello otra oportunidad de conectarse con las necesidades del momento actual de Guanajuato.

A menos que los mismos asesores dieguistas que finalmente reconocieron el error de mantener a un personaje como Montero de Alba, tengan algún tipo de iluminación para hacer surgir un perfil que mínimamente entienda en qué consiste una política de defensa y promoción de los derechos humanos en una sociedad bajo asedio como la guanajuatense.

Quizá es mucho pedir.

2.- Fidel García Granados, la quinta columna de la política ambiental

El subsecretario de ordenamiento territorial y gestión de los recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Fidel Garcia Granados llegó ya a su nivel de incompetencia y no sería remoto que en poco tiempo cause baja en el equipo de la poblana Marisa Ortiz Mantilla, que tampoco ha dado muchas muestras de efectividad, pero con quien Diego Sinhue Rodríguez tiene más compromiso político.

Desconocedora de la realidad estatal, de las complicidades y los intereses empresariales que han marcado la carrera de García Granados como abogado especialista en temas ambientales, Ortiz Mantilla vio como se complicaban asuntos como el del confinamiento industrial en la comunidad de Aldama y el subsidio para el programa de vivienda impulsado por el gobernador al inicio de la pandemia, donde resulta claro que su subordinado no le contó todo.

En el caso del relleno de Irapuato, las relaciones de García Granados con la empresa Promotora Ambiental, muy favorecida en León durante la administración priista de Bárbara Botello y la panista de Héctor López Santillana enredaron las cosas al carecerse de la anuencia de la comunidad, lo que generó una fuerte reacción social que colocó al alcalde Ricardo Ortiz contra la pared y evidenció omisiones de la SMAOT.

Lo más delicado fue que la inconformidad soliviantó a una comunidad tradicionalmente panista y le dio entrada a Morena, como se vio hace unas semanas con la presencia del ex subdelegado federal Ricardo Gómez Escalante en un mitin en Aldama.

No fue el único desaguisado. la tendenciosa participación de García Granados en las mesas para instrumentar los subsidios a la vivienda fue evidenciada desde la jefatura de gabinete y la secretaría de Desarrollo Social, al pretender favorecer a las empresas aglutinadas en el clúster de vivienda de Guanajuato, el cual dirige su esposa, Lizbeth Hermosillo.

El conflicto de interés fue resuelto con el traslado de la gestión del subsidio a la SEDESO.

Lo que ya no checa es que el subsecretario propuesto por la Cámara de la Vivienda en lugar de aportar soluciones cree conflictos a cada paso. Además de que su pasado como activo del PVEM y del PRI, tampoco resulta una gran adición.

Solo queda una incógnita: ¿cuánto tiempo lo seguirán soportando en lo que ya resulta muy claramente una aviaduría costosa e inútil?

3.- Elección 2021: la diáspora partidista

Los partidos políticos en la entidad, todos a más no poder, vivirán momentos intensos en los meses que vienen, al haberse generalizado un verdadero *draft* de franquicias y carreras personales.

No se escapa el PAN, donde muchos de los cuadros que están viendo bloqueadas sus aspiraciones o están siendo marginados en la composición de las soluciones en los municipios y distritos, ya reciben llamadas desde otras fuerzas políticas, señaladamente de Morena para dar el salto que ya en el pasado dieron personajes como Beatriz Hernández, Ricardo Sheffield o Raúl Márquez Albo.

Mucho contribuye a ese desorden lo que ya hemos dicho aquí: la nula capacidad política, la ausencia total de mano izquierda y la torpeza de la dirigencia que encabezan Roman Cifuentes y Eduardo López Mares.

En el frente priista se vive una auténtica debacle con el éxodo de cuadros a otros partidos políticos. Ya está claro que la corriente de Francisco Arroyo Vieyra, lo que queda de ella, ya se apropió de Movimiento Ciudadano y lo usará para sus fines, que sobre todo quiere decir posiciones para su familia y sus amigos, sin mayor proyecto político.

Bárbara Botello está cerca del proyecto de Marcelino Trejo en León, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía. Otros priistas cercanos al hoy ausente Gerardo Sánchez también se aprestan a buscar posiciones en ese partido.

Otro cuadro priista, Ángel Zamora, quien fuera secretario particular de Guillermo Ruiz de Teresa en la SCT de Enrique Peña Nieto y lograra una candidatura a diputado federal que embarrancó en un tercer lugar en 2018, está patrocinando en Guanajuato la aventura del Partido Fuerza Social por México, del líder sindical de la 4T Pedro Haces, lo que sin duda provocará otras fugas del tricolor.

Patético resulta, por otro lado, el pulso que realizan PAN y PRI por lograr una coalición con el PRD, partido que ya no conserva fuerza ni en sus bastiones de Valle de Santiago, Cortazar o Acámbaro, pero que se da a desear para conseguir posiciones para su dirigente Isidoro Bazaldúa ya acostumbrado a las mieles de la nómina gubernamental.

La clase política de Guanajuato, en prácticamente todos sus partidos, no parece muy preocupada por la pandemia, la crisis económica, la crisis de derechos humanos o el incremento de la inseguridad y la violencia.

¡Qué va! Todos ellos están ocupados por no quedar fuera del presupuesto y lo demás es lo de menos.

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